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UGT pide integrar al centenar de técnicos de aulas de dos años municipales en la Sociedad de Cultura y Deporte

Aula de educación infantil.

UGT ha solicitado al consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, la integración de los 103 técnicos superiores en educación infantil de las aulas de dos años de los ayuntamientos en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRECD) “para acabar con una precariedad laboral de este colectivo injustificable”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato ha señalado al titular del departamento en una reunión solicitada por UGT que la gran mayoría de los técnicos superiores en educación infantil contratados por los ayuntamientos tienen “peores condiciones laborales y menos sueldo” que sus compañeros de la SRECD, lo que constituye “una desigualdad inaceptable que no deja de estar financiada con dinero público y por los 15.000 euros por aula y curso que el Gobierno regional da a los consistorios”.

El sindicato recuerda este sábado en un comunicado que ya se suscribió un acuerdo en septiembre de 2016 por el que se abría la posibilidad de que los profesionales contratados por los ayuntamientos accedieran de manera voluntaria a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte de Cantabria, que cuenta en su propia plantilla con algo más de 70 técnicos superiores en educación infantil.

Para UGT, “lo lógico” es que “todos” estos profesionales educativos trabajen “en las mismas condiciones” en la SRECD, y que esta sociedad “se haga cargo de todo el personal y gestione el millón y medio de euros anuales (1.545.000) que se destina a los consistorios para las aulas de dos años”.

En la reunión, y según el sindicato, el consejero de Educación se comprometió a la incorporación de estos técnicos de los ayuntamientos en el SRECD a partir de enero de 2019 si así lo solicitaban.

De todos modos, FeSMC-UGT insistió en la necesidad de que todo este proceso se haga de manera “coordinada y consensuada” con los ayuntamientos y que “en ningún caso, implique la pérdida de ningún empleo afectado”.

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