Corrugados Azpeitia deberá devolver cinco millones por despedir trabajadores
La empresa Corrugados Azpeitia, que ejecutó en 2012 un ERE de extinción de 60 empleos declarado nulo por los tribunales, deberá devolver al Gobierno vasco los cinco millones de un préstamo participativo que el Ejecutivo concedió a cambio de que la empresa guipuzcoana mantuviera la actividad y el empleo en Euskadi y realizará un plan de viabilidad que incluyera una mejora en su gestión y una política de internacionalización.
El Gobierno vasco ha acordado en su reunión de hoy reclamar la citada cantidad por “incumplir sus compromisos” de mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskad, según ha revelado el portavoz, Josu Erkoreka, tras finalizar la reunión habitual del consejo de Gobierno.
La historia de este préstamos de cinco millones se remonta a 1 de enero de 2012, cuando la empresa Corrugados Azpeitia suscribió, a través del Consejo vasco de Promoción Económica, un préstamo participativo para operaciones industriales de especial relevancia. El préstamo iba ligado a un pliego de condiciones en el que la empresa guipuzcoana se comprometía a cumplir en su plan de viabilidad tres condiciones: la mejora de la gestión por parte de la empresa, la elaboración de una política de internacionalizacion y, en tercer lugar, el mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskadi.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que, seis meses después de que se suscribiera ese compromiso, la empresa presentó un ERE de extinción y despido que incluía a 60 trabajadores. El ERE fue declarado nulo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se afirmaba con rotundidad la “falta de voluntad negociadora” de la empresa y el incumplimiento “de las exigencias derivadas de la buena fe”, según ha recordado el propio Erkoreka.
El Gobierno no aclara si hay casos similares
El Ejecutivo, tras más de un año de reclamaciones y recursos, ha dado este martes el “último paso” y ha declarado “incumplidos” los compromisos adquiridos de mantenimiento de la actividad y el empleo en Euskadi y, por tanto, solicitar a la empresa el reintegro del importe del préstamo participativo que recibió.
Lo que no ha aclarado Erkoreka es si esta decisión “motivada y argumentada” se puede hacer extensiva a otras empresas con situaciones muy parecidas en Euskadi, que se han beneficiado de préstamos, inyección directa de dinero u otro tipo de ayudas y luego o han deslocalizado su producción, han ejecutado EREs al amparo de la reforma laboral aprobada por el PP o han incumplido condiciones similares a las del caso de Corrugados Azpeitia.
