“La recolocación de los trabajadores de La Naval supone un exilio económico”

“Esto era un poco la crónica de una muerte anunciada, es un paso más de esta vejación de los Gobiernos, de dejar de pasar el tiempo y que nos vayamos muriendo. Hasta la fecha el papel del Gobierno Vasco y el Gobierno central ha sido lamentable, tuvimos dos o tres reuniones pero sin nada concreto y dejando pasar el tiempo”, son las palabras de Chechu, uno de los rostros del cierre La Naval de Sestao, que lleva 37 años trabajando en el astillero.

Al igual que Chechu, decenas de trabajadores se han manifestado en Bilbao para pedir al Gobierno central y vasco que impidan el cierre del astillero después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao notificara el despido de toda la plantilla. De los 178 trabajadores que la conforman, 150 serán recolocados y tendrán que hacer las maletas para ir a Madrid, Ferrol o Cadiz, a cubrir otro puesto de NAVANTIA. El resto, serán indemnizados.

Javier Merino también lleva 37 años trabajando en La Naval de Sestao y, aunque ha tenido tiempo para prever la situación, coincide con Chechu en destacar que el papel del Gobierno Vasco ha sido “lamentable”:

“Al Gobierno Vasco parece que le da igual la situación en la que estamos abocados. Yo no he visto ningún papel por su parte, sí que ha habido palabras, buenas intenciones, pero resultados cero. Te puedo decir lo mismo del Gobierno central. La recolocación de los trabajadores de La Naval supone un exilio económico y ahora la plantilla está más por luchar en terminar un barco que tenemos a medio hacer”, ha señalado Merino quien se ha vestido con un chaleco fosforescente y un casco para manifestarse.

Los trabajadores aseguran que ahora su lucha se centrará en plantear el alquiler de los terrenos por parte de los Gobiernos central y vasco, y un acuerdo entre la SEPI y Van Oord para poder terminar el barco que tienen a medio hacer, y que confían en que es posible finalizarlo, ya que, según indican, tan sólo falta “voluntad política que articule la forma de hacerlo”. Operación que, según han señalado, daría empleo a toda la plantilla y 20 meses de plazo para buscar soluciones a largo plazo.

Por su parte, los sindicatos CAT y ELA en el comité de empresa de La Naval han anunciado que si no ven ningún gesto por parte de los gobiernos central y vasco para buscar una solución “digna” a la empresa su intención es recurrir el auto de despido de la plantilla emitido por la jueza y “judicializar” el proceso de liquidación del astillero.

Así lo ha transmitido el secretario del comité, Juanjo Llordén, durante la manifestación que la plantilla, representantes políticos y ciudadanos han llevado a cabo en Bilbao desde la sede de la subdelegación del Gobierno en Moyúa a la de la Spri en la plaza Bizkaia.

Llordén ha recordado que “la judicialización no es un capricho sino un arma que tenemos los trabajadores para defender el astillero y estamos dispuestos en cualquier momento, si nos llaman inversores o gobiernos, a sentarnos de nuevo y dialogar”.