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Los presidentes de los TSJ apoyan las reivindicaciones sobre mejoras laborales pero recuerdan que no pueden hacer huelga
En un comunicado, los presidentes reconocen que la Administración de Justicia posee unas “graves carencias” que han desembocado en una “situación insostenible” y que no han sido corregidos por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Asimismo, han mostrado su “solidaridad” con las asociaciones judiciales y fiscales “en su intento por mejorar la situación actual”.
En este sentido, subrayan que su posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma les “impide” sumarse a la huelga convocada para esta martes, que ha sido seguida por casi 3.000 jueces y más de 1.200 fiscales de toda España. “Apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden”, reza el comunicado.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este martes una huelga para culminar la serie de paros parciales que han hecho cada jueves desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo.
Se trata de la primera vez que las siete asociaciones se unen para convocar una jornada de huelga y reclamar, entre otras cosas, unas cargas de trabajo saludables; modernización de la Administración de Justicia, con más medios personales y materiales; y actualización de las retribuciones. También mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia.
Los fiscales, además, reivindican autonomía presupuestaria, modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.
