El PSOE ignora las presiones y anuncia que no rescatará el Plan General de Santander

La Dirección General de Urbanismo, dependiente de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE) rechaza utilizar la Ley de Acompañamiento para paliar las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, una vía que no cree “adecuada ni conveniente” dado el “avanzado” estado de la tramitación de la nueva Ley del Suelo.

Así se lo ha trasladado este viernes el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, al concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz, que hasta hoy confiaba en que la repuesta de este departamento a su propuesta fuese positiva.

Un confianza que se sustentaba en que el propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), en su primera reunión con la alcaldesa, Gema Igual, le trasladó su apoyo a la propuesta porque los servicios jurídicos del Gobierno le habían comunicado que era “perfectamente legal”.

Sin embargo, el departamento de Urbanismo, en manos de la parte socialista del Ejecutivo, ha comunicado este viernes a César Díaz su rechazo a utilizar la Ley de Acompañamiento para materializar la propuesta municipal, con la que está de acuerdo pero que emplaza a llevar a cabo una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo. A pesar de ello, González Buendía ha ofrecido al Consistorio santanderino colaboración y asesoramiento en la redacción de unas normas urbanísticas transitorias, de forma que éstas estén preparadas y puedan iniciar su tramitación en cuanto se apruebe la nueva Ley del Suelo.

Según ha informado el departamento de Urbanismo en un comunicado, González Buendía ha manifestado a los representantes municipales que, con “el aval de sus servicios jurídicos”, está de acuerdo en “lo sustancial” de la propuesta del Consistorio de que es necesario introducir normas en la legislación para minimizar los efectos de anulaciones de planeamientos o cualquier otro instrumento urbanístico o de ordenación territorial.

Pero el director general ha comunicado a César Díaz que “no comparte como el medio más adecuado y conveniente” utilizar “una vía tan concreta y específica” como la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2017 para proceder a una “modificación de tanto calado”, y sobre todo en estos momentos en que está muy “avanzado” el proceso de elaboración de una nueva Ley del Suelo para la Comunidad, que es “el marco que, por seguridad jurídica y coherencia, debe introducir cualquier mejora normativa respecto a la situación actual”.

González Buendía también ha “aconsejado” a Díaz empezar a trabajar en la redacción de unas normas urbanísticas transitorias, para lo que ha ofrecido la colaboración y el asesoramiento de su departamento, de forma que éstas estén preparadas y puedan iniciar su tramitación en cuanto se apruebe la nueva Ley del Suelo. Urbanismo ha indicado en un comunicado que este mismo consejo y apoyo se ha efectuado recientemente para el caso del Ayuntamiento de Laredo, que lo ha acogido “muy positivamente”.

En contra de legislar a la carta

Desde el departamento de Urganismo se ha manifestado que legislar “a golpe de problemas concretos nunca ha tenido buen resultado en nuestra Comunidad Autónoma, como se ha podido comprobar, entre otros casos, con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 65 bis referente a tratar de paralizar las órdenes judiciales de ejecución de derribos por ilegalidades urbanísticas, o la Ley contra el fracking, o Vuelta Ostrera”.

Así, han añadido que una de las razones que han aconsejado realizar una nueva Ley del Suelo es, precisamente, “la complejidad introducida en el urbanismo de Cantabria por las numerosas reformas puntuales y parciales que se han ido introduciendo a lo largo de estos años”.

“Por este motivo y por una mínima coherencia, debe rechazarse una nueva modificación, máxime en el momento actual de elaboración de la nueva Ley”, ha apostillado Urbanismo en el comunicado en el que ha informado de la reunión de su director general con el concejal santanderino.

Apoyo externo

Según ha asegurado Urbanismo, su posición al respecto “ha sido refrendada estos días por numerosos profesionales técnicos del urbanismo que han manifestado su opinión, así como por promotores y constructores, para introducir esta normativa en la Ley del Suelo en trámite y no en la Ley de Acompañamiento, en aras de una mayor seguridad jurídica, que es lo que desea el sector”.

Por último, también ha traslado a los representantes del Ayuntamiento de Santander que, por “coherencia”, habría que esperar la respuesta del Tribunal Supremo a la consulta realizada desde el Gobierno para conocer “el alcance de su sentencia y sus reales consecuencias”.

Ya que, según ha apuntado Urbanismo, el anterior consejero del área Javier Fernández (PP), asesor primero y luego responsable político de la aprobación del Plan General, “ha manifestado públicamente que con la legalización del proyecto del bitrasvase se podría subsanar el problema por el que se anulo el Plan General”.

En cualquier caso, desde la Dirección General de Urbanismo se ha comunicado a los representantes del Ayuntamiento de Santander que “siempre tendrán las puertas abiertas a todos los ayuntamientos de Cantabria y, como no, al Ayuntamiento de Santander para apoyarles y asesorarles en la resolución de los problemas que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan surgirles”.