Cedrún (UGT) y Albalá (PP) discrepan sobre la información que conocía el Consejo de Supervisión del ICAF sobre Ecomasa

La exsecretaria general de UGT en Cantabria María Jesús Cedrún, miembro del Consejo de Supervisión en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) cuando nació y se desarrolló el proyecto empresarial Ecomasa, ha asegurado que “en ningún momento” a los integrantes de este órgano se les dio a conocer la existencia de informes técnicos negativos sobre el mismo. Mientras, el diputado del PP Luis Carlos Albalá, que también ostentaba este cargo, “cree que sí” tenían toda la información para cumplir con su función.

Este ha sido uno de los asuntos en los que la sindicalista y el parlamentario popular no se han puesto de acuerdo durante su comparecencia este jueves en la comisión de investigación de Ecomasa, en la que han estado acompañados por la profesora de la Universidad de Cantabria y exvicerrectora Concepción López, que también formaba parte de este órgano aunque lo dejó en 2014.

Cedrún ha relatado cómo al inicio del proyecto se dio a conocer a los integrantes del Consejo de Supervisión del ICAF que existía un informe técnico de la Consejería de Industria “favorable” a la puesta en marcha de Ecomasa y se les informó de las previsiones de que harían falta unos 14 millones de euros para arrancar el proyecto y de los 10 que aportaba el ICAF en forma de créditos y avales.

También ha apuntado que en las reuniones del Consejo de Supervisión se les informaba, aunque no veían, de los informes de la comisión de supervisión del proyecto Ecomasa y se comentaron algunas vicisitudes que estaba atravesando el proyecto, como el “retraso” en su puesta en marcha y en la contratación de los trabajadores.

Sin embargo, ha explicado que no fue hasta “más de la mitad del recorrido” de Ecomasa cuando “empezaron a saltar las alarmas”, a raíz de conocer en el Consejo de Supervisión que había que emplear dinero público en adquirir acciones de una empresa francesa porque esta compañía iba a comprar gran parte de la producción de Ecomasa. “No se ocultó”, ha dicho Cedrún, quien también ha apuntado que “de lo que no preguntabas, no te contestaban”.

Por su parte, Albalá ha detallado que el encargado de dar cuenta a los miembros del Consejo de Supervisión --órgano del que también formaban parte la presidenta del ICAF, Cristina Mazas, por su cargo como consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y los miembros del Consejo Ejecutivo-- era el director del Instituto en ese momento, Jorge Gómez de Cos.

Además, ha asegurado que, aunque en las reuniones del Consejo de Supervisión del ICAF se hablaba de Ecomasa, era “un asunto más”, al que, según ha dicho, no se le dedicaba un “capítulo especial”.

También ha señalado que en el periodo en que nació y se desarrolló el proyecto Ecomasa, el Consejo de Supervisión se reunió en ocho ocasiones --tres en 2012, dos en 2013 y tres en 2014--, con una periodicidad de “5 o 6 meses”, con lo que “tampoco estaban en el día a día del proceso de financiación”.

Albalá ha señalado que, aunque habitualmente Ecomasa no era un asunto que se tratara de una forma especial en el Consejo de Supervisión, “al final ya sí” había una “preocupación por lo que estaba ocurriendo”.

CEDRÚN PROPUSO NO PONER MÁS DINERO EN ECOMASA Y LLEVARLO A CONCURSO

Respecto a las últimas reuniones del Consejo de Supervisión durante la etapa de Ecomasa, Cedrún ha explicado que la última se produjo el viernes 14 de noviembre de 2014 y estuvo motivada, según ha explicado, porque tres días después, el día 17, se iba a llevar al Pleno del Parlamento de Cantabria el debate acerca de si se concedía una nueva ayuda o no a la empresa.

Ha explicado que en dicha reunión no se les concretó a cuánto estaba previsto que ascendiera esa nueva ayuda con la justificación de que aún se estaba pendiente de que conocer el informe de liquidez que la empresa necesitaría para el año siguiente, el cual, según se les dijo, se iba a presentar durante el fin de semana, antes del Pleno.

Cedrún ha asegurado que ella, en esa reunión, ya planteó su postura de que “no se siguiera poniendo dinero” público en la empresa y que ésta se llevara a concurso de acreedores dado que consideraba que, con el “nivel de deuda que tenía” la compañía, no se conseguiría encontrar el comprador que, a su juicio, se estaba buscando.

Ha señalado que fue “un apunto que se quedó ahí”, que no fue seguido por otros miembros del Consejo de Supervisión y que ni siquiera se recogió en el acta de la reunión y ella tampoco lo solicitó que se incorporase.

La sindicalista ha relatado que en el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, el que inmediatamente seguía a la reunión y el anterior al Pleno donde se iba a debatir la ayuda, habló con el delegado sindical de UGT en Ecomasa y éste le trasladó que, según la información del responsable financiero, las necesidades de liquidez de la empresa para 2015 eran de 800.000 euros.

Sin embargo, ha relatado cómo en el Pleno la ayuda que se debatió y aprobó era de la mitad, 400.000 euros, lo que le llevó a pensar --ha reconocido-- que era la “cuantía suficiente” para que la empresa siguiera abierta hasta mitad de año, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015.

RECONOCEN EL “IMPULSO POLÍTICO” DEL PROYECTO

Por su parte, Albalá ha opinado que los grupos parlamentarios “conocían más o menos la situación de la empresa en cada momento” y ha recordado que “más o menos” en los debates parlamentarios “había unanimidad” y “ganas” de que Ecomasa “saliera adelante con éxito” por el centenar de empleos que había en juego, que eran los de los trabajadores despedidos de Teka.

El diputado del PP ha señalado que, en 2012, “todos” veían el proyecto Ecomasa como una “oportunidad”, dado la crisis que vivía Cantabria y el problema de los trabajadores de Teka.

Cedrún así lo ha reconocido y ha apuntado que desde el punto de vista sindical “también interesaba” este proyecto “porque venía a resolver” un problema de puestos de trabajo “importante” derivado del ERE de Teka.

La sindicalista ha reconocido que Ecomasa tenía un “impulso político” dado que era “muy difícil abstraerse” de las circunstancias en que se estaba poniendo en marcha ya que, según ha apuntado, era un proyecto de una cuantía económica importante, en un momento de crisis y que “venía a solucionar el conflicto” de Teka y sus trabajadores.

Sin embargo, ha aclarado que nadie les presionó o les pidió que lo apoyaran “ni en este ni en ningún otro proyecto”.

Albalá ha reconocido también el “impulso político” del proyecto, aunque ha negado que tuviera un carácter “partidista”, favorable al PP, que era quien gobernaba Cantabria en ese momento.