“Que ETA no mate, no quiere decir que Euskadi viva una situación normal”
En Euskadi, hablar de normalización social es mucho decir, al menos así lo cree el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Carlos Fernández de Casadevante. “Que ETA no mate, no quiere decir que Euskadi viva una situación normal”. “Mientras no se condene el terrorismo y se reconozcan los derechos de sus víctimas, no tendremos una situación que pueda considerarse normal”.
En el País Vasco, dice el catedrático, “no es posible una memoria compartida”, en referencia a las dificultades para llegar a un punto de encuentro entre las victimas del terrorismo y la banda terrorista ETA. “ETA ha asesinado, secuestrado, extorsionado.. y esa ideología se encuentra en las instituciones vascas avalada por el Tribunal Constitucional”, denuncia Casadevante.
“Si se trata de dar la razón a todo el mundo y que todos estemos contentos, es posible una memoria compartida”, pero “no podemos crear una memoria para sumar adeptos”, manifiesta, y establece una comparación con el hecho de que, “el violador y la violada tengan una relación social maja y agradable”; en tal caso, dice, “sí es posible una memoria colectiva”, pero lanza una reflexión, “¿se trata de eso?, ¿Eso es la verdad?”.
No hay vías de solución posibles para el catedrático. “El conflicto quedará sin resolver, al menos hasta que no se acepte que existen víctimas y verdugos y se comprenda que no se les puede poner en el mismo plano”. En este sentido, “la reparación para con las víctimas es imposible”. “Al muerto no lo va a resucitar nadie; Al secuestrado, ¿Quién le va a reparar?; al extorsionado, ¿Quién lo va a reparar? ¿la operación Faisán?; a los que nos fuimos de aquí por la fuerza, ¿Quien nos va a reparar?; ¿Quien va a reparar los años que he estado con mi mujer y sin mis hijos, o la pérdida profesional que he podido sufrir?” denuncia.
El catedrático dirige sus palabras a la izquierda abertzale, “una tradición política de este país, se niega a reconocer el daño causado, a condenar el terrorismo, y manifiesta su cercanía y sensibilidad con los victimarios, es decir, hace aquello que el Tribunal de Derechos Humanos consideró en su día motivo suficiente para ilegalizarla, pero ahora en cambio se encuentra presente en muchas de nuestras instituciones públicas”.
“Cuando en Madrid me preguntan qué tal en el País vasco nunca digo que bien”, asegura. “La única diferencia es que no se mata, pero la ideología que ha provocado todo esto está en el poder. Parece que como no se mata todos somos hermanos y hay libertad”.
La sociedad vasca, “¿Es por lo tanto víctima?”, se pregunta Casadevante, y responde, “No. Serán víctimas a quienes les haya tocado padecerlo, los que han adoptado una posición, han peleado, y han pagado un precio; que no son todos”, recuerda. A los que no les ha afectado porque no han tomado parte desde un posicionamiento en uno u otro bando, “lo que quieren es pasar página”, dice. Las víctimas por lo tanto, “para ellos molestan, porque recuerdan una situación que interroga y te hace preguntarte qué has hecho tú frente a esa situación”.
La normalización social, dice Casadevante, “no va a llegar por imperativo legal ni por voluntad política”. Los límites han de estar claros bajo su punto de vista, “respeto a la dignidad de las victimas, deslegitimación de la violencia que las ha victimizado y reconocimiento del daño pasado. Esto parece evidente, pero nos cuesta tanto”, denuncia.
Casavante señala que quienes tienen que dar el paso “no son las víctimas, sino los victimarios, y la tradición política que los apoya y los comprende. Por eso tiene que haber vencedores y vencidos y admitir lo contrario significa poner en el mismo plano a víctimas y victimarios, otorgar a ambos el mismo valor, ignorar que las víctimas son el resultado de la acción ilícita, antidemocrática y contraria a la ética de los victimarios, significa olvidar que las victimas fueron sacrificadas por los victimarios en aras de su proyecto político totalitario”.
Sobre el acto institucional de este domingo –Día de la Memoria–, recuerda que fue concebido “en 2010 por el gobierno de Patxi López, en memoria de todas las victimas del terrorismo sin excepción. Tres años después no sólo no es posible celebrarlo con la participación de todas las fuerzas políticas, sino que el objetivo con el que fue creado desaparece en aras de la generalidad e imprecisión”.
