Álava abre la puerta a una “redistribución competencial” en el País Vasco
La ponencia creada en el Parlamento vasco para analizar las duplicidades e ineficiencias del modelo institucional vasco conoció ayer la posición de la Diputación de Álava, el único ente foral que quedaba por remitir sus alegaciones al documento de duplicidades aprobado por el Ejecutivo vasco en marzo. Javier de Andrés, tras el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, arrancó con una crítica al informe presentado por el Gobierno vasco por endosar responsabilidades al Ejecutivo central sobre la invasión de competencias en Euskadi de manera genérica y sin fijarlas. Fueron declaraciones realizadas en el exterior ante los periodistas.
Pero en el seno de la ponencia, que se celebra a puerta cerrada, y a preguntas de la secretaria general de su partido en Euskadi, Nerea Llanos, De Andrés admitió la posibilidad de una “redistribución competencial” en el País Vasco, algo que previsiblemente tendrá lugar en el momento que se apruebe la futura Ley Municipal vasca, cuya impulso pidieron tanto Maroto como De Andrés. El diputado general y 'número tres' del PP vasco reiteró su petición de que se modifique la Ley de Aportaciones para que también quede asegurado que cada institución tiene financiación para desarrollar las competencias que tenga finalmente atribuidas.
Las alegaciones alavesas, remitidas ayer al Gobierno, tienen un marcado carácter “técnico”, según admitieron fuentes cercanas al diputado general alavés. Sin embargo, Javier de Andrés aprovechó su comparecencia para lanzar una andanada política contra el diagnóstico realizado por el actual Gobierno en su estudio.
El Gobierno vasco, inicialmente, en el informe remitido a la ponencia en marzo pasado no cuestionaba “la validez del modelo que configura la arquitectura institucional vasca” -marcado por la Ley de Territorios Históricos (LTH)- y consideraba que buena parte de los problemas, en realidad, se habían creado por la negativa del Gobierno central a desarrollar el Estatuto y culminar las transferencias pendientes.
De Andrés tildó el estudio de “autocomplaciente”. Por un lado, señaló, se acusa al Gobierno central de “invadir” competencias autonómicas, pero el problema para el diputado general es que se “elude” identificar cuáles son los ámbitos en los que se producen dichas duplicidades por parte del Ejecutivo central. Él, sin embargo, sí desgranó algunas de las “invasiones” competenciales que, a su juicio, se producen por parte de las instituciones autonómicas en materias culturales (puso el ejemplo de los museos) o en el desarrollo agrario.
LTH, la “ley más modificada de la historia”
Es cierto que el portavoz gubernamental, Josu Erkoreka, reconoció a principios de abril en su comparecencia ante la ponencia -cuyas sesiones se celebran a puerta cerrada- que algunos cambios normativos podrían mejorar el funcionamiento de las administraciones vascas, por lo que no descartaba una reforma parcial de la Ley de Territorios Históricos (LTH). De esta manera modulaba el documento aprobado inicialmente por el Ejecutivo y no cerraba la puerta a una modificación a cuyo estudio se comprometió con los socialistas en el acuerdo firmado entre ambos partidos en septiembre pasado. El pacto incluía una mención expresa a la necesidad de “abordar la actualización/modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH)” para lograr un entramado institucional más eficiente y sin duplicidades. Y se fijaba el 31 de diciembre de 2015 como fecha tope para realizarla.
Sobre la posible modificación de la LTH, De Andrés dijo textualmente en el seno de la ponencia que ha sido la “ley del País Vasco más modificada de la historia”, ya que a su juicio los cambios de otras leyes han afectado a la LTH, según fuentes conocedoras de su intervención. Cuando el anterior Ejecutivo presentó su informe sobre duplicidades -que cifraba en 403 millones de euros su impacto en las arcas públicas-, los socialistas defendieron la necesidad de modificar la LTH. De Andrés, abrió ayer la puerta a una “redistribución competencial”, al menos en el terreno de la discusión.
Una de las cuestiones que el Gobierno vasco propone en su informe es la ampliación de funciones de la Comisión Arbitral, a fin de que pueda analizar los textos finales y no sólo los proyectos y proposiciones de normas. En este órgano se resuelven los conflictos competenciales entre las administraciones vascas. La recomendación del Ejecutivo ha sido una reivindicación enarbolada por el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. De Andrés, considera “razonable” esta recomendación, pero velando siempre por evitar que ese incremento de funciones provoque un atasco de la labor legislativa en el seno de las diferentes instituciones. En la pasada legislatura, este órgano fue utilizado por algunas diputaciones para ralentizar la producción legislativa del Gobierno socialista.
