La fiscal eleva a 4 años y medio la pena de cárcel para De las Cuevas por llevarse 670.000 euros de Sodercan

La Fiscalía ha elevado a cuatro años y medio la pena de cárcel que solicita para el exdirectivo de Sodercan Jesús de las Cuevas, por apropiación indebida agravada y delito continuado de falsedad al llevarse 670.000 euros de la empresa pública, tras rebajar la atenuante de reconocimiento de los hechos y mantener la atenuante de reparación del daño y la agravante de carácter público del acusado.

La defensa de De las Cuevas, que en julio del año pasado dio su conformidad al escrito de acusación de la Fiscalía, ha “cambiado de estrategia” al descolgarse del acuerdo Sodercan, que ejerce la acusación particular, y ha solicitado un año y nueve meses de cárcel (antes de la conformidad pidió dos años) con las atenuantes de reparación del daño, reconocimiento de los hechos en grado cualificado y dilaciones indebidas.

Sin embargo, la Fiscalía, que inicialmente pidió tres años y nueve meses de cárcel, entiende que con este “cambio de estrategia”, el acusado ya no reconoce el carácter público de su cargo, lo que suponía admitir que había causado un quebranto al interés público, por lo que a su entender ya no cabe aplicar en su grado máximo la atenuante de reconocimiento de los hechos y eleva su petición a cuatro años y medio.

Mientras tanto, Sodercan ha mantenido la petición de cinco años y nueve meses al entender que los hechos se corresponden con un delito continuado de malversación y que no cabe aplicar ninguna atenuante. El juicio contra De las Cuevas ha quedado visto para sentencia este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El exdirectivo de Sodercan ha hecho uso de su derecho a la última palabra, con una breve intervención en la que ha “lamentado profundamente lo que hizo” y ha asegurado que “no pasa ni un solo día sin que se arrepienta”.

De las Cuevas ha dicho que “ojalá” pudiera cambiar lo que hizo, pero no se puede. “Lo que sí se puede es dar la cara para hacerse responsable, decir la verdad y hacer todo lo que esté en mi mano para reparar el daño”. En ese sentido, ha dicho que es lo que ha intentado hacer hasta ahora y lo que espera poder hacer “hasta el final”.

En la intervención inmediatamente anterior, su abogado, Jesús Pellón, ha reconocido que su defendido ha cometido “un error grave” y que su actitud es “reprobable al 100%”, pero ha destacado que reconoció los hechos, se ofreció a colaborar y aportó información que contribuyó a la investigación, no ha recurrido ninguna resolución durante todo el proceso y ha puesto a disposición de Sodercan y del juzgado “todo su patrimonio”, cuantificado en 215.000 euros que equivalente al 33% del “quebranto” económico causado.

“Descontrol espeluznante en Sodercan”

Sin embargo, el letrado ha discrepado del “daño reputacional” que según el abogado de Sodercan, Roberto Pellón, se ha causado a la empresa pública con unos hechos que a su entender han provocado “alarma social”. Para la defensa, la actuación de Jesús de las Cuevas “probablemente ha tenido un efecto multiplicador, ha hecho que se conozcan determinadas circunstancias, y ha puesto de manifiesto que el desconcierto y descontrol que tenía Sodercan es espeluznante”.

Así, ha dicho que la situación de la empresa pública “dejaba mucho que desear”, con más de 100 millones de déficit patrimonial, y ha subrayado que “lo que crea alarma social e incluso sonrojo” es por ejemplo que el presidente y consejero delegado de Sodercan -en alusión al entonces consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP)- no conozca las cuentas“ o el déficit patrimonial de la entidad, que sólo un testigo sepa cuál es el pasivo acumulado, que no se llevara contabilidad analítica o que la firma autorizada la pudiera utilizar cualquier trabajar con acceso a la red interna.

