El CES vasco pide “una efectiva articulación” de ayudas para los propietarios que deban hacer obras derivadas de la ITE

El Consejo Económico y Social vasco (CES) considera necesario que se realice una “efectiva articulación” de un sistema de ayudas económicas para apoyar a los propietarios “en dificultades” para la financiación de las obras de reparación derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, la denominada ITE.

El Consejo ha hecho público este martes su dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma Vasca y el Registro de Inspecciones Técnicas, remitido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, cuya tramitación considera “adecuada”.

En función de los datos aportados por el CES, la antigüedad media del parque inmobiliario del País Vasco es de 42 años y en 2020 el 64% de los inmuebles, alrededor de 90.000 edificios, superará el medio siglo desde su construcción. Este año, en 2018, más de 66.000 edificios deberán realizar la Inspección Técnica de Edificios, la denominada ITE.

El Consejo recuerda que “el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada está estrechamente vinculado a las condiciones del edificio en el que se ubica” y añade que los datos de antigüedad evidencian la necesidad de que se acometan las inspecciones necesarias. Por ello, acoge “positivamente” el proyecto dictaminado, sobre el que realiza, no obstante, algunas consideraciones.

El CES señala que el decreto establece que deben someterse a la ITE los edificios de más de 50 años de “uso predominantemente residencial”, una definición que “genera dudas y dificultades de comprensión respecto a su aplicación en inmuebles con otros usos, además del residencial”.

Para estos casos, el Departamento se remite al planeamiento municipal que recoge el uso característico del emplazamiento donde se ubica el edificio. Al CES “no le parece adecuada” esta opción porque, según explica, inmuebles en confluencia de uso similar podrían recibir “un trato desigual según el municipio en que se encuentren”.

Por este motivo, pide al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que “haga un esfuerzo por delimitar en el propio texto del Decreto el concepto de ”uso predominantemente residencial“ mediante el establecimiento de criterios ”claros“ para la determinación de los edificios en los que, a los efectos de la norma, el uso residencial debe considerarse el ”predominante“.

SANCIONES Y AYUDAS

Asimismo, el Consejo señala que el régimen de control y sanciones es una cuestión de “especial interés” para el cumplimiento efectivo del objetivo de la norma, de modo que “se acometan en tiempo y forma las inspecciones pertinentes y se ejecuten las intervenciones necesarias”.

“No obstante, observamos que ese régimen está casi ausente”, indica el dictamen, que subraya la “ausencia” en el decreto “de un sistema ordenado de control de las inspecciones, dejándolo a la discrecionalidad de los ayuntamientos”.

Por otra parte, el Consejo entiende necesaria la “efectiva articulación de un sistema de ayudas económicas para apoyar a las personas propietarias en dificultades para la financiación de las obras de reparación que resulten de la ITE”.

También sugiere que, entre los componentes que se deben inspeccionar, se indiquen expresamente aquellos elementos adicionales, “como cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales que son susceptibles de aparecer en fachadas y cubiertas y cuyo mal estado o defectuosa sujeción pueden ocasionar accidentes con consecuencias graves”.

Por último, el dictamen propone que el decreto incorpore la obligatoriedad de entregar una copia del informe de la ITE en las transmisiones de propiedad de viviendas, “dada la relevancia de la información contenida en este informe”.