Condenado un matrimonio y tres familiares a 7 años de cárcel por prostituir a inmigrantes y explotarlas laboralmente

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un matrimonio y a tres familiares suyos a un total de siete años de cárcel por prostitución y explotación laboral a tres extranjeras irregulares “que sufrían condiciones de penurias”, sin arraigo en España y que carecían de perspectivas laborales. Además, les imponían unas condiciones “abusivas” para ejercer la prostitución.

Los cinco condenados deberán pagar a tres víctimas, que declararon en calidad de testigos protegidos en el juicio, con un total de 10.500 euros.

La sentencia considera probado que, al menos desde el año 2011, una mujer y su marido, que respondían a los alias de 'Marcela' y 'Gary', respectivamente, el hijo de ella, su hermana ('Lucy) y su sobrino (Jony), “actuando de mutuo acuerdo, en unidad de propósito y con ánimo de ganar dinero a costa de la intermediación entre clientes”, buscaban mujeres en situación de necesidad para mantener relaciones sexuales.

Los acusados gestionaban y dirigían, de esta forma, varias “casas de citas” en Bizkaia. Su actividad la publicitaban a través de anuncios en prensa que también servían como reclamo de mujeres en busca de empleo.

Las casas de citas las tenían en una vivienda y una lonja de la calle Ramón y Cajal de Bilbao, en un domicilio de la calle Pintores Zubiaurre, también de la capital vizcaína, y en la calle Portu de Barakaldo.

Marcela y Gary controlaban directamente la actividad en la calle Pintores de Zubiaurre, donde residían, y supervisaban los otros inmuebles mediante visitas de control y llamadas telefónicas a las mujeres.

Por su parte, el hijo de Marcela era responsable de la actividad desarrollada en la lonja calle Ramón y Cajal, mientras que Lucy supervisaba lo que ocurría en el domicilio de la misma calle, y Jony se encargaba del piso de Barakaldo.

OBTENCIÓN DE MAYOR LUCRO

La resolución judicial destaca que los acusados obligaban, “a su antojo, a las mujeres a trasladarse de un piso a otro por temporadas con la finalidad de obtener un mayor lucro mediante la renovación continua de las personas con las que comercializaban”.

Las mujeres a las que los acusados alojaban eran extranjeras en situación irregular en España, carentes de permiso de residencia y trabajo, “que sufrían condiciones de penuria derivadas de las cargas familiares que, en caso de algunas, implicaban el debido sustento de sus hijos en el país de origen”.

Estas mujeres carecían de perspectivas laborales en el Estado español, en el que no tenían arraigo, “llegando al punto de que el ejercicio de la prostitución se les presentaba como única opción a su alcance”. Esta situación era aprovechada por los acusados para la imposición de unas condiciones “manifiestamente abusivas” en el ejercicio de la prostitución.

RELACIONES SEXUALES “A CUALQUIER HORA”

Las mujeres que han declarado como testigos protegidos han relatado que vivían y pernoctaban en los citados inmuebles, eran obligadas a prestar los servicios sexuales a cualquier hora del día, sin más criterio que el antojo de los acusados, y debían entregar a los acusados la mitad del dinero obtenido por mantener relaciones sexuales“.

Éstas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social “ni los acusados concertaron ningún seguro privado que cubriera, aunque fuera mínimamente, las contingencias sufridas en el desarrollo de la actividad, estaban sujetas a un horario maratoniano, descansando solo entre una y tres horas diarias con un día libre a la semana”.

Además, se encontraban en condiciones de hacinamiento, ya que compartían siete u ocho personas la misma habitación para dormir. La posibilidad de que las mujeres salieran a la calle quedaba, en todo caso, condicionada a que los pisos no quedaran vacíos.

Durante el juicio declararon tres testigos protegidos. Una de las tres mujeres contactó con un amigo de Marcela en julio de 2011 y se prostituyó durante tres meses. Las otras dos contactaron a través de un anuncio de periódico y ejercieron la prostitución, una durante al menos dos meses y la otra durante más de un año, pero no de manera continua.

Por ello, la Audiencia vizcaína cree que los acusados han cometidos tres delitos de prostitución y uno de explotación laboral. De esta forma, impone a cada uno de los cinco acusados seis meses de cárcel por el segundo de los delitos, mientras que impone a tres de ellos (a Marcelina, Gary y su hijo), además, la pena de medio año de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución. Además, deberán indemnizar a las víctimas con un total de 10.500 euros, 9.000 por prostituirlas y 1.500 por explotarlas laboralmente.