Ecologistas exigen el desalojo de los 14 chalés ilegales de Barrika
Los ecologistas han exigido al Ayuntamiento vizcaíno de Barrika, donde existen desde hace una década 14 chalés ilegales, que desaloje a sus residentes y se suspendan los suministros de agua o electricidad. “Es una ocupación clandestina”, señala el grupo ecologista Txipio Bai ya que incumplen la ley vasca de Suelo y el planeamiento municipal, al carecer de licencia de ocupación. Varios propietarios residen en los chalés desde hace siete años.
La reclamación se produce tras haberse publicado en El Diario Norte que la Diputación de Bizkaia quiere volver a recalificar como urbana esta zona que ahora está clasificada como no urbanizable de especial protección paisajística. Hasta tres sentencias judiciales, la última del Tribunal Supremo en 2009, calificaron como nula la recalificación a urbanizable que se hizo hace 16 años porque para los jueces “no cabe duda” del interés paisajístico de la zona y que estos intereses “se sacrificaban para implantar viviendas de baja intensidad”. Los fallos judiciales calificaron de “arbitraria” y de “desviación de poder” la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística.
Las sentencias daban pie al derribo de las 14 viviendas en la conocida zona de Barrikabaso, lo que habría supuesto el primer caso de una urbanización de viviendas en Euskadi demolidas por ilegalidades urbanísticas. Pero los ecologistas buscaron una salida para evitar que los propietarios se quedasen en sus casas.
Después de tres años de buscar un acuerdo (los contactos se iniciaron en 2009 e intervino el PNV, que ha gobernado la Diputación, la institución que ha validado las recalificaciones anuladas), Txipio Bai parece haber perdido la paciencia. En un requerimiento enviado el pasado julio al alcalde de Barrika, José Madariaga (PNV), aseguran haber mantenido “una actitud constructiva y colaborativa” con el consistorio para resolver este conflicto, ya que su objetivo era “lograr un equilibrio” entre la preservación del medio ambiente y la “responsabilidad ante los perjuicios que la situación de ilegalidad provocaba” a los propietarios de los chalés.
Sin embargo, censuran la “actitud pasiva” del consistorio a sus propuestas, “demorando constantemente la toma de decisiones” y con una “actitud escapista”. Ninguno de los 14 chalés cuenta con licencia de uso y primera ocupación, pese a que el Ayuntamiento especificó en los permisos de obras que “no podrá utilizarse el edificio para ningún uso” sin la autorización de ocupación. El expediente de este proyecto, que el Ayuntamiento se resistió a facilitar hace cuatro años, ha permitido conocer que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras después del primer fallo del Tribunal Superior vasco que anuló la recalificación, en 2001. Además, según los datos proporcionadas por los ecologistas, al menos 10 de los propietarios conocían que el asunto estaba en los tribunales.
“Ocupación clandestina”
El requerimiento de Txipio Bai al alcalde destaca que la Ley de Suelo también impide contratar los suministros de luz, agua, saneamiento, gas y telefonía hasta contar con la licencia de ocupación, por lo que se trata de “una ocupación clandestina”, según establece el artículo 219 de dicha normativa.
Por ello, exigen al regidor de Barrika que suspenda el uso residencial en los 14 chalés, lo que supone el desalojo de sus propietarios “por resultar usos clandestinos que no cuentan con licencia de primera ocupación”. Han enviado asimismo otro requerimiento para revisar las licencias de construcción y, basándose en la ley vasca del Suelo, proceda a suspenderlas al no tener amparo urbanístico.
Barrikabaso, al lado de los acantilados del municipio vizcaíno de Barrika, es una zona privilegiada para el urbanismo. Los intentos de edificar se remontan a 23 años atrás y todas las tentativas se asocian a la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos. En principio, querían impulsar un macroproyecto con 349 chalés, un hotel y un campo de golf.
Tras los fallos judiciales, con el riesgo serio del derribo de los 14 chalés, el PNV empezó a buscar una salida en 2009. Dirigentes y diputados forales vizcaínos se han reunido con los ecologistas en los últimos años y parecía que se iba a llegar a un acuerdo que finalmente no se ha producido.
