Vecinos contrarios al IBI denuncian a De Andrés por fraude y estafa
La cruzada contra el IBI “abusivo” emprendida por las asociaciones de vecinos llega a los tribunales. Más de una veintena de agrupaciones vecinales respaldan el escrito de denuncia, presentado por cuatro de ellas en nombre de todas, contra el Diputado General de Álava, Javier de Andrés y el de Hacienda, Aitor Uribesaldo. Les acusan de incurrir en los delitos de prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal, de fraude, según el 437 y de estafa, según el artículo 248, por negarse a actualizar el valor catastral de las viviendas y locales de Vitoria.
El desplome de los valores de mercado de los inmuebles registrado desde el 2007 no ha tenido su reflejo en las cuantías del IBI. Por ello los miembros de la plataforma, capitaneados por Guillermo Perea de Zazpigarren Alaba Auzo Elkartea, solicitaron de forma reiterada aunque sin éxito a las instituciones implicadas, Ayuntamiento y Diputación, la revisión del actual catastro “desfasado”. Para eliminar la distorsión entre el valor catastral y el valor de mercado, tras esa bajada en torno al 40% de los precios de los pisos, el colectivo reclamaba una revisión de los valores cuya última actualización se realizó en el año 2005.
Incluso les trasladaron un ultimátun a los grupos municipales, o reducían el 10% del tributo de cara al próximo año o de lo contario, acudirán a los tribunales para conseguirlo. “Se nos está cobrando mucho desde hace años. Deben recaudar pero con justicia social y no se está haciendo. Esto es muy grave y vamos a ir a por todas y si es necesario pleitearemos”, advertía Guillermo Perea. Aquella amenaza se ha cumplido. El factor desencadenante ha sido la tibia reacción del diputado general Javier de Andrés ante las peticiones de la plataforma. Se comprometió de forma pública, ante el clamor popular, a revisar el valor de los inmuebles de los ayuntamientos que lo solicitasen. Avisaba, eso sí, que las cuotas podrían subir.
Manifestación el 17 de mayo
Pero desde ese anunció no ha habido más novedades al respecto por parte de la Diputación. Por ello los miembros de la Plataforma por un IBI justo y equitativo se lanzan a los tribunales. En su denuncia contra la administración foral citan el artículo 12 de la norma foral. En ese apartado se establece que cuando circunstancias especiales pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores catastrales existentes y los de mercado, habrán de modificarse por la Diputación, bien de oficio o bien a instancias del Ayuntamiento, mediante una nueva ponencia de valores. “Pero el Diputado no ha dado pasos en ese sentido a pesar de que la ley le obliga”, explica Perea.
Los comparecientes concluyen en la denuncia que tanto Ayuntamiento y Diputación “han hecho oídos sordos” y han propiciado “el cobro indebido” de cantidades elevadísimas. De esta forma han obtenido una recaudación “indebida y fraudulenta” de más de 6 millones de euros anuales, lo que supone desde el 2008, año en que tocaba la última actualización obligatoria del IBI, una cantidad superior a los 42 millones de euros.
Los firmantes, que se han concentrado frente a los juzgados tras presentar la denuncia, trasladan un llamamiento a la ciudadanía para que participen de forma masiva en la manifestación convocada por el colectivo para el 17 de mayo.
