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EH Bildu arranca del PNV un "blindaje" del acuerdo soberanista para la reforma del Estatuto

Tras asegurar en verano que no es un "dogma de fe", los nacionalistas ratifican en el Parlamento los ochos puntos de su pacto con la izquierda abertzale y la comisión de juristas que redactará el articulado deberá "salvaguardar" ese espíritu

"No se puede poner coto legal a las aspiraciones democráticas", insiste EH Bildu frente a las advertencias de socialistas, 'populares' y Elkarrekin Podemos

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Maddalen Iriarte, en primer plano, en un debate con el lehendakari en el Parlamento Vasco EFE

En su deseo de saltar "de la autonomía a la soberanía", EH Bildu se felicitó por haber cerrado en tiempo récord, entre mayo y julio de este año, un acuerdo de ocho puntos con el PNV para superar el actual Estatuto de Gernika, de 1979, con un texto de marcado acento soberanista que reconoce la nación vasca y el derecho a decidir e introduce una diferenciación entre nacionales y ciudadanos vascos. En esas pocas semanas, la ponencia de autogobierno creada en el Parlamento Vasco en 2013 y que hasta entonces había funcionado al ralentí alumbró una propuesta que disgustó a PSE-EE y PP, que vieron la sombra del 'plan Ibarretxe' y que alertan de que semejante hoja de ruta no tendrá recorrido en las Cortes Generales. Pero también a Elkarrekin Podemos, que se abrió a negociar pero que finalmente sólo se sumó al apartado de derechos y libertades.

Este verano, la izquierda abertzale mostró su inquietud por el hecho de que las voces más moderadas del PNV, su presidente, Andoni Ortuzar, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, plantearan "ensanchar" ese acuerdo en la siguiente fase, la de redacción del articulado por parte de cinco juristas nombrados por los partidos para limar algunos extremos. "No es un dogma de fe", dijo Ortuzar sobre lo pactado por su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, cabeza visible del sector más soberanista de los peneuvistas. Este miércoles el Parlamento ha acogido la primera reunión de la ponencia después del parón estival y EH Bildu ha logrado arrancar al PNV dos concesiones para blindar su acuerdo.

El grupo de trabajo, que ha celebrado una de sus reuniones más largas, ha ratificado el acuerdo de bases de 8 puntos, que se han votado uno por uno y en los que se ha impuesto la mayoría de PNV y EH Bildu, con el apoyo de Elkarrekin Podemos exclusivamente en la carta de derechos y libertades. Ha sido la izquierda abertzale quien ha forzado la votación y el PNV de Egibar en ningún momento se ha apartado de los pactos previos al verano. 

En segundo lugar, tocaba cerrar la encomienda a un grupo de cinco juristas para que redacten, en el plazo de ocho meses, un borrador de texto articulado para la reforma del Estatuto. Mucho se había discutido sobre la naturaleza del encargo, especialmente sobre si ese grupo podría modificar o limar los apartados más polémicos y de dudoso encaje constitucional, según los detractores de las bases acordadas por PNV y EH Bildu. Los nacionalistas habían planteado que esa comisión, en la que cada partido con representación en la Cámara ha podido proponer a un integrante, "respetase" el pacto político mayoritario y analizase posibles puntos de encuentro con los votos particulares alternativos de PSE-EE, Elkarrekin Podemos y PP. Pero EH Bildu ha conseguido que a ese "respeto" se le añada la palabra "salvaguarda". 

Según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz abertzale, Maddalen Iriarte, "los votos particulares no pueden anular la voluntad de la mayoría" y los expertos tienen que recibir la instrucción de "salvaguardar" ese pronunciamiento. "Hemos querido blindar el acuerdo con el PNV", ha reconocido Iriarte, temerosa de que se produzcan intentos de "desfigurar" sus puntos clave. ¿Incluso si son inconstitucionales y pueden echar al traste la reforma? "No se puede poner coto legal a las aspiraciones democráticas", ha explicado.

