Ararteko lamenta la vinculación “injusta” de prestaciones sociales con fraude y pide relacionar sanciones con requisitos

El ararteko, Manu Lezertua, ha criticado la vinculación “desafortunada, infundada e injusta” de las prestaciones sociales con fraude y ha reclamado un régimen “adecuado” de infracciones y sanciones por el que la suspensión o extinción del derecho a la prestación “únicamente se imponga” cuando no se cumplan los requisitos exigidos por Lanbide, de forma que se garantice que la persona a la que se le suspende o extingue el derecho, “dispone de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas”.

Lezertua ha comparecido este jueves ante el Pleno del Parlamento vasco, por primera vez desde su toma de posesión del cargo, para presentar el informe ordinario del año 2014 de su institución que recoge las 8.608 actuaciones que se han realizado el año pasado desde la Defensoría del Pueblo vasco, de las que 6.378 corresponden a quejas.

Según ha explicado, en un porcentaje cercano al 92 por ciento de las quejas, la administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación. Además, ha destacado que en la mayoría de los casos, ni siquiera ha sido necesario adoptar una recomendación formal para que la Administración implicada aceptara el planteamiento del Ararteko. “Este dato, el más alto de los años analizados, evidencia por sí solo, un nivel de eficacia muy significativo de la intervención del Ararteko”, ha señalado.

En materia educativa, el Ararteko ha expresado su “preocupación” por las “diferencias que mantienen los principales agentes educativos con respecto a los proyectos presentados por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en el marco del Plan ”Heziberri 2020“ para la mejora del sistema educativo vasco, y ha defendido que ”sería deseable que se concitase un mínimo consenso en torno al modelo educativo propio, como ocurrió con ocasión de la aprobación de la actual Ley de Escuela Pública Vasca“.

En este sentido, en lo que respecta al apartado de admisión del alumnado, cree que se debe abordar una “reflexión en profundidad” de los criterios prioritarios que son aplicados en los supuestos de insuficiencia de plazas, principalmente en lo que hace referencia a la proximidad del domicilio familiar, “debido a la utilización abusiva de los datos del padrón, práctica fraudulenta sobradamente conocida por la Administración educativa, sin que se hayan tomado contra ella medidas suficientes”.

INCLUSIÓN SOCIAL

Lezertua ha destacado que en 2014 el sistema vasco de protección social ha sido objeto de “animado debate público” en el que se ha destacado la información relativa al origen nacional de las personas beneficiarias “sobre otro tipo de consideraciones como es la situación de vulnerabilidad o las dificultades para encontrar empleo”. “Se ha creado una amalgama desafortunada e infundada que vincula prestaciones sociales con fraude”, ha lamentado.

Al respecto, ha precisado que los motivos por los que se deniegan, se suspenden o se extinguen las prestaciones “no están relacionados con la existencia de fraude, como se infiere del análisis de quejas que se han tramitado”. “Los casos que han salido a la luz en los medios de comunicación son aislados y no reflejan la realidad de las personas que solicitan estas prestaciones, ni su situación de pobreza”, ha señalado.

En concreto, ha indicado que la mayoría de las personas que han presentado queja ante el Ararteko “carecen, simplemente, de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas” aunque sí ha detectado que existen algunas personas que no cumplen los requisitos o las obligaciones que Lanbide exige. Por eso, ha considerado “importante” dar a conocer a la ciudadanía la existencia de “numerosos requisitos y obligaciones para” poder beneficiarse de estas prestaciones.

Tras afirmar que Lanbide ha ido “mejorando” su gestión de las prestaciones de RGI y de PCV, el ararteko ha constatado una “mayor agilidad” en cuanto a plazos de resolución y una disminución de los retrasos para la resolución de los recursos.

No obstante, ha insistido en que sería importante que se regule un régimen “adecuado” de infracciones y sanciones en el que se “tipifiquen detalladamente las conductas, se gradúen las infracciones y se prevea un régimen de prescripción, teniendo en cuenta, entre otros, los principios del derecho sancionador, y, sobre todo, el de proporcionalidad.

“La suspensión o extinción del derecho a la prestación únicamente debería imponerse cuando haya una pérdida de requisitos, de tal manera que se garantice que la persona a la que se le suspende o extingue el derecho a la prestación dispone de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas. El resto de los incumplimientos de obligaciones deberían ser objeto de sanción”, ha propuesto.

INMIGRANTES

Lezertua ha recordado también que la crisis financiera y económica ha tenido un “fuerte impacto” en muchos hogares, “pero aún más en los hogares de inmigrantes que tienen miembros en paro o bien carecen ingresos”. “Las personas inmigrantes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las familias autóctonas, sobre todo en los casos de familias monoparentales. Destaca como elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros”, ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que las políticas sociales deben tomar en consideración la situación de vulnerabilidad y dificultad o necesidad social, “con independencia de otros factores como es el origen de las personas y la situación administrativa”.

Asimismo, en materia de Seguridad Ciudadana, Lezertua ha agradecido la labor que realizan los agentes de la Ertzaintza, así como los de las policías locales, y ha recordado la recomendación que ha dirigido al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para que adopte medidas para “prevenir y controlar” la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza, al considerar que “ no sirve a los objetivos de prevención de la delincuencia, carece de justificación y tiene naturaleza discriminatoria”.

VIVIENDA Y CRISIS ECONÓMICA

En materia de Vivienda, el ararteko ha lamentado que existe una “amplia brecha” entre la demanda y la oferta de vivienda protegida y ha pedido a los poderes públicos que adopten medidas normativas y económicas “más enérgicas” para una “eficaz garantía del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada”

Tras hacer referencia a la aprobación de la Ley de Vivienda, que garantiza la exigencia del derecho a una vivienda ante los tribunales, ha defendido que esta “debe venir acompañada de un importante esfuerzo presupuestario por parte de las administraciones públicas vascas, especialmente si se quiere dar una respuesta efectiva a la creciente demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler”.

Por último, ha hecho referencia a los casos de violencia de género registrado en el año 2014 con las muertes de Mari Luz Alejo Rodríguez y su madre Amelia Rodríguez en Abadiño y de Andina Pereira en Mungia, y ha lamentado que los alardes de Irun y Hondarribia “siguen siendo espacios en los que, con la cobertura de un cierto respaldo social, subsisten desigualdades, sin que las instituciones públicas concernidas actúen con la determinación necesaria para ponerles coto”.