Azpiazu cree que hay buenas razones para las finanzas sostenibles“ y que la idea de sostenibilidad ”se ha abierto paso“

El consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha afirmado que hay “buenas razones” para impulsar las finanzas sostenibles y ha indicado que la idea de la sostenibilidad “se ha abierto paso y se ha convertido en un referente universal”.

Azpiazu ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, en la clausura de la tercera edición de la cumbre Biscay ESG Global Summit, donde se han analizado las claves y el futuro de la inversión ESG. En su discurso, ha recordado que en Euskadi hay una “larga tradición” en el compromiso con la responsabilidad social empresarial y ha destacado el papel de las instituciones vascas y también de entidades privadas.

El consejero ha destacado que, aunque “ha costado lo suyo”, la idea de sostenibilidad “se ha abierto paso y se ha convertido en un referente universal de la mano de la formulación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”.

Asimismo, ha indicado que también se ha convertido en “un referente esencial” para el Gobierno Vasco, “cuyo compromiso viene de muy atrás”. Azpiazu ha afirmado que en la presente legislatura se ha dado “un paso bien significativo” al formular su propia Agenda Basque Country 2030, con la que el Gobierno “focaliza su acción política en torno a los ODS”.

Azpiazu ha destacado que el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado recientemente un análisis de las Comunidades Autónomas a través de 200 indicadores que se aproximan a las Metas de los ODS y Euskadi “ocupa un liderazgo indiscutible” en términos sintéticos y también en la mayoría de los 17 ODS.

No obstante, ha apuntado que también cuenta “con algunas sombras con apartados mejorables o muy mejorables como son los Ecosistemas y la Energía”. “Ya los indicadores de la estrategia 2020 nos habían llamado la atención sobre la baja cuota de las energías renovables, por lo que esto no nos coge del todo por sorpresa”, ha añadido.

Por tanto, ha señalado que el Gobierno tiene que seguir perfeccionando su modelo de planificación y de políticas dentro de este marco para monitorizar su progreso y tomar medidas correctivas para mejorar.

En su intervención, ha explicado la experiencia del Gobierno con las finanzas sostenibles a través de las emisiones de deuda, en particular a partir del primer Bono Sostenible Euskadi 2018, que ha tenido continuidad en 2019. Según ha añadido, ese compromiso de acción ha surgido porque “venía abonado por otro más amplio en favor de la sostenibilidad mantenido por el conjunto del Gobierno”.

“PALANCA TRANSVERSAL”

Azpiazu, que cree que la idea de finanzas sostenibles “cuesta mucho más penetrar en la mentalidad de la gente en general”, ha afirmado que el crecimiento económico y la transformación estructural de la economía está dirigida por la financiación y considera que “atraer financiación hacia inversiones que procuran beneficios medioambientales y sociales puede constituir una palanca transversal de enorme impacto para la consecución de los ODS”.

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el emisor pregunta, “si obtiene ventajas en costes, lo que de entrada no tiene una respuesta evidente”.

“Por eso, al final los que hemos abrazado las finanzas sostenibles lo hemos hecho sin duda en alguna medida movidos por la convicción y porque encaja con nuestra visión del mundo, pero no por ello deja de ser cierto que el momento determinante de la decisión pasa por la comprensión de que esto no trata sólo de nosotros sino de cómo está cambiando el mundo exterior, y de que ese cambio a la larga nos va a demandar a todos estar a la altura”, ha apuntado.

Azpiazu ha señalado que en el ámbito del sector público hay una “dificultad añadida”, que deriva de que las administraciones funcionan con un principio de “unidad de caja y de cuentas, donde no hay ingresos finalistas”.

“Esto dificulta la percepción de la contribución de las finanzas a la sostenibilidad, e incluso a veces suscita en algunos representantes políticos infundados temores de que las inversiones medioambientales y sociales vinculadas al bono queden sujetas a algún tipo de condicionante de los mercados”, ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que también hay que considerar las dificultades de gestión añadidas que vienen “por un conjunto de regulaciones que obligan y que imponen determinadas cargas que hay que asumir”, lo que “tiene a menudo un claro efecto disuasorio”.

No obstante, cree que hay “buenas razones” por las que los inversores privados muestren sensibilidad medioambiental en sus decisiones, ya que, “frente a la llamada 'tragedia del horizonte' por la que los efectos quedan fuera del alcance temporal de las inversiones, hoy se aprecia que si se cumplen determinados compromisos de la lucha contra el cambio climático muchos activos pueden quedar sin valor, lo que se denomina activos varados (stranded assets)”.

Azpiazu ha indicado que los Bonos Verdes “no nacieron por tanto como un producto de la solidaridad intergeneracional, sino de una genuina preocupación de mercado por el riesgo”.

El consejero, que ha recordado que de la combinación de los bonos verdes y los sociales, que “han llegado más recientemente”, ha surgido el concepto de Bonos Sostenibles, ha afirmado que esta figura del Bono Sostenible es a la que responden las emisiones del Gobierno Vasco.

Azpiazu ha explicado que en la distribución de activos elegibles llevada a cabo el peso de la parte social ha sido de un 81% y el de la medioambiental un 19%. Según ha manifestado en sus contactos con inversores, hay quien se decanta claramente por los Bonos Verdes o por los Bonos Sociales, pero también “con la experiencia de emisores consolidados que defienden la opción de los Bonos Sostenibles”.

“Esta es una cuestión abierta para el futuro, aunque para el Gobierno su distribución del gasto y su bajo nivel de necesidad de financiación entraña una dificultad para llegar a emisiones benchmark en cada uno de los tipos de bonos”, ha dicho.

Además, ha explicado que en el informe de asignación de 2018 se recoge cómo se han priorizado las inversiones verdes respecto al marco inicial, de manera que han representado el 32,4% de los 500 millones emitidos.

En el informe de impacto, que están obligados a presentar, se recogen los indicadores para los distintos proyectos, que en el caso de los sociales, según ha indicado, se expresan normalmente en número de beneficiarios, y en el de los verdes en indicadores diversos, pero entre los que sobresalen la reducción de emisiones que se cifra en la no emisión de 60.585 toneladas de CO2.

Asimismo, ha indicado que el análisis de impacto también ha estimado el valor añadido y el empleo vinculados directa e indirectamente a los programas de gasto elegidos, impacto que se cifra en 200 millones de valor añadido y en 8.400 empleos.

Asimismo, ha incidido en que los inversores demandan y merecen un alto nivel de transparencia y todos están “obligados a proporcionársela y a no decepcionarles” porque de ello depende “todo el futuro de la financiación sostenible”.

Azpiazu ha indicado que todavía hay un estado de regulación “claramente insuficiente” porque no se cuenta con una “clara determinación de los estándares”. “Afortunadamente la Comisión Europea se ha puesto manos a la obra a partir de su plan de acción para Financiar el Desarrollo Sostenible adoptado en marzo del año pasado”, ha añadido.

A su juicio, se abre un “campo enorme de avance” que, aunque en principio se va limitar a los bonos verdes, supone que se va a contar con un “marco más claro en una triple dimensión” la de clasificar las actuaciones susceptibles de ser consideradas, la de definir los estándares de los bonos y la de desarrollar indicadores comparados de la huella de carbono de las inversiones.