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Las aulas vascas reciben la reforma educativa sumidas en la incertidumbre

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

¿Euskadi va a ser una isla en la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), tal y como predica el Gobierno vasco? ¿Todo va a seguir igual que antes de la reforma o, por el contrario, la Ley Wert se aplicará como en el resto de España? Lo cierto es que no existe una respuesta categórica y tajante para estas preguntas. Pero lo que sí es cierto es que la Ley se aplicará en Euskadi, aunque los centros y el Departamento de Educación van a atemperar sus efectos. Al menos en el primer año. Lo que también es cierto es que el curso escolar 2014-2015 se va a poner en marcha con las aulas vascas sumidas en la incertidumbre.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha criticado con dureza la ley, pero ha terminado por aceptar que se trata de una ley orgánica en vigor y, por lo tanto, “de obligado cumplimiento”. “Tenemos la responsabilidad de proteger nuestro sistema educativo y a nuestros alumnos, para que no salgan perjudicados y a final de curso tengan sus actas y sus evaluaciones”, ha reconocido la consejera.

Los principales cambios este primer curso hacen referencia a la puesta en marcha de la Formación Profesional (FP) Básica, cuyo objetivo es sustituir a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs). El Gobierno vasco seguirá aplicando estos programas, destinados a chavales de 16 a 18 años desescolarizados que han fracasado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o que proceden de situaciones de exclusión social, aunque bajo el nombre de Programas de Formación Transitoria Integrada. Es decir, los mismos programas con un nombre diferente, pero que se sujetan sobre un limbo legal y con lo que el departamento gana tiempo durante un naño hasta que, obligatoriamente, todos sus centros 'estrella' de FP oferten esta enseñanza.

El segundo cambio tiene que ver con los cursos de primero, tercero y quinto de Primaria. Por una parte, la Ley Wert establece que la asignatura de Ciencias de la Naturaleza (que engloba las ciencias sociales y naturales) se debe dividir en dos materias, cada una con su correspondiente nota. En Euskadi seguirá siendo una asignatura, pero al final tendrá dos notas. El Gobierno vasco loo hace así porque si desdobla le obligaría a quitare alguna hora a otras materias no troncales, como el euskera o la música. El problema es las dudas y el desconocimiento que existe entre el profesorado, según denuncia Pablo García de Vicuña, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi.

“Educación no ha transmitido a los profesores cómo se tiene que realizar ese desdoble. Reina la confusión y la incertidumbre”. Un malestar que García de Vicuña extiende a la aplicación este curso de la asignatura de Valores Cívicos y Sociales como alternativa a la Religión. A diferencia de lo que ha ocurrido otros cursos, en esta ocasión la nueva asignatura debe contar con una programación, un currículo y una evaluación final. “Los profesores no saben nada. Educación no ha informado de cómo se va a aplicar”.

Centros insumisos

Además de la aplicación de la reforma, el curso comienza con más profesores interinos. Hasta un tercio de una plantilla de 24.000 docentes se encuentra en esa situación de provisionalidad. La ausencia de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en los dos últimos años ha propiciado que la cifra de interinos vaya creciendo y roce en la actualidad los 8.000, una situación que complica la estabilidad de los centros educativos. Se trata de profesores que, en el mejor de los casos, dan clase en el centro durante un año y al siguiente tienen que buscar un nuevo destino.

El malestar contra la ley entre la comunidad educativa ha ido en aumento en Euskadi en los últimos meses. Hasta el punto de que varios colegios han anunciado que no aplicarán la reforma educativa del Gobierno central. La plataforma Gure Hezkuntza-Nuestra Educación, que agrupa a profesores, alumnos y familias, ha anunciado su compromiso de dejar sin efecto esta reforma educativa y conseguir “aulas y centros libres” esta reforma.

Los alumnos que se sumen a la campaña se deben comprometer a desobedecer el mandato de estudiar religión o al de segregar a los estudiantes. De la misma forma, sus familias rechazarán el sistema de evaluación que clasifica a sus hijos en niveles y optarán por una evaluación continua.

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