La proposición del PP sobre el derecho al realojo entra en fase de presentación de enmiendas

La proposición de ley del PP para modificar las actuales Ley del Suelo y Ley de Vivienda Protegida de Cantabria con el objeto de garantizar el derecho al realojo a afectados por actuaciones urbanísticas sigue su tramitación parlamentaria tras haber concluido las siete comparecencias 'políticas' para pronunciarse sobre este asunto y este miércoles, 13 de abril, se abrirá el plazo para presentar enmiendas.

Según lo aprobado, ahora los cinco grupos con representación en el Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto-Ciudadanos), y que, además, están presentes en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social que está abordando esta propuesta de modificación legislativa, tienen cinco días, a contar desde este miércoles, para presentar sus enmiendas parciales.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado a Europa Press que este plazo de presentación de enmiendas es “ampliable”.

La proposición de ley del PP entra en esta fase de presentación de enmiendas después de que, entre esta semana y la pasada, hayan pasado por la Comisión para pronunciarse sobre este tema el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de este ayuntamiento, César Díaz; el exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y actual senador del PP, Javier Fernández; la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón (PRC).

También han comparecido en Comisión los actuales directores generales de Urbanismo y de Vivienda, Francisco González y Francisco Gómez, respectivamente.

POSTURAS ENFRENTADAS ENTRE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DEL PP

En esta serie de comparecencias, cuya utilidad ha sido reconocida de forma generalizada por los integrantes de la Comisión, los representantes del actual Gobierno regional (PRC-PSOE) han insistido en la “innecesariedad” de la proposición de ley que plantea el PP y han asegurado que lo que se propone es “legislar a la carta” para solucionar el problema del barrio de El Pilón generado, a su juicio, por el Ayuntamiento de Santander, que es quien --dicen-- debe de arreglarlo.

Además, han advertido de que lo que propone el PP “no solucionará realmente” el problema de los vecinos de El Pilón puesto que “no regula ni garantiza” el retorno de los afectados por actuaciones urbanísticas al mismo barrio.

También algunos miembros del Gobierno, como Mazón o el director general Francisco Gómez, se han mostrado contrarios a algunas de las modificaciones que plantea la proposición de ley del PP de la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria.

Los cuatro miembros del Ejecutivo que han pasado por la Comisión para hablar de esta proposición de ley --la vicepresidenta, el consejero de Obras Públicas y los directores generales de Vivienda y Urbanismo-- han insistido en la no urgencia de la modificación y han abogado por esperar a la nueva Ley del Suelo que están preparando y cuyo proyecto de ley --han dicho-- estará “antes del verano” en el Parlamento regional, postura que han defendido los diputados de los grupos socialista y regionalista en la Comisión.

Por contra a la postura de los representantes del Ejecutivo, los otros tres comparecientes --Íñigo de la Serna, el concejal de Santander César Díaz y el exconsejero Javier Fernández--, todos del PP, han defendido la necesidad de la modificación legislativa que propone el grupo 'popular' para garantizar el derecho al realojo para afectados por procesos urbanísticos.

Así, De la Serna acusó de “falta de voluntad política” del bipartito PRC-PSOE y afirmó que, si se realizaba la “ambiciosa” modificación legislativa que propone el PP “y no se pierde el tiempo en enredos políticos”, Cantabria podría ser “pionera” en el derecho al realojo para afectados por actuaciones urbanísticas.

Según dijo, la modificación viene a cubrir un “vacío legal” existente en la legislación, algo que también defendió el exconsejero y actual senador popular Javier Fernández.

El exconsejero de Medio Ambiente afirmó que la modificación de la Ley del Suelo y de la Ley de Vivienda Protegida que propone su partido para garantizar el derecho al realojo puede ser un instrumento “tremendamente últil, conveniente y necesario” para atender las “necesidades” y “derechos” de “todos” los afectados por actuaciones urbanísticas, no solo los de El Pilón o de Prado San Roque, en Santander, sino “para los que vengan” en otros ayuntamientos.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander aseguró que es “rotundamente falso” que el Ayuntamiento de Santander pueda realizar una modificación puntual del PGOU para solucionar la situación de los vecinos de El Pilón, tal y como asegura el Gobierno. “Es falso. El Ayuntamiento no puede solucionarlo”, dijo.

Tras estas siete comparecencias 'políticas' se abre el periodo de presentación de enmiendas, con las cuales el PP insiste en que se mejore la proposición de ley de su partido para que pueda salir adelante.

Algunos grupos, como Podemos, ya han avanzado el sentido de algunas de sus enmiendas. Algunas de ellas, según ha adelantado su diputado José Ramón Blanco, irán dirigidas a modificar o suprimir algunos aspectos que se plantean en la proposición de ley del PP sobre los cambios que deben llevarse a cabo en la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria, como la limitación que, a su juicio existe, de que solo aquellos afectados que no superen las 4,5 veces el IPREM tengan derecho a solicitar la entrega de una vivienda que sustituya a la suya.

También quiere suprimir de la modificación que propone el PP el derecho de recompra para la promotora de la vivienda entregada al realojado cuando éste “proceda a la ulterior transmisión de la vivienda a terceros, bien por actos inter vivos o mortis causa”, pues lo considera una “barbaridad”.

SIN FECHA PARA LAS INTERVENCIONES DE AFECTADOS Y TÉCNICOS

Para lo que de momento no hay fecha, según han señalado fuentes parlamentarias a esta agencia, es para que acudan, tal y como se aprobó, la comisión vecinos afectados por desarrollos urbanísticos en los barrios de El Pilón y Prado San Roque, en Santander, así como el nieto de Amparo Pérez, la mujer que fue expropiada por el Ayuntamiento por el vial de la S-20; y representantes de la Asociación Ecologista ARCA y de la Plataforma de Defensa de la Bahía de Santander (DEBA).

Mientras que la intervención de los políticos ha sido en comparecencia en Comisión y han tenido carácter público y han sido abiertas a los medios de comunicación y retransmitidas por Internet, las de los vecinos de El Pilón y Prado San Roque, afectados por desarrollos urbanísticos, serán en Ponencia, y no serán públicas, algo que fue criticado por la formación morada y por los propios vecinos.

Tampoco serán públicas las de representantes de la plataforma DEBA y la asociación ecologista ARCA.