La Diputación de Bizkaia insta a “repensar la patria potestad” de los padres maltratadores

La diputada foral de Empleo, Inserción Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, ha instado a “repensar la patria potestad, la guarda y custodia” porque, “cada vez que hay que pedir permiso a un padre maltratador, las víctimas quedan todavía más desprotegidas”. En este sentido, ha emplazado a buscar un mecanismo con el que se pueda, en casos de sentencia por violencia de género, “no precisar del permiso del maltratador para intervenir en la protección de sus hijos”.

Laespada ha participado este lunes en la inauguración del congreso 'Justicia con ojos de mujer 10 años después', celebrado en el Paraninfo de la UPV/EHU, que tiene como objetivo ofrecer una visión de la Administración de Justicia a través de la experiencia de mujeres profesionales de este sector.

A la jornada de inauguración también ha asistido la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, que ha defendido una mayor presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad del ámbito de la Justicia, y se ha comprometido a reforzar el Servicio de Atención a la Víctima, que en 2016 atendió a 1.084 víctimas de violencia de género.

También han participado en la apertura del congreso la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, quien ha afirmado que “el género tiene que ser una categoría de análisis en todos los ámbitos, sobre todo en relación a la violencia hacia la mujer”, y la directora de Igualdad de la UPV/EHU, Leire Imaz, quien ha advertido de que “la igualdad corre el riesgo de convertirse en una palabra vacía”, ya que “se ha alcanzado la igualdad formal, pero no la real, que es nuestro reto”.

La ponencia de apertura del congreso ha corrido a cargo de la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán del Río, quien ha hecho un diagnóstico del estado actual de la Justicia en España.

En su intervención, Laespada ha anunciado que, en breve, llevarán a debate en Juntas Generales una proposición de norma foral de igualdad, porque “poner también en la Diputación de Bizkaia con rango de norma la igualdad como guía de nuestras actuaciones nos parece imprescindible”.

Por otro lado, ha transmitido una propuesta y una reflexión que, según ha dicho, además de afectar al Servicio de Mujer perteneciente a su Departamento afecta también a la Administración de Justicia. En concreto, se ha referido a la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia de género con hijos “a los que atender”.

Según ha dicho, estas mujeres “necesitan protección” y “el incuestionable proceso judicial, que también debe garantizar los derechos de los agresores, puede suponer una segunda victimización que agrava las dificultades que arrastran estas mujeres”.

“Y, sobre todo, no dejemos de tener presente que esta victimización y sus consecuencias afecta a las mujeres, sin duda, pero también a sus hijas e hijos, víctimas también a todos los efectos de la violencia del hombre maltratador”, ha advertido.

La diputada ha afirmado que “un maltratador no puede ser buen padre” y ha añadido que “eso tiene que ver con cuestiones tan importantes como la patria potestad o la guardia y custodia”. A su entender, “hay que revertir algunos viejos conceptos que confunden el bienestar del menor y el necesario contacto del menor con su padre, con el derecho paterno a su potestad sobre el menor”.

Teresa Laespada ha explicado que, cuando los servicios de la Diputación tienen que actuar para proteger e intervenir sobre las víctimas menores de edad, “que ya la modificación de la ley de 2015 les reconoce como víctimas, es un problema que la patria potestad siga estando compartida con el padre maltratador”. De esta forma, ha indicado que, cuando necesitan del permiso paterno para la intervención terapéutica, “el hombre se niega en demasiadas ocasiones y no responde al requerimiento”.

Asimismo, ha dicho que también ocurre que hay mujeres que rechazan dar el permiso para iniciar procesos terapéuticos “para restañar sus heridas en sus hijas e hijos para no tener que pedir permiso al padre, para que no se entere, porque rechazan absolutamente esa figura”. “Tenemos casos que con mucho dolor tiemblan ante la posibilidad de tener que pedir permiso al padre. Y quienes salen perjudicados, sin ninguna duda, son los menores”, ha advertido.

“Nos encontramos en una perversa encrucijada”, ha lamentado Laespada, para señalar que la Ley “protege a los hijos de víctimas de violencia de género como víctimas en sí mismas”, y la Diputación ha puesto en funcionamiento un programa socioeducativo y terapéutico dirigido a que “los hijos puedan encauzar su vida hacia una normalidad, pero nos encontramos que sin el permiso paterno, no podemos intervenir a riesgo de ser acusados, perversamente, por el padre maltratador”.

Por ello, ha insistido en la necesidad de “repensar la patria potestad, la guarda y custodia” porque, “cada vez que hay que pedir permiso a un padre maltratador, las víctimas quedan todavía más desprotegidas”. “Busquemos un mecanismo con el que podamos, en casos de sentencia por violencia de género, no precisar del permiso del maltratador para intervenir en la protección de sus hijas e hijos”, ha concluido.

PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

Por su parte, María Jesús San José, aunque ha reconocido los avances experimentados, ha defendido una mayor presencia de la mujer en los puestos de mayor responsabilidad en el ámbito de la Justicia. Así, ha recordado la progresión que ha experimentado la presencia de mujeres en la judicatura y fiscalía en los últimos años.

“Nosotras suponemos más del 60% de la totalidad de los miembros de la carrera judicial ingresados durante el año 2016”, ha asegurado, para señalar que, sin embargo, el reto sigue estando en su acceso a órganos de máxima responsabilidad como tribunales superiores, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, ya que la gran mayoría ocupa órganos jurisdiccionales de base.

Por ello, la consejera ha reivindicado una mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. “Conseguir la normalización que supone el desarrollo de la sociedad democrática dentro del reconocimiento efectivo y real de la igualdad de oportunidades y de una distribución homogénea de roles, que efectivamente se está produciendo, aunque sea a un ritmo más lento que el deseado”, ha dicho.

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

Además, en su intervención en el congreso, que analiza también el fenómeno de la violencia de género, San José ha mostrado su compromiso de reforzar a lo largo de esta legislatura el Servicio de Atención a la Víctima, incidiendo especialmente en el programa de acompañamiento integral a personas víctimas de delito, ya que de las 2.276 personas atendidas en 2016 por este servicio, un total de 1.833 fueron mujeres y, de ellas, 1.084 víctimas de violencia de género.

El objetivo de su Departamento, ha dicho San José, es que todas las víctimas de violencia de género reciban acompañamiento judicial y psicológico en todas las actuaciones judiciales, para que se sientan “seguras y acompañadas dentro del entramado judicial”.