El único 'pero' de la jornada para EH Bildu es que el PNV, apoyado por PSE-EE y Elkarrekin Podemos, no ha accedido a reducir a seis meses el plazo para que los expertos concluyan su trabajo. De haber sido así, el debate se habría retomado justo en puertas de las elecciones locales y europeas de mayo de 2019. Con los plazos actuales, la previsión es que el borrador de articulado pueda llegar justo después de los comicios.

Se da la circunstancia de que  el PP ha defendido también un plazo más breve para resolver este debate. Según su portavoz interino, Antón Damborenea -Borja Sémper está de baja por paternidad-, "incluso con una semana sería suficiente". "Todos saben que es inconstitucional [...] PNV y EH Bildu siguen los pasos de los catalanes [...] Los expertos tendrían que ver si con esas bases se cumple el mandato [de que la reforma se ajuste a la legalidad], entre otras cosas para ahorrarnos tiempo y dinero", ha abundado. Asimismo, ha asegurado que el PNV teme que el resultado de este proceso se conozca antes de las elecciones y que por eso ha apostado por el plazo de ocho meses -que por otro lado es el que siempre se había manejado-: "A algunos les da miedo tener un texto que ponga negro sobre blanco lo que han pactado".

El PSE-EE es socio del PNV en el Gobierno vasco pero tiene libertad para discrepar en este debate, como así ha venido ocurriendo en los últimos meses. Nuevamente, el portavoz socialista José Antonio Pastor ha alertado de que el acuerdo de PNV y EH Bildu "no cumple el objetivo de respetar el ordenamiento jurídico vigente" y ha criticado que "no tiene sentido" que la encomienda a los expertos no recoja expresamente la necesidad de que el articulado tenga un barniz de constitucionalidad. El PNV, por boca de Jone Berriozabal, coordinadora de la ponencia, ha indicado que los juristas "podrán debatir sobre la constitucionalidad o no" pero en ningún "tendrán como objeto realizar un informe" en ese sentido.

Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha denunciado también los vicios de las bases de PNV y EH Bildu pero ha pedido "más trabajo y menos fuegos de artificio" para construir un marco estatuario más social. La coalición de Podemos, IU y Equo se ha presentado como "la única alternativa" frente al soberanismo y al inmovilismo y, según Martínez, "la izquierda vasca no va a ser un convidado de piedra" en este debate.

Legarda, Urrutia, Elizondo, Basaguren y Del Burgo tendrán ocho meses para elaborar el articulado

Los cinco expertos seleccionados para elaborar en el plazo de ocho meses una propuesta de texto articulado son Mikel Legarda (elegido por el PNV y diputado nacionalista en el Congreso), Iñigo Urrutia (EH Bildu, profesor de la UPV/EHU), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos, profesora de la misma Universidad), Alberto López Basaguren (PSE-EE, catedrático de Derecho Constitucional también de la UPV/EHU) y Jaime Ignacio del Burgo (del PP y conocedor de la regulación de la foralidad en la Constitución de 1978). El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha denunciado que "se vulnera de 'pe' a 'pa' la legislación de igualdad" al crear una comisión con cuatro varones y una sola mujer. "Será un Estatuto escrito por hombres y para hombres", ha contestado. El PSE-EE ha replicado que hasta ahora no se hubiera formulado esta queja y ha deslizado que la representación de la coalición en la ponencia de autogobierno tampoco es paritaria. PNV y PP tampoco han accedido a ampliar el grupo a 10 personas en busca de ese equilibrio. La coordinadora de la ponencia, Jone Berriozabal (PNV), ha indicado que una vez recabado el documento de los juristas, que contarán también con las propuestas ciudadanas del foro de participación realizado por Eusko Ikaskuntza, los partidos lo revisarán y, en su caso, lo aceptarán, modificarán o desecharán. Según Berriozabal, este grupo será autonómo y trabajarán de manera discreta y confidencial. 

 

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