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El Consejo social cree que las ayudas de alimentación impuestas por Maroto vulneran derechos básicos

Este órgano compuesto por cerca de 30  agrupaciones sociales, empresariales y sindicales recoge en un informe que el uso de un tarjeta  para canjear la ayuda municipal por alimentos "criminaliza la pobreza y favorece la estigmatización".

Añade que esta modalidad impuesta por el PP sin contar con la opinión de los trabajadores sociales "lesiona principios básicos amparados por la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Sociales y la propia Ley de Servicios Sociales".

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El Consejo social de Vitoria, un órgano compuesto por cerca de 30  agrupaciones sociales, empresariales y sindicales, ha cargado en un informe contra la modalidad elegida por el Gobierno del Javier Maroto para entregar las ayudas de alimentación a los más desfavorecidos. Asegura que vulnera "derechos básicos, criminaliza la pobreza y favorece la estigmatización". 

Hace cinco meses que el Gabinete popular decidió sustituir el importe en metálico que reciben los beneficiarios de ayudas de alimentación por un importe a crédito incorporado a una tarjeta a canjear en un supermercado.  Con esta medida se pretendía, tal y como declaró la concejala de Asuntos Sociales, garantizar el control de las prestaciones y "expulsar así a quien se aproveche del sistema". Pero la implantación del nueva fórmula no ha hecho sino cosechar un reguero de críticas a las que ahora se suma el Consejo Social. Esta agrupación es tajante en su balance. Asegura que la decisión del Gabinete de Javier Maroto de ingresar "lesiona principios básicos amparados por la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Sociales y la propia Ley de Servicios Sociales".

Añade además que el equipo de Gobierno no ha hecho públicos los datos que obligan a tomar tal decisión y censura que se utilicen argumentos y opiniones “sesgadas, generalizadoras y culpabilizadoras con las personas que están en situación de exclusión, poniendo nuevamente la alarma en el supuesto fraude en el cobro de las prestaciones sociales”.

La concejala de Asuntos Sociales considera que lo recogido en el  informe del Consejo Social son «meras opiniones sin argumentos de peso». «Ellos tienen que determinar si es legal o no la medida y si cubre su objetivo, no si les parece bien o no», critica la edil del PP.

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