“La cadena perpetua es una pena de muerte encubierta”

Oriol Rusca (Barcelona, 1961), vicepresidente de la Abogacía española, Oriol Rusca, y decano del Colegio de Barcelona, el segundo más importante en España tras el de Madrid con 26.000 abogados, ha notado un cambio más que notable -“abismal”, asegura- con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero queda mucho por desandar y es muy crítico con algunas de las reformas realizadas por la mayoria absoluta del Partido Popular: la 'ley mordaza', que considera “absolutamente infumable”, o la instauración de la prisión permanente revisable, que considera es “una cadena perpetua y, en el fondo, es una pena de muerte encubierta”.

Muy crítico con las visiones exclusivamente mercantilistas del trabajo de los abogados, defiende que “la Abogacía no es mercado, ni los derechos de los ciudadanos son mercancías” y al igual que Carlos Carnice, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía -que ha celebrado esta semana su XI Congreso en Vitoria- considera que “cada despacho de abogados debería ser una oficina de defensa de los Derechos Humanos”. Sobre el nuevo Código Penal afirma que la reforma “no solo es innecesaria, sino que es retrógrada porque las restricciones de derechos son brutales”.

¿Han notado cambios de calado tras la llegada de Rafael Catalá al Ministerio de Justicia?

Con el nuevo ministro Catalá, el cambio ha sido abismal, frente a Alberto Ruiz-Gallardón. Y no solo por sus palabras, sino también por sus hechos, evidentemente no estamos de acuerdo con todo. La reforma del Código Penal no solo es innecesaria, sino que es retrógrada porque las restricciones de derechos son brutales. Que España tenga, gracias a este Gobierno, la prisión permanente revisable, que es un cadena perpetua y, en el fondo, es una pena de muerte encubierta, es absolutamente retrógrado. En este caso hemos ido claramente para atrás. El tema de la 'ley mordaza' es absolutamente infumable, toda vez que las herramientas que necesita el Estado para poder luchar contra las nuevas formas de terrorismo son muy puntuales: básicamente el tema de nuevas tecnologías y todo el tema del yihadismo. No era necesario esta reforma en profundidad que se ha hecho sencillamente aumentando penas.

¿Por qué hace esto el Gobierno del PP?

Es que es este Gobierno y todos los demás. El Código Penal se ha reformado 27 veces desde el año 1995 hasta ahora y todas las reformas han sido absolutamente demagógicas. No han ido a solucionar problemas de la gente, sino a intentar demagógicamente contentar a todo el mundo. Además, no tiene coste económico, y lo único que hacen es empeorar la situación de las personas y es una falta de respeto claro a su dignidad. La estadística revela que España es el tercer país por la cola en número de delitos -que además se están reduciendo alrededor del 7% desde 2012- en cambio somos el país que tiene más gente en prisión y con el Código más restrictivo de derechos. Estamos peor que nunca, peor incluso que en el Código Penal de Franco del 44 y del 73, lo cual me parece absolutamente demencial. Que se utilice el derecho penal, que es el que afecta a los derechos fundamentales de las personas, en avatares puramente de política de partido y de temas electorales totalmente perentorios me parece absolutamente fuera de lugar y no propio de un Gobierno con responsabilidades de futuro y visión de país. Y repito no es tanto cuestion del PP, como de todos los últimos gobiernos que hemos tenido desde el año 95 hasta ahora.

Por eso, tal vez, cobra más sentido la frase formulada en la inauguración en Vitoria del XI Congreso de la Abogacía española por su presidente, Carlos Carnicer, de que “cada despacho de abogados debería ser una oficina de defensa de los Derechos Humanos”.

