Absuelto el antimilitarista acusado de participar en el 'robo' de un casco militar
Ignacio Sanz respira más tranquilo. Este antimilitarista de 40 años, activista del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), acaba de celebrar de golpe dos “grandes noticias”: los 25 años del inicio de la estrategia de la insumisión contra los ejércitos y que finalmente no irá a la cárcel por seguir denunciando el militarismo en nuestra sociedad.
Su historia arranca sobre las 11.10 del 6 de diciembre de 2012, cuando junto a un “grupo antimilitarista” del que formaba parte y con una camiseta en la que se podía leer la leyenda “Ningún ejército defiende la paz” participó en una protesta que consistía en 'robar' un casco militar en una exposición sobre el Regimento Garellano, situada en el edificio bilbaíno de Garellano. Por esa acción de desobediencia civil noviolenta la fiscalía y uno de los ertzainas que partició en el desalojo de los antimilitaristas solicitaron una pena de prisión de hasta tres años de cárcel -tres años de cárcel (la Ertzaintza) y dos años y medio de prisión (la Fiscalía), bajo la acusación de retorcer el dedo a un agente durante la protesta antimilitarista.
Ignacio Sanz, durante la protesta, desobedeció a la Ertzaintza cuando le instó a desalojar el local y se sentó en el suelo junto a sus compañeros. Dos agentes tuvieron que “sacar en volandas” al antimilitarista, con más de 90 kilos de peso, según relata la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiarinorte.es.
El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao, Florian Javier Rangel Polanco, ha creído al acusado, un trabajador social de la fundación EDE -promovida por la Iglesia Diocesana de Bizkaia- , frente al testimonio del ertzaina, que ratificó en la vista su versión de que el antimilitarista “le retorció un dedo de la mano”. El juez admite las lesiones y el esguince, algo que le obligó al agente a un tratamiento de inmovilización y rehabilitación durante 57 días. Pero considera que hay una “irresoluble contradicción de versiones al respecto de lo acontecido”.
Y considera, además, que existe una “divergencia que abre la puerta misma a la eventualidad de que el agente pudiera lastimarse como consecuencia de su propia acción, consistente en levantar y mover al acusado, no sin esfuerzo dada su envergadura y peso, para retirarle del lugar”. La Ertzaintza aportó un vídeo del desalojo como prueba de cargo, pero el juez señala que solo se ve “al encausado ya inmovilizado por dos agenes y tratando estos de lograr su traslado, al tiempo que el primero [el encausado] emitía sonoras quejas al parecer de dolor”.
Seguir desobedeciendo
Para el magistrado, “la rapidez y la confusión generada en el incidentes junto al tumulto existente en un momento determinado” -aprovechado por otro grupo de antimilitaristas para 'robar' el casco antimilitarista que posteriormente devolvieron públicamente convertido en un 'kaskulore'-“como se desprende de las grabaciones unidas al expediente, avalan la anunciada posibilidad de un daño fortuito y no intencional por más que el agente lesionado mantuviera lo contrario en el juicio, pues las citadas circunstancias, unidas a la evidente tensión que debe conllevar una actuación de semejantes características pudieron, habida cuenta además de otras pruebas que avalen su tesis, alterar la percepcióin exacta sobre lo ocurrido”, según se afirma en la sentencia.
Ignacio Sanz aprovechó una reciente comida de hermandad del MOC en el que se juntaron varias generaciones de antimilitarista, objetores y desobedientes de todo pelaje para dar a conocer su absolución. “In dubio pro reo”, le recordó su abogado, presente también en la celebración. Sanza agradeció a los presentes las muestras de cariño, al tiempo que les animaba a “seguir desobedeciendo” y denunciando el militarismo porque como recordó “el presupuesto para gastos militares en 2013 se estima en 79,17 millones de euros. Su letrado, en conversación con este diario, hace una lectura que va más allá del caso concreto y lo vincula con el objetivo de criminalizar la ”disidencia. Lo hemos visto con otros casos parecidos en Euskadi, lo de los tartazos a Yolanda Barcina y, ahora, el proyecto de Ley de Seguridad del PP. Se busca apartar a la disidencia, neutralizarla“, aunque utilice los mismos métodos no violentos que usó Gandhi en el siglo XX.
