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EH Bildu exige que la Diputación vizcaína reclame la devolución del dinero

La coalición soberanista ha presentado una propuesta en las Juntas Generales para que se realice un informe sobre la tarea de todos los directivos y altos cargos de las sociedades públicas.

Reclama que se aclare este caso "de forma urgente" y lo califica de "un ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la Administración pública, con sueldos desproporcionados en puestos que no eran necesarios".

La oposición amplía sus exigencias en el caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que cobró 210.000 euros de una empresa pública sin ir a trabajar y que ha motivado la sanción de la Inspección de Trabajo y el inicio de una investigación de la Fiscalía por supuesta malversación de fondos públicos. El grupo de EH Bildu de Bizkaia ha exigido a la Diputación que “reclame al gerente adjunto Juan Cruz Nieves la devolución de las cantidades percibidas hasta la fecha por no cumplir con las responsabilidades del cargo que ha ocupado durante años”. A través de una proposición no ley, la coalición ha solicitado también que en tres meses se realice un informe de los directivos y altos cargos de todas las sociedades de las que participa la Diputación de  Bizkaia, “aclarando la existencia de cargos justificados para la labor que desarrollan en las mismas y si están suficientemente capacitados para desarrollar esas tareas”.

Además, reclama el acta de inspección elaborado y enviado a la sociedad pública Ibarzaharra, de la que la Diputación de Bizkaia es el segundo accionista junto al Gobierno vasco con una participación del 22,5% de las acciones. El Ejecutivo central acapara el 50% del accionariado.

 "La Diputación Foral debe arrojar luz de forma urgente ante estas acusaciones tan graves”, sostiene EH Bildu que supone un “ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la administración pública y especialmente en Bizkaia. Práctica que perpetúa a miembros del partido en altos cargos de la administración, cobrando sueldos desproporcionados en puestos de trabajo que se han demostrado que no eran necesarios. Un funcionamiento que supone un fraude a todos los vizcaínos y vizcaínas, que provoca el descrédito de la política y el hartazgo de la sociedad”.

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