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El Constitucional suspende la regulación de los clubes de cannabis impulsada en Euskadi

El Tribunal admite el recurso del Gobierno central contra la Ley vasca de Adicciones

Demantelada una plantación de 1.000 plantas de marihuana en una nave industrial de Arrigorriaga

Momento de la demantelación de una plantación de marihuana en Arrigorriaga

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra el artículo 83 de la Ley vasca de Adicciones, el que rgula el funcionamiento de losa clubes de cannabis.  La presentación o no de recurso contra esta Ley fue objeto de negociación entre los gobiernos vasco y central a lo largo del mes de enero, pero finalmente el Ejecutivo de Rajoy decidió impugnarla.

La Ley de Adicciones y Drogodependencias pretende prevenir las adicciones y reducir la oferta de drogas, y en el caso concreto de los clubes de cannabis regula estas entidades para darles seguridad jurídica. Por eso, la norma estipula que los clubes deberán estar “legalmente registrados”, “sin ánimo de lucro” y “constituidos por personas mayores de edad”.

El texto recoge también que los clubes deben establecer “reglamentariamente” las condiciones de admisión a personas socias y que “únicamente podrán acceder a sus locales las personas mayores de edad”. A pesar de reconocer que el cannabis "no es una sustancia inocua y puede tener efectos nocivos para la salud", el texto entiende que los clubes de cannabis se “revelan, a día de hoy, como organizaciones que pueden contribuir con su experiencia en el camino para una regularización de sus actividades, combinando el respeto a las libertades individuales con la necesaria protección a la salud".

El Gobierno central sostiene que este tipo de regulaciones corresponden  en exclusiva al Estado. Así, entiende que “en cierta forma” con la redacción de la normativa vasca “se legalizan o destipifican conductas que están recogidas en el Código Penal como delitos contra la salud pública”.

El Tribunal Constitucional ha destacado que la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen "anticipo alguno" del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el TC resolverá en próximas fechas.

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