Amaiur cree que el pacto antiyihadista sólo pretende “hacer frente a la disidencia política y social”

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Cuadra ha afirmado que “no son medidas contra el yihadismo” las que contienen este acuerdo.

“Es el nombre que le han puesto, pero es una pura excusa. Hay que retrotraerse muy poquito solo para ver que en diciembre se aprobó la 'Ley Mordaza', en enero se aprobó la reforma del Codigo Penal, y ahora viene la Ley antiyadismo, pero, en realidad, de lo que se trata es de una involución antidemocrática que está recortando derechos y libertades y nos está retrotrayendo a épocas cercanas al franquismo”, ha añadido.

A su juicio, el Estado español “es más policial”, y el nombre de “antiyihadista” se lo han puesto para “tapar lo que ya estaba programado”. “El 90% del contenido del acuerdo llamado antiterrorista era el contenido que, desde hace seis o siete meses, estaba escrito ya en la reforma del Código Penal, y que fue publicado, incluso, en el Boletín del Congreso”, ha añadido.

Sabino Cuadra cree que el objetivo fundamental de este pacto no es acabar con el terrorismo yihadista, sino “de hacer frente a tres problemas grandes del Gobierno del PP”.

En este sentido, ha citado “la tremenda contestación social que ha surgido en todo el Estado, expresada en huelgas generales, parciales, mareas, o marchas; el proceso soberanista independentista catalán que ha creado verdaderos quebraderos de cabeza al Gobierno y que ha puesto ne 'solfa' esta España indisoluble e indevisible; y la situación que vive Euskal Herria, de todos espacios que no se han cerrado en el proceso de paz”, y que tienen que ver con los presos y las víctimas.

En este sentido, ha apuntado que habría tenido más sentido que este acuerdo contra el terrorismo yidadista se habría realizado cuando se cometió “el mayor atentado en el Estado español, que se dio el 11-M”. “Y, entonces, expresamente, los hoy firmantes dijeron que, con la normativa que existía, era suficiente”, ha indicado.

Cuadra ha destacado que el acuerdo, en su articulado, señala “expresamente” que se trata de “hacer frente a toda la disidencia política y social que ha ido surgiendo a lo largo de todos estos años”, como es “la oposición a los desahucios, al proceso independentista catalán y en Euskal Herria, hacer frente a la cerrazón irracional del Gobierno de no dar ningún paso hacia adelante en este proceso de paz y normalización democrática, sino dar pasos hacia atrás”.

“El año pasado son más de cien personas las que han sido llevadas a la Audiencia Nacional y no acusadas de haber cometido ningún acto concreto violento, ni nada de esto, sino por el hecho de pertenecer a organizaciones juveniles, políticas, etc”, ha apuntado. En este sentido, cree que esto “supone crear un arsenal legal y represivo para blindar, de arriba a abajo, este régimen”.