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La Diputación de Bizkaia se enroca y mantiene al asesor procesado por malversación

Eduardo Azumendi

¿En qué momento un imputado por malversación debe abandonar sus responsabilidades públicas? Se trata de un dilema que cada partido resuelve a su manera. La diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, ha reiterado que “apartará” al exalcalde de Zierbena, Marcelino Elorza, de su cargo de asesor foral si se le “abre juicio oral”. Unzueta ha insistido en este mensaje durante el pleno de las Juntas Generales, un discurso que ya lanzó hace unos días. La Fiscalía Provincial de Bizkaia ha pedido tres años y seis meses de cárcel para Marcelino Elorza por una supuesta malversación de caudales públicos y delito societario, e inhabilitación absoluta por ocho años por haber mantenido presuntamente a un concejal como consejero delegado de una sociedad municipal sin que hubiese contrato formal firmado.

Según Unzueta, las diligencias judiciales abiertas contra Elorza “son ajenas a esta Diputación y no guardan relación con el trabajo que esta persona desempeña como asesora”. Además, ha remarcado que “la situación judicial actual de Elorza es en calidad de imputado [procesado], no de acusado, y a día de hoy nadie le ha comunicado oficialmente la apertura de juicio oral”. Por ello, ha insistido en que “hasta que un juez no dicte lo contrario, hay que respetar su presunción de inocencia”. En caso contrario, ha asegurado, “la Diputación aplicará de inmediato el mandato de estas Juntas generales de apartar de su cargo público a aquellas personas a las que se les incoe apertura de juicio oral”.

El juntero del PP Arturo Aldekoa ha solicitado a la Diputación “decoro” y que sea “implacable”. Entonces, Unzueta ha pedido coherencia al PP, recordándole quer primero debería pedir la dimisión del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y del excalde de Vitoria Javier Maroto “imputados por el Tribunal de Cuentas de España” por el 'caso del alquiler de San Antonio' (arrendaron unos locales para uso municipales por un valor muy superior al del mercado y mediante un contrato blindado). El juntero popular le ha replicado que cuando Elorza fue nombrado asesor foral en julio de 2015 y el 22 de octubre ya era público que estaba imputado. “La imputación no es por un accidente de tráfico”, sino por “un tema político, por el manejo del dinero público”.

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