El 75% de la plantilla de Sniace confirma su reincorporación

Aproximadamente el 75% de los trabajadores de Sniace que estaban llamados esta semana a acudir a la fábrica de Torrelavega a confirmar su disposición a reincoporarse a trabajar el próximo 1 de septiembre ya lo ha hecho en los dos primeros días establecidos para realizar este trámite, a falta de los que acudan este viernes. Para la próxima semana, están llamados los de la planta de fibra de viscosa (Viscocel).

Según los datos aportados a Europa Press por el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, unos 70 trabajadores de la plantas de Celletech (celulosa) y Sniace ya han realizado este trámite, ya que unos 40 lo hicieron ayer, miércoles, que era el primer día para hacerlo, y otros 30 han acudido hoy.

Pérez Portilla ha señalado que “todos” los que han acudido a la fábrica ha dicho 'sí' a reincorporarse. A ellos, hay que sumar los que ya se encuentran trabajando en la puesta a punto de la planta de celulosa, preparando la reapertura, prevista para septiembre.

El secretario del comité de empresa ha recordado que “todavía queda mañana”, viernes, para que los trabajadores de Celltech y Sniace realicen esta gestión, dando ya paso la semana que viene a que lo hagan los de Viscocel, planta que tiene más lejana la reapertura, en 10 meses, según lo previsto.

En este segundo día para realizar los trámites, USO, sindicato que forma parte del comité pero que no firmó el acuerdo laboral, ha acusado a la empresa de “chantajear” a los trabajadores al condicionar, según dice, el ofrecimiento del puesto de trabajo a la firma de un documento de aplazamiento del cobro de la deuda privilegiada, lo que, a su juicio, supone, “incumplir” lo establecido en el auto del Tribunal Supremo.

“Obligar a un trabajador a renunciar a sus derechos --el cobro de la indembización-- es un chantaje”, ha advertido el sindicato, que señala que, en dicho auto, el acceso a un empleo en la empresa “en ningún caso está condicionado a aceptar el aplazamiento de la deuda privilegiada”.

“Ningún trabajador está obligado a firmar un documento de aplazamiento a cambio de un puesto de trabajo. La empresa está obligada, por el propio auto, a ofrecer un empleo sin obligar al trabajador a renunciar al cobro íntegro y en un solo pago de la deuda privilegiada”, ha puntualizado.

Además, este sindicato acusa a la empresa y sus “colaboradores” de intentar “obstaculizar” a los trabajadores la defensa de sus derechos ya que, según ha criticado, no se está facilitando a los trabajadores de forma previa y para su estudio la documentación que se les da a firmar y no se les ofrece copia de los documentos suscritos, algo que considera “inaceptable” y ha advertido de “acciones legales” si no se corrige esta situación.

También sostiene que la empresa “debe comunicar de manera fehaciente a cada trabajador la oferta de trabajo y sus condicionantes”. “Otros medios, ni son legales ni cumplen con la obligación empresarial según lo dispuesto en el auto del Supremo, tanto en la notificación como en el inicio de los plazos”, ha apuntado.

Cuestionado por estas denuncias de USO, el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, de UGT, ha acusado a este sindicato de “mentir” con estas afirmaciones, “envenenando” y “confundiendo” a los trabajadores.

En este sentido, el secretario del comité de empresa ha advertido que “si los trabajadores, le hacen caso” a USO “pueden encontrarse con que no tengan puesto de trabajo”.

Y es que, Pérez Portilla, en contraposición de lo que sostiene USO, ha asegurado que el auto del Tribunal Supremo “no garantiza” un puesto de trabajo a todos los trabajadores, sino que lo que lo garantiza es suscribir el acuerdo laboral firmado por la empresa y la mayor parte del comité de empresa, aceptando las condiciones en él acordadas.

Así, Pérez Portilla ha señalado que el aceptar el acuerdo laboral supone dar el visto bueno también a la forma de pago de las indemnizaciones planteada, la cual --ha subrayado-- no se ha “inventado” el comité sino que fue propuesta por la Administración concursal.

El secretario del comité de empresa ha señalado que en el acuerdo laboral se establecen los plazos de pago de la deuda privilegiada a los trabajadores, que es de cinco años.

Respecto a lo denunciado por USO en el comunicado, Pérez Portilla ha señalado que este sindicato “lleva anunciando ilegalidades” desde hace tres años, cuando la empresa planteó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), sin que “ninguno” de los organismos ante los que lo ha hecho le haya dado la razón.

Pérez Portilla ha insistido en que desde el comité “no se está engañando a nadie” y, para argumentarlo, ha señalado que sus propios miembros han suscrito los documentos que ahora se pide que firmen a todos los trabajadores que se quieran reincorporar.

El secretario del comité de empresa ha señalado que todos los trabajadores que han acudido, por el momento, a realizar este trámite lo han hecho, incluidos los afiliados a USO.