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Arranca la investigación judicial de las irregularidades en la OPE de Osakidetza un año después de que estallara el caso

Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez, denuciantes de las irregularidades en la OPE de Osakidetza

Iker Rioja Andueza

Atrás han quedado las elecciones y la semana en que se cumple el primer aniversario de que estallara la mayor crisis que en esta legislatura ha vivido el Gobierno de Iñigo Urkullu, la de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la juez instructora de Vitoria Yolanda Varona inicia 'de facto' este martes la investigación judicial tras varios meses con el sumario en 'stand by'. Por el juzgado de instrucción 2 pasarán esta semana diez testigos y, finalmente, los tres primeros imputados, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

1 - ¿Qué ocurrió en la OPE del año pasado?

Durante la primavera de 2018 se celebraron exámenes de múltiples categorías para el acceso a plazas de Osakidetza. La polémica se circunscribe a las especialidades médicas, cuyos exámenes se celebraron en Vitoria. Un somero repaso estadístico a las notas -sindicatos como LAB y ESK publicaron sus análisis- revela que, pese a ser pruebas complicadas y con notas medias bajas, en dos decenas de ellas un reducido grupo de candidatos obtenían resultados muy altos o incluso perfectos, generalmente en número coincidente al de plazas ofertadas. En Cardiología, por ejemplo, 22 aspirantes sacaron 100 puntos sobre 100 para 22 puestos. Un mayor cruce de los datos revela, además, que esos mejores expedientes se corresponden habitualmente con los colegas de hospital o afines de los autores reales de las preguntas.

2 - ¿Quién denunció las irregularidades?

Tres anestesistas del hospital de Mondragón, Marta Macho, Roberto Sánchez y Manoel Martínez, dieron el paso de denunciar la “corrupción” interna en Osakidetza en lo tocante a la adjudicación de plazas. Sostienen, además, que lo ocurrido en 2018 no fue una excepción. “Las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”, declararon en una entrevista con este periódico. Ante la debilidad de su posición, se armaron de pruebas para demostrarlo. Las primeras, en colaboración también con la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, fueron actas notariales en las que, antes de la celebración de las pruebas, 'adivinaban' los opositores que lograrían plaza en su especialidad y en otras. Marta Macho, además, recopiló incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones selectivas. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores: que “está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE”.

En paralelo, en dos categorías más, sendos miembros de los tribunales evaluadores dieron también la voz de alerta. En Angiología, el doctor José María de Egaña puso por escrito sus temores. Más insistente fue Ángel Loma Osorio, de Cardiología, que fue el único que antes de la celebración de las pruebas ya advertía del riesgo claro de la existencia de filtraciones. Como publicó este periódico, hay pruebas de que Osakidetza conoció estas denuncias y que les dio carpetazo. Sólo actuó después de que el caso se conociera en los medios de comunicación y, desde el principio, Cardiología fue una de las categorías marcadas en rojo.

3 - ¿Cuál fue la reacción de Osakidetza?

Además de no actuar hasta que las denuncias se hicieron públicas -y omitiendo que conocían los avisos de Cardiología y que no los atendieron-, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, salió al paso de los primeros datos remarcando que no había “elementos objetivos” que probaran las irregularidades, aunque hasta el informe estadístico externo que encargó a la Universidad de Oviedo reflejaba algunas anomalías. Para la historia quedará su andanada en el Parlamento ante las críticas de la oposición: “Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”. También ironizó que las actas notariales eran en realidad muchas más y que sólo se hicieron públicas las que acertaban. Sin embargo, de puertas adentro Darpón presentó su dimisión al lehendakari desde el mismo mes de junio. En los meses siguientes dimitirían tanto la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, como el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Finalmente, el propio Darpón se marchó en marzo. El Gobierno y el PNV, sin embargo, nunca vinculó estos relevos a la crisis de la OPE y, por el contrario, atacó duramente a la oposición y a los medios de comunicación. “El cazador hoy es la presa mañana”, llegó a advertir en el Parlamento Josune Gorospe. En paralelo, el PP se desmarcó de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y no se constituyó una comisión de investigación, como sí hubo en la anterior OPE polémica, vinculada al PSE y a la UGT.

4 - Las garantías del IVAP no fueron tales

Se atribuye a Darpón la frase “quiero una OPE limpia” cuando se preparaba la que se celebró en 2018 y que se correspondía a las plazas de 2016 y 2017. Al margen del sobreentendido sobre las convocatorias anteriores, esa frase escondía la intención de derivar al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) la realización de parte de los exámenes, despojando a los tribunales de parte de su poder. Sin embargo, el IVAP carece de especialistas médicos y terminó derivando a profesionales de Osakidetza la elaboración real de las preguntas. Fue la dirección de Osakidetza la que elaboró el listado de autores del examen. El cruce con los mejores opositores en muchas categorías es el mejor indicador de las filtraciones. Ahora, la nueva dirección de Juan Diego -un hombre de la plena confianza del lehendakari- ha introducido cambios precisamente para evitar esta anomalía. Los expertos del IVAP serán realmente externos y, además, los tribunales se elegirán por sorteo.Investigación.

5 - ¿Cómo ha sido la investigación?

En paralelo a la tormenta interna en el Departamento de Salud, los sindicatos ESK, LAB y ELA acudieron a la Fiscalía al entender que las irregularidades podrían ser constitutivas de delito. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, lideró una preinvestigación en primera persona y determinó que había indicios de anomalías en hasta once especialidades médicas. Elevó el caso a un juzgado de Vitoria, donde se haya la sede del Gobierno y de Osakidetza, y propuso tres primeras imputaciones (las de Valero, Cabriada y Vega) ampliables conforme la investigación judicial pueda hallar nuevos elementos de prueba. También aportó una lista de diez testigos. Estas trece personas son las que comparecen esta semana. En el aire queda el papel de Soto y otros dos cargos de Osakidetza. Según la Fiscalía, se necesitan más concreciones para determinar si acuden al juzgado como investigados o como meros testigos.

6 - ¿Cómo serán las declaraciones?

Este martes y miércoles están citados los testigos. Son los tres anestesistas -Marta Macho la primera-, miembros de tribunales como Loma Osorio, un representante de ESK, los responsables del IVAP e incluso Múgica. El jueves llegará el turno de los acusados. En medios judiciales ha llamado poderosamente la atención que la magistrada, Yolanda Varona, haya previsto una duración de 15 minutos para cada una de las declaraciones. Varona es interina al frente del juzgado. Su titular es Ana Jesús Zulueta, miembro de Jueces para la Democracia, y que está reforzando la Audiencia Provincial de Álava hasta que se emita la sentencia del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi. Una de sus primeras decisiones fue impedir que Osakidetza se personara en el procedimiento como “perjudicado”. La juez explicó que habrá que determinar si puede ser “responsable” de lo ocurrido y ha denegado las alegaciones de los letrados del Gobierno. Sí que están como acusación ESK y LAB. En frente, los acusados han fichado algunos letrados muy conocidos como Jesús Urraza.

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