Calma tensa entre los trabajadores de los astilleros
“Estamos llegando al final del camino. Si obligan a los astilleros a devolver las ayudas, se acabó”. Así de tajante se expresa el presidente del comité de empresa de La Naval (en Sestao), Pedro González, sobre la situación que está viviendo la industria marítima. Los 19 astilleros privados españoles (cinco de ellos vascos) corren el riesgo de desaparecer junto a los 87.000 empleos del sector. Y todo depende de que el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, les obligue o no a devolver los incentivos fiscales (tax lease) que el Gobierno español concedió al sector. La Comisión Europea los consideró ayuda de Estado en 2011 y, por lo tanto, ilegales, y desde entonces la industria naval española ha quedado sumida en la incertidumbre.
“La situación es muy preocupante. Los bancos se niegan a prestar dinero a los astilleros mientras no se resuelva el problema del tax lease y este es un sector en el que la financiación resulta fundamental”, recalca González.
En la actualidad, La Naval, sobrevive gracias a que está ultimando la construcción de dos pequeños barcos, que dan trabajo a 200 personas de las 236 de plantilla. Desde 2010, se han sucedido seis expedientes de regulación de empleo (ERE) de suspensión en La Naval y la zozobra es evidente entre la plantilla. “Todos los países tienen sus fórmulas para financiar y ayudar a los astilleros, pero han puesto en el punto de mira a España”, protesta el presidente del comité de Empresa de La Naval.
En el astillero Murueta, en Erandio, la plantilla (alrededor de 100 trabajadores) vive con inquietud la actual coyuntura, a la espera del desenlace. José Ernesto Gutiérrez, miembro del comité de empresa del astillero cree “poco probable que se produzca una decisión desfavorable para los astilleros”, pero reconoce que “la inquietud está ahí”. “Este es un sector”, añade, “que precisa de dinero y la incertidumbre es muy perjudicial”. Por el momento, los astilleros sólo puedan acceder a la construcción de determinados buques, como dragas y pesqueros, que están menos afectados por el tax lease.
Nada irregular
Se trata de una tensa espera que también se vive en las dos plantas que el astillero Zamakona tiene en Euskadi (una en Zumaia y otra en Santurtzi). Los cerca de 100 trabajadores de plantilla son plenamente conscientes de que una decisión que obligue a devolver las ayudas recibidas podría complicar la viabilidad del astillero. Juan Carlos Majada, delegado de personal de UGT, enfatiza que Zamakona “no ha hecho nada irregular. No se ha inventado nada para beneficiarse de algo que no existía. Había unas ayudas y la solicitó. ¿Es eso ilegal?”.
El problema de fondo radica, según Majada, “en que la empresa debe arriesgar para seguir adelante, pero no cuenta con el apoyo de los bancos por la falta de confianza que se ha creado”. Por ahora, las dos plantas de Zamakona tienen carga de trabajo y el delegado de personal confía en que siga siendo así en los próximos meses. “Los astilleros son un motor industrial, un impulso para la economía del País Vasco y una inyección de estabilidad para miles de familias”.
Estabilidad que ahora se ve en peligro. El comisario Almunia es quien tiene la última palabra. Todos aguardan a que mueva la ficha.
