Amaiur lleva la oposición al fracking al Congreso
La extracción de gas por la técnica del fracking llega de nuevo al Congreso de los Diputados. En esta ocasión de la mano de Amaiur. El diputado de la coalición soberanista vasca Xabier Mikel Errekondo ha registrado dos iniciativas en la que pregunta al Gobierno sobre sus intenciones en torno a esta modalidad de extracción de gas -muy contestada por los movimientos ecologistas y ciudadanos- en Euskadi.
Amaiur recuerda en su pregunta el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) emitido a principios de este año en el que se recogen conclusiones “muy preocupantes relacionadas principalmete con las afecciones sobre sismicidad, los acuíferos, la tierra y la calidad del aire”, es decir, apunta Errekondo “las consecuencias del fracking sobre la salud del medioambiente y las personas”.
La coalición soberanista le recuerda al ejecutivo de Rajoy, que según datos del Euskobarometro de la pasada primavera, el 52% de los ciudadanos del País Vasco son partiarios de prohibir la técnica del fracking (fractura hidraúlica) y que únicamente el 4% apoya su autorización. Errekondo, en la pregunta, también menciona e dato de que la práctica totalidad de las instituciones alavesas han “mostrado su rechazo a esta técnica y se han declarado libres de fracking”, del mismo modo que el Parlamento de Nafarroa también aprobó prohibir la técnica de fractura hidráulica.
En la segunda pregunta, el diputado Xabier Mikel Errekondo se interesa por una campaña sísmica solicitada ante el Ministerio de Medioambiente entre los municipios vizcaínos de Sopela y Bermeo (en un área e 48.000 metros cuadrados) para su posterior explotación mediante Fracking. Concretamente, se trata de una solicitud realizada por la sociedad mercantil Frontera Energy Corporation S.L. El diputado soberanista advierte de que en la zona afectada está el municipio de Plentzia, que se ha declarado “territorio libre de fracking”.
En concreto, Errekondo pregunta si el Gobierno tiene constancia de dicha solicitud y de ser así, si tiene previsto exigir a la empresa la realización del estudio de impacto ambiental sobre el proyecto mencionado.
