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El consenso marca el Debate del Estado de la Comunidad Autónoma

El Parlamento ha acogido este jueves la segunda y definitiva sesión del Debate del Estado de la Región.

Rubén Vivar

El Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma se ha cerrado este jueves en el Parlamento de Cantabria con la votación de las resoluciones presentadas por los cinco grupos políticos. A diferencia de legislaturas anteriores, el consenso entre las distintas fuerzas ha marcado la jornada, en la que se han aprobado 219 de las 269 propuestas presentadas, lo que supone más del 80%.

Esta cifra contrasta con lo acontecido durante el anterior Ejecutivo presidido por Ignacio Diego. Por ejemplo, en el año 2013, el rodillo del PP tumbó todas las iniciativas de la oposición (73 del PSOE y 145 del PRC), salvo una que hacía referencia al futuro de Sniace. Un año antes, los diputados conversadores se mostraron algo más flexibles dando luz verde a 14 mociones socialistas y siete regionalistas.    

“Afortunadamente, son nuevos tiempos, que yo saludo”, ha dicho la diputada regionalista Rosa Valdés describiendo a la perfección el nuevo panorama político y el clima de cordialidad vivido en la segunda sesión del debate, tan solo roto por el enfrentamiento entre PSOE y Podemos.

Sea por su condición de gobierno en minoría o por su disposición al diálgo, PRC y PSOE han abierto la mano a las propuestas de la oposición, que ha sacado aldelante un total de 100 iniciativas (43 de las 56 del PP, 17 de las 20 de C's y 40 de las 73 de Podemos).

Curiosamente, los podemitas han tenido un mayor porcentaje de 'noes' pese a ser el grupo que facilitó la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente y que permitió la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2016, los primeros de la legislatura del bipartito.

De las 120 que presentaba PRC y PSOE, han recibido luz verde 119, de las cuales 90 han sido con el apoyo de todos los partidos. Solo se ha rechazado una en la que el socialistas y regionalistas pedían que accedieran al Servicio Cántabro de Salud médicos extranjeros para prestar servicios dada la “escasez” de profesionales con nacionalidad española.

De este modo, ha habido acuerdo en la reafirmación de los grupos contra el uso de la fractura hidráulica -fracking-; en el ánimo de definir en el plazo de un mes la sede definitiva del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), como pedía Ciudadanos; en mantener la apuesta de Valdecilla como centro de referencia y que Ferrovial cumpla las claúsulas del contrato de colaboración público-privada, así como en la solicitud al Gobierno de España para que cumpla sus compromisos en materia de asilo.

Discrepancias

Por el contrario, la mayor controversia ha estado en Sodercan y en el convenio de basuras entre Guipúzcoa y Cantabria. En ambos casos la oposición ha hecho valer su mayoría y, en contra de socialistas y regionalistas, ha pedido, por una lado, la vuelta de la empresa pública a la Consejería de Industria y, por otro, no prorrogar el acuerdo para que la provincia vasca siga vertiendo sus residuos en la planta de Meruelo más allá de 2017.

También ha habido disonancia en la política fiscal. Ningún grupo ha respaldado una iniciativa de Podemos que pedía seguir haciendo “más progresivo” el tramo autonómico del IRPF. Tampoco ha salido adelante una del PP  en la que se instaba al Gobierno regional a rebajar este impuesto y a no modificar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una iniciativa que ha contado con el rechazo de PSOE, PRC y Podemos y con la abstención de C's.

La formación naranja ya avisó que no apoyaría ninguna propuesta de resolución sobre materia fiscal ya que considera que este asunto, por su importancia, debe ser “consensuado por todos” y no que cada partido que llega al Gobierno “imponga” la suya, lo que ve un “parche”.

Sin embargo, no ha podido evitar que se apruebe una de PSOE y PRC que pedía al Gobierno que expresara su rechazo a la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de España del PP que, a su juicio, “beneficia especialmente a las rentas más elevadas y a las grandes empresas” y que el Ejecutivo autonómico acometa una reforma fiscal “justa”.

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