Lo tenemos que ser. La Abogacía, en la medida que es una profesión, no es una entidad puramente mercantilista, sino que hay algo más. No solo estamos para ganar dinero, estamos dando un servicio a la sociedad y en nuestras manos tenemos un material sensible: los derechos y las libertades de los ciudadanos. La Abogacía no es mercado, ni los derechos de los ciudadanos son mercancías. De la misma manera que repugna a todo el mundo que un médico no atienda a un señor que se está muriendo por un infarto porque ese señor no tiene dinero y no le va a pagar, pues igual con el abogado porque vamos más allá de lo puramente económico y especulativo. Son profesiones de servicio a la sociedad y a los demás. Y la defensa de esos derechos la tienen que hacer también los jueces y los fiscales.

Carlos Carnicer fue duro con la herencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Un buen ejemplo de esas críticas fue el tratamiento de la justicia gratuita, la que afecta a las personas sin recursos. Denunció los “indignos retrasos” y “recortes económicos”.

Recortes económicos, además, que ha habido en todas partes. La justicia gratuita es uno de los elementos que el Estado social tiene que tener como bandera. El Estado debe dar una cobertura a aquellas personas que no tienen recursos suficientes para ir a los tribunales. Pero claro, como piensan que esos pobrecitos no tienen medios y además como deben votar poco o no votan, pues no les preocupan. Y depositan más en el voluntarismo de los abogados el hecho de que les puedan defender, que no en dar una respuesta digna hacia este servicio que se está haciendo hacia el ciudadano. Y de los abogados piensan: “da igual, estos ya lo harán, seguro”. Cuando hablábamos de este tema con el entonces ministro Gallardón lo que inducía a pensar su reforma es que los abogados intentábamos alargar los casos y hacer recursos para cobrar el máximo, que están pagando a dos euros la hora, que ya me dirás, y la presunción, en segundo lugar, de que los ciudadanos también defraudaban. Pedimos un mínimo de dignidad con este asunto, nada más.

Bueno, piden algo más. En esa reclamación de un gran pacto de Estado por la Justicia quieren que se les escuche.

Por lo menos que podamos dar nuestra opinión. Las decisiones politicas las toman los políticos en base a la legitimidad que tienen de unas urnas, pero en las decisiones puramente técnicas nadie sabe más que los jueces, fiscales y abogados. Con este ministro, la verdad es que se ha conseguido bastante: nos pregunta todo, hablamos con él y es muy cercano y asequible.

En su intervención en el congreso, el ministro Catalá habló del diálogo como el instrumento para solventar las diferencias y dijo que había “objetivos convergentes fruto de diagnósticos compartidos” para estas reformas, algunas aun pendientes y otras aparcadas.

Con lo que no estamos de acuerdo muchas veces es con las soluciones que proponen, pero los problemas están detectados.

Pero hay asignaturas pendientes: la regulación de los colegios profesionales, etc.

Se tiene una idea equivocada de que los que representamos a un colegio somos corporativistas, endogámicos y casi autistas. Y no es cierto. Cuanto más fuerte es un abogado más fuerte es el servicio público que se da al ciudadano para defender sus derechos. La ley de servicios profesionales y el resto de reformas pretenden importar el modelo americano a Europa, especular con el Derecho, quitar el sentido social de la profesión. Y va en contra de nuestros valores. Y que no me digan que ese es el futuro: ¡Será el futuro de ellos!

El Rey hizo una demanda a los juristas para que tengan sensibilidad ante las situaciones a las que ahora se están enfrentando los ciudadanos y reclamaba de ustedes un compromiso con el fortalecimiento del modelo de convivencia.

Yo no sé la intención del Rey con esas palabras, pero interpreto que lo que quiere decir es que no podemos perder nuestra cultura y valores de la Europa de siempre, de servicio al ciudadano. Hay que ir más allá que las normas del mercado, vaya.

Viendo que el congreso giraba en torno a las nuevas tecnologías y los abogados 3.0, había una petición de que el expediente judicial electrónico sea ya una realidad después de tantos retrasos.

Esto tiene que ser una realidad ya. A mí me gusta el compromiso del ministro de que a partir de enero el expediente judicial va a funcionar. Es esencial.