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El Ayuntamiento debe devolver el millón que cobró de más a las empresas

El Tribunal Superior de Justicia ha admitido la reclamación del SEA contra las modificaciones de la ordenanza fiscal aprobadas por el PP y EH Bildu en 2013 que conllevaron un incremento de casi el 20% en el Impuesto de Actividades Económicas.

El PSE-EE y el PNV reclaman explicaciones al concejal de Hacienda sobre cómo afectará la sentencia a las arcas municipales y si tendrá efectos sobre el ejercicio del 2014.

El equipo del Gobierno popular no ha desvelado aún si los servicios jurídicos del consistorio recurrirán el fallo del tribunal.

El Ayuntamiento de Vitoria debe devolver a las empresas al menos el millón de euros que cobró de forma indebida por el Impuesto de Actividades Económicas en el año 2013. El PP y EH Bildu aprobaron para ese ejercicio modificaciones en la normativa de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Actividades Económicas, unos cambios que implicaban, entre otras consecuencias, un incremento de casi el 20% en los recibidos que giró el Consistorio en ese concepto. Los cambios introducidos en el callejero de la ciudad, que pasaba de tener cuatro categorías de calles a tener  tres,  provocaban la subida de las cuotas debido a la alteración de coeficientes por la localización de las vías del dibujo del nuevo mapa.

El Sindicato Empresarial Alavés lo denunció ante los tribunales por entender que les perjudicaba gravemente y el tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a la patronal alavesa, según ha adelantado El Correo. Gracias a esta sentencia las empresas, a las que se cobró de más, podrán recuperar su dinero. Casi cuatrocientas empresas podían verse favorecidas por esta sentencia. Según estimaciones de la organización empresarial la cantidad a devolver asciende a un millón de euros aunque otras fuentes municipales apuntan que podría alcanzar hasta los tres millones.

"Pérdida de dinero para el ciudadano y de prestigio institucional"

El Ayuntamiento dispone hasta mediados de mes para recurrir el fallo del tribunal, aunque el equipo de Gobierno del popular Javier Maroto no ha desvelado sus intenciones. De momento el concejal de Hacienda Manu Uriarte deberá comparecer en comisión para explicar cómo va a repercutir el fallo judicial en las arcas municipales y si la orden del tribunal tendrá efectos también durante el año 2014.

El PSE-EE y el PNV han criticado con dureza al Gobierno y la formación abertzale por las graves consecuencias de su acuerdo. Los socialistas han ido más allá y han pedido la dimisión del concejal de Hacienda. "Esperamos que caigan en la tentación de prolongar el asunto presentando un recurso que no se resolverá en años y así dejarán el impacto en manos de otros. Deben asumir responsabilidades y presentar su dimisión", ha exigido Patxi Lazcoz. El portavoz socialista ha aconsejado al equipo de Gobierno que inicie negociaciones con la patronal para que la devolución del dinero a las empresas "cause el menor impacto posible a las arcas municipales".

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