El abogado de la defensa ha dicho también que no se puede “echar sobre las espaldas” de De las Cuevas la responsabilidad del expediente de regulación de empleo y los despidos de la anterior legislatura, como ha pretendido a su juicio el letrado de Sodercan, en una empresa pública con una plantilla “manifiestamente desmedida y gastos que no se podían soportar”.

Sobre este extremo, la fiscal ha puesto de manifiesto que De las Cuevas se llevó dinero de Sodercan “durante cuatro años” -de 2010 a 2013- y en una época en que la empresa pública “pasaba dificultades económicas y un ERE”. A su entender no se puede “achacar” el ERE a De las Cuevas porque el déficit financiero de Sodercan era el que era, pero “sin duda alguna contribuyó al quebranto económico de la sociedad”.

“Participó en esa falta de recursos para pagar al personal; estuvo allí viviendo el ERE al mismo tiempo que estaba falsificando órdenes de pago y llevándose fondos de la Unión Europea”, ha dicho.

Tanto la fiscal como el abogado de Sodercan consideran acreditado que no hubo un reconocimiento “pleno y absoluto” de los hechos por parte de De las Cuevas, “sino paulatino y forzado por las circunstancias”. De hecho, han recordado que la cuantía del desfalco resultó ser más del doble de lo que De las Cuevas admitió por escrito a finales de 2013, y que “no ha restituido ni la tercera parte de lo que se ha llevado”.

El letrado de Sodercan sostiene que “trató de aminorar” la cuantía de lo sustraido y considera “increíble que habiendo diseñado una operativa tan compleja, no supiera lo que desvió a su patrimonio”.

Cargo público del acusado

Por otro lado, Fiscalía y acusación particular han defendido el carácter de cargo público del acusado, y aunque la fiscal ha calificado los hechos como apropiación indebida agravada, no considera “descabellada” la calificación de malversación emitida por Sodercan, “si no fuera porque el sistema de caja única convierte a la sociedad en ”la verdadera perjudicada“, y no a la Unión Europea, de donde procedían los fondos desviados por De las Cuevas en su beneficio.

La fiscal ha defendido que Sodercan es una empresa del sector público y su personal es del sector público también, y ha explicado que en anteriores procedimientos con cargos similares -ha citado Mercasantander y Cantur-, “no se aplicó esta misma tesis porque la jurisprudencia no estaba tan consolidada como ahora”.

A su entender, la gravedad de la conducta de De las Cuevas radica en que “se aprovechó de los cargos de confianza” que ostentó y de “cierta ausencia y déficit de controles” en un sistema “un tanto llamativo” de doble justificación -una interna para Sodercan y otra de cara a la UE-. “Había una rendija por la que colarse en un sistema de controles que fallaba” y De las Cuevas “la aprovechó”, ha dicho.

Por su parte, el abogado de Sodercan ha incidido en la condición de funcionario público del acusado y la posición de “absoluto privilegio” que ocupaba respecto a los fondos, también públicos, dado que “tomaba todas las decisiones e incluso aprobaba los pagos”.

Sin embargo, la defensa sostiene que De las Cuevas no fue nombrado por una autoridad pública competente a efectos penales -a su entender el consejero delegado de Sodercan no lo es-. Además, ha dicho que esta empresa pública tiene accionistas privados y parte de sus fondos son privadas, por lo que a su entender no se cumplen ninguno de los dos requisitos para calificar los hechos como malversación.

Sobre la atenuante de dilaciones indebidas, ha reconocido que “estamos en el límite” porque el procedimiento se inició en diciembre de 2013, pero ha opinado que tres años y cuatro meses es un plazo “excesivo” en un procedimiento que a su entender no tiene “especial complejidad” porque el acusado reconoce los hechos en su primera declaración y para mayo de 2014 “ya están cuantificados al 100%”.

Sin embargo, a juicio de la fiscal la tramitación ha sido “rápida, ligera, ejemplar y en el menor tiempo posible para una causa de estas características”.