El decreto sobre el uso del euskera en Ayuntamientos: ¿Un muro o un puente para la comunicación entre la ciudadanía vasca?

El pasado noviembre el Gobierno vasco aprobó un decreto que faculta a las entidades locales para decidir qué lengua utilizar -si euskera o castellano- en sus relaciones internas y públicas. Un decreto enmarcado en los objetivos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que busca impulsar el uso del euskera de manera que se equipare al castellano en aquellos municipios en los que la mayoría de sus ciudadanos sean vascoparlantes.

¿Qué supone esto para la ciudadanía? A partir de ahora, serán los ayuntamientos, entidades locales, organismos y sociedades públicas, así como las empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio público municipal, los que regulen el uso oral y escrito del euskera y del castellano en el ámbito institucional y administrativo, en lugar de seguir la regla única y común -Ley básica de normalización del uso del Euskera- que todas las administraciones locales estaban obligadas a utilizar.

Esta norma no supone que los ciudadanos pierdan el derecho a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales de Euskadi quiere relacionarse con la Administración, puesto que, siempre que lo requieran, los ciudadanos tendrán la opción de solicitar la versión en castellano de cada comunicado o publicidad que envíen desde la Administración, si el ayuntamiento del municipio en el que viven ha escogido comunicarse con sus habitantes en euskera.

Un decreto “inconstitucional” y “racista”

A pesar de desarrollar una Ley Municipal aprobada cuando gobernaba Mariano Rajoy, esta propuesta ha levantado ampollas entre los miembros del partido liderado por Alfonso Alonso en Euskadi, quienes además de criticar firmemente el decreto y tacharlo de “inconstitucional”, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía para que se rebele contra la nueva normativa, han decidido llevarlo a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El propio Alonso lo ha calificado como“un decreto inconstitucional que cercenaba libertades y ampliaba imposiciones” y desde el partido en Euskadi han comenzado una campaña en las redes sociales en contra de la normativa, con vídeos en los que muestran a una mujer que al llegar a casa no logra entender un comunicado del Ayuntamiento escrito en euskera en el que se indica que cortan el agua del edificio.

Desde Vox también han compartido la decisión de recurrir el decreto. Iván Espinosa de los Monteros y la secretaria general del grupo parlamentario -y quien fuera la abogada jefe del Estado en Euskadi y la impulsora de varios recursos contra el uso del euskera- Macarena Olona, han calificado de “atropello lingüístico para los castellanoparlantes” el contenido de la norma. Además, han acusado al Gobierno de Urkullu de permitir “un sistema racista propio del PNV y Bildu” que divide a la ciudadanía en “vascos de primera y de segunda categoría”.

Ante la polémica suscitada, el Gobierno vasco ha insistido en la legalidad y constitucionalidad de la nueva norma y ha aconsejado al PP que retire su recurso y se aparte de la estela de Vox y su estrategia de “confrontación permanente, que no lleva a buen camino”.

En declaraciones posteriores al anuncio de los dos recursos, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha mostrado su sorpresa porque la decisión de los dos partidos políticos “cuestiona consensos lingüísticos trabajosamente alcanzados en Euskadi durante muchos años y pone en cuestión avances importantísimos que hemos alcanzado en esta materia, y parece que cuestionan o reabren debates que teníamos absolutamente superados”. A su juicio, resulta “menos chocante” en el caso de Vox, porque es un partido nacido para “dinamitar todos los consensos democráticos, pero resulta algo más sorprendente en el caso del PP, porque sabe que con este tipo de recurso está dando abiertamente la espalda a la realidad sociolingüística y municipal vasca, que el PP conoce”.

Además, ha apuntado que el Partido Popular, está “dando la espalda también a decisiones que el propio PP ha puesto en marcha en las comunidades autónomas en las que gobierna”. En este sentido, ha recordado que normativas similares o “incluso mucho más exigentes desde el punto de vista del conocimiento y utilización de las lenguas autonómicas cooficiales están en vigor, con gobiernos del PP en Galicia desde el año 1997 y en Baleares desde 1990”.

Aún así el Gobierno vasco se muestra confiado en que los tribunales, en el supuesto de que el PP y Vox continúen con su recurso, acabarán dando la razón al Ejecutivo vasco.

Habrá que esperar para comprobar cómo responde la sociedad vasca a esta nueva normativa, ya que la adaptación a la decisión que tome cada ayuntamiento será “paulatina”, pero a partir de la aprobación de este decreto, todos los ayuntamientos vascos deberán tomar las medidas que garanticen que su material de ofimática esté disponible en euskera.