La asamblea de afectados por los MUP recrimina la postura del Gobierno de “resolver caso por caso”

“En el último año se han resuelto apenas 50 expedientes. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en resolver los miles de casos que existen?”, se han preguntado.

Así lo ha trasladado hoy en un comunicado el presidente de la Plataforma de Colectivos Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria (PLACAMUPCA), Javier Rugama, quien ayer ha expuesto a más de un centenar de afectados el resultado de la reunión celebrada el 12 de febrero en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, con su titular, Jesús Oria, y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, sobre la concentración parcelaria de Voto.

Rugama ha trasladado a la asamblea la postura del Gobierno en Voto, que es “dar todos los títulos pendientes de entregar y finalizar la parcelaria”. Un anuncio que los afectados toman “con prudencia, hasta que cada propietario tenga en su poder este documento”.

Durante la reunión del día 12 se pidió al consejero la publicación de este punto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y “de momento, se ha comprometido a publicar de nuevo el Acuerdo Concentración Parcelaria de Voto, aprobado en su momento”.

También, ha explicado Rugama, se ha comprometido a iniciar la protocolización de los títulos en la Notaria y llevarlos al Registro de la Propiedad lo antes posible, sin especificar fechas.

Por lo que se refiere a la postura del Gobierno ante los expedientes de fincas afectadas por los MUP, en la asamblea se ha puesto de manifiesto que la Administración “está resolviendo casos, unos favorablemente y otros desfavorablemente”.

A los afectados les “llama la atención” que se hayan resuelto hasta el momento 271 expedientes y de ellos favorablemente 145, el 55%, y “salvo casos muy concretos”, desconocen cuáles son. “Todo el mundo se ampara en la Ley de Protección de Datos para no dar ningún tipo de información y que este proceso sea lo más opaco posible”, han denunciado.

Según se ha indicado en la asamblea, en Voto se han estimado favorablemente 21 expedientes, la mayoría desconocidos para los afectados. Y “sorprende” que en Soba, “muy afectada por los MUP”, solo se hayan iniciado siete, uno estimado y otro desestimado.

En Valdáliga se han iniciado 127 expedientes, 31 estimados y 40 desestimados; y en Cartes, 48 expedientes, 20 estimados y 24 desestimados.

Los asistentes a la asamblea han denunciado que la política del “caso por caso no funciona”, recordando que la base del proceso está en el nuevo marco jurídico que cambió en el 2016 con la sentencia del Tribunal Supremo, que sentó jurisprudencia, al considerar nuevos documentos válidos para reconocer una propiedad dentro de un MUP, siempre que su antigüedad sea anterior al 21 de febrero de 1974.