Barakaldo paraliza la adjudicación del contrato de vigilancia en colegios tras el recurso de una de las empresas

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha dado a conocer este miércoles que una de las empresas que optaba a gestionar el servicio de vigilancia en centros educativos, salas de estudios, casas de cultura (servicio de conserjes) ha interpuesto un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), de manera que la adjudicación del contrato se paralizará durante un máximo de dos meses, tiempo en el que el órgano estudiará las alegaciones presentadas por la empresa y emitirá una resolución.

En cualquier caso, el equipo de Gobierno del PNV ha asegurado que el servicio de vigilancia seguirá prestándose “con total normalidad para la ciudadanía, controlando, entre otras cuestiones, el programa de Patios Abiertos”.

El Ejecutivo local ha explicado que, al parecer, la empresa que ha realizado el recurso alega que “se solicita un servicio de vigilancia sin exigir que las empresas que lo prestan estén dadas de alta en el servicio de empresas de seguridad del Estado, que son aquellas que prestan servicio de Seguridad Privada y pueden portar armas”.

En este caso, han precisado los responsables municipales, el servicio que saca a la licitación el Ayuntamiento es “un servicio de Vigilancia, en el que bajo ningún concepto los vigilantes pueden prestar el servicio con armas, ya que se encuentran en centros educativos y culturales”.

El OARC tiene ahora un plazo máximo de dos meses para estudiar el recurso y ver si da la razón o no a la empresa. En caso de que el OARC rechace el recurso, el Ayuntamiento formalizará la adjudicación del servicio de vigilancia.

El gobierno municipal ha señalado que la interposición de recursos ante la OARC “se ha convertido en una práctica habitual entre las empresas que pretenden optar a gestionar un servicio o realizar una obra”. El OARC fue creado en 2011 por el Gobierno vasco, con la vocación de atender la totalidad de recursos especiales en materia de contratación, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en contratos de su competencia.

Se trata de un servicio gratuito para las empresas, que actúa y decide con mayor rapidez que un juzgado, por lo que las empresas que optan a contratos públicos hacen uso de él. Desde el ejecutivo jeltzale han indicado que, en lo que va de legislatura, se han interpuesto once recursos frente al OARC, uno de ellos el referido al contrato de vigilancia de centros escolares, salas de estudios y casas de cultura, mientras que “en la anterior legislatura, con gobierno socialista, las empresas que optaban a gestionar los contratos municipales presentaron 14 recursos ante la OARC”.