Asociaciones de mujeres se concentran para denunciar el “recorte de derechos” a las víctimas de violencia machista

La protesta se ha desarrollado bajo el lema 'El Gobierno no nos protege de la violencia machista. Eskubide sozialen defentzan (en defensa de los derechos sociales)', apoyada por Argilan, el Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo Argitan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak, Brujas y Diversas, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.

Según han explicado los convocantes, la movilización se ha desarrollado en el contexto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y en una “coyuntura de violencia machista sin precedentes”.

Su objetivo es “denunciar el recorte de derechos hacia las mujeres que suponen las diferentes legislaciones, decretos, criterios y resoluciones establecidas por Lanbide que dificultan, en la práctica, el acceso a las prestaciones sociales destinadas a las mujeres que sufren malos tratos”.

“Un año más, queremos recordar que la violencia machista también afecta a la esfera económica y estas prácticas, son una forma de violencia más”, han señalado.

En este contexto, han reclamado a Lanbide que no deje “desprotegidas” a las mujeres y, para ello, han pedido que “profesionales cualificados que acompañen los procesos de las mujeres y sean quienes decidan si la RGI es una herramienta que les permita salir de relaciones donde se está ejerciendo violencia contra ellas”. Asimismo, han solicitado que se admitan los informes de servicios sociales como “un medio igualmente válido” para acreditar la condición de víctima de violencia machista.

Los colectivos han censurado que Lanbide exige a las mujeres víctimas de la violencia machista “separarse legalmente o reclamar a través del juzgado pensiones para los hijos de inmediato”, pese a que, a su entender, deberían respetarse “los tiempos” y evitar “meter más presión” a estas víctimas.

También han advertido de que se exige a las mujeres que abandonen la vivienda “en un plazo de tiempo ridículamente corto” y, además, se les obliga a trasladar “información sensible en mesas atestadas de personas, sin respetar su intimidad”.

“Lanbide --han añadido-- exige a las mujeres dar pasos para los que no siempre están preparadas, a cambio de una prestación que les permita subsistir, generalmente a ellas y a sus hijos. Exigimos que no se penalice el ahorro ni el apoyo económico o residencial de terceras personas, si estos son una herramienta para facilitar la vida de estas mujeres”.

Por otro lado, han lamentado que el requisito de un año de empadronamiento deja “fuera” a las mujeres que “vienen huyendo de otras comunidades o que han sufrido cortes en el padrón”.

“MALTRATADAS Y EXPLOTADAS”

Finalmente, han subrayado que la violencia contra las mujeres no solo afecta a las que son maltratadas por sus parejas, sino también a quienes son “explotadas por un sistema que las esclaviza”.

En este sentido, han exigido que, antes de proceder a una suspensión por baja voluntaria en la Seguridad Social de una trabajadora de hogar, Lanbide “tome las medidas necesarias para verificar que sea voluntaria efectivamente y se coordine con la Seguridad Social para impedir que, además de que se vulneren sus derechos laborales, no se les permita acceder a la RGI como es su derecho”.