Un alto cargo de Educación del Gobierno vasco, denunciado por presionar al instituto de su hijo para que fueran “flexibles” con sus notas

La directora de un conocido instituto público de Secundaria de Vitoria denunció el pasado verano a un alto cargo del Departamento de Educación, Jon Agirre Huerga, responsable de Gestión de Personal, ante la Comisión de Ética del Gobierno vasco por las “presiones continuadas” que aparentemente ejerció el cargo público para que ella y los docentes del centro fueran “flexibles” con la evaluación de su hijo. Este organismo, que vela por el cumplimiento del código ético que firman todos los responsables políticos de la Administración autonómica vasca, no le dio credibilidad y decidió desestimar la queja por el “nulo material probatorio suministrado” para respaldar las acusaciones.

La funcionaria del instituto, ubicado a escasos metros de la sede central del Gobierno vasco en Vitoria, hizo constar que las “presiones” sobre el expediente concreto del hijo de Agirre se produjeron por teléfono, por correo electrónico y en reuniones presenciales “invocando en más de una ocasión el cargo que ocupa, es decir, recordando su condición de director”. Fuentes consultadas por este periódico confirman que ese malestar existió en el centro en el tramo final del pasado curso académico, el 2018/2019, y que la directora hace de portavoz de un grupo más amplio de profesores afectados por los hechos por negarse a ser “flexibles”. Sin embargo, ni el instituto ni en Educación han atendido a la solicitud de más información realizada por este periódico.

Según la Comisión de Ética, que dio audiencia al denunciado, las pruebas aportadas por Agirre, entre ellas correos electrónicos cruzados con el centro, son sólidas. “Mi relación con el equipo directivo del centro –alega el responsable de Personal de Educación– ha sido en todo momento correcta, respetuosa y siempre utilizando mi papel exclusivamente de progenitor, omitiendo en todo momento cualquier mención o alusión al cargo que ostento, como se puede observar en todos y cada uno de los correos que he enviado al centro”. Añade que, dadas sus circunstancias, trató de “minimizar” su relación con el institución y delegando lo máximo posible en la madre del estudiante.

La resolución de este comité así lo entiende también. Incide en que los 'emails' no vienen firmados con el cargo e incide en que, “por lo que respecta al tono en el que se produce esa correspondencia, tampoco se advierte en los escritos firmados por la persona objeto de denuncia, sesgo impositivo, amenazador o intimidatorio alguno”. “Antes al contrario, todas las misivas remitidas en su nombre al centro, o a algunos de sus responsables, son correctas, comedidas y respetuosas”, resuelve la Comisión de Ética, que aprecia incluso expresiones de “cortesía” en los escritos y concluye que, sin pruebas en sentido contrario, todo apunta a que así de corteses fueron también las reuniones presenciales y telefónicas, aunque no se ha investigado. “El escrito de queja constituye un documento sencillo y breve, que carece de soporte documental”, remacha la resolución.

Y se añade: “No se nos oculta que el hecho de que la persona objeto de denuncia fuera titular de un cargo público del Gobierno vasco, algo que era perfectamente conocido por la plantilla del centro sin necesidad de que él lo invocase de manera expresa, pudo estar latente en muchas o incluso en todas las conversaciones que mantuvo a propósito de la situación académica de su hijo, generando en sus interlocutores la sensación subjetiva de inquietud, e incluso de temor, al que se refiere el escrito de queja. Pero, como señala el interesado en su escrito de alegaciones, tampoco era posible disimular u ocultar esa circunstancia. Y, ciertamente, como ya se ha argumentado, la documentación analizada no permite colegir que, en su relación escrita, la persona objeto de denuncia insistiera en recordar ese dato más allá de lo que ya era notorio y evidente para todo el personal del centro”.

En un momento de la resolución –el documento es público pero muchos de sus datos esenciales para su comprensión han sido eliminados por lo delicado del tema y por la ley de protección de datos– se sugiere que la denuncia se ha hecho extensiva también a la Delegación de Educación de Álava, dirigida por Blanca Guerrero. Nuevamente, ni el instituto ni Educación han querido ofrecer más explicaciones al respecto ante las preguntas de este periódico. Las fuentes consultadas, en cambio, explican que el problema se ha resuelto por la vía de los hechos: el alumno ha sido trasladado de centro.