ELA critica el archivo de la denuncia por vacaciones fiscales y cree “inaceptable” que no se asuman responabilidades

El ministerio público incoó en julio de 2014 diligencias de investigación tras recibir la denuncia de ELA, que consideraba que las Haciendas Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava habían podido incurrir en delitos de prevaricación administrativa por omisión al incumplir “voluntariamente” la sentencia del 14 de diciembre de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obligaba a recuperar las ayudas fiscales.

Tras conocer el archivo de las diligencias, hecho público recientemente, la central, a través de un comunicado, ha considerado “inaceptable” que se pague una multa de 30 millones de euros “por el incumplimiento de un deber y nadie asuma ningún tipo de responsabilidad”. A su juicio, la decisión de la Fiscalía “muestra que el sistema deja a la ciudadanía indefensa ante actuaciones ilegales”.

En este sentido, ha recordado que el decreto del ministerio público reconoce que “es incuestionable que se produjo un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, lo que ha conllevado una multa de 30 millones de euros, que ya ha sido pagada”.

Apunta que el fiscal también admite que “los responsables de las haciendas de los tres territorios obraron incorrectamente tras ser requeridas para el cumplimiento íntegro de la sentencia, lo que, al final, ha sido pagado por la Hacienda, es decir, por el dinero de los ciudadanos”.

Asimismo, ha subrayado que las Diputaciones han actuado “por medios contrarios a derecho, como se comprobó posteriormente”, e indica que “la gestión de los intereses públicos se puede realizar con mayor o menor acierto y, a veces, con claro desacierto”.

ELA ha afirmado que “es claro que esta última parte, la del 'claro desacierto', se refiere a lo ocurrido con las vacaciones fiscales”. Para la central, “no es creíble que el retraso de ocho años en la obligación de recuperar el dinero de las vacaciones fiscales, que es la causa de la multa impuesta, se haya producido de manera involuntaria”.

“Algunas personas, en nuestra opinión sabedoras de lo que hacían, decidieron incumplir aquella sentencia. El propio Decreto de la Fiscalía señala que ha sido el propio tribunal europeo el que ha obligado a las Diputaciones Forales a ejecutar su sentencia mediante la amenaza de la multa finalmente impuesta”, ha apuntado.

A juicio de ELA, “queda probado” que las Haciendas comenzaron a solicitar, “entonces sí de manera voluntaria”, la devolución de la mayoría de las ayudas “cuando vieron que se iba a imponer una multa cuya cuantía aumentaba por cada día que se retrasaba la devolución de las empresas”. “Lo que hasta entonces había sido complicado dejó de serlo por arte de magia”, ha ironizado.

“MUY GRAVE”

En opinión de la central nacionalista, resulta “muy grave” que una actuación como la protagonizada por las tres Haciendas vascas en el caso de las vacaciones fiscales “no conlleve responsabilidades de ningún tipo, ni administrativas, ni políticas, ni penales”.

“Nos parece impropio en una sociedad democrática. El pago con dinero público de una multa de de 30 millones de euros, por el hecho 'incuestionable' de haber incumplido una sentencia, nunca debería quedar sin sanción para los responsables”, ha argumentado.

ELA ha insistido en que el archivo de la causa es “una mala noticia” al evidenciar “una falla muy grave en el sistema”. “Un sistema fiscal, el vasco, completamente opaco en su funcionamiento, que deja a la ciudadanía indefensa ante hechos muy graves y que deja sin sanción actuaciones totalmente rechazables”, ha puntualizado.

Por otra parte, ha asegurado que le llama “poderosamente la atención” la “falta de iniciativas políticas que tengan como objetivo la exigencia de transparencia y participación social en materia fiscal”. “De haber existido, hechos como éste nunca se hubieran producido”, ha concluido.