Ecologistas piden a un juzgado el desalojo de los chalés ilegales de Barrika

El litigio por la urbanización ilegal de Barrika, la construcción de 14 chalés de lujo en el único caso de estas características ahora en Euskadi, ya está de nuevo en los tribunales. El colectivo ecologista Txipio Bai ha presentado una denuncia en un juzgado de Bilbao para desalojar a los usuarios de los 14 chalés de lujo que, en algunos casos, residen en la zona desde hace ocho años.

Los ecologistas reaccionan así al silencio del Ayuntamiento de Barrika, al que hace ya nueve meses se le pidió el desalojo ya que ninguno de sus moradores cuenta con una licencia de ocupación, y a la falta de respuesta de la Diputación de Bizkaia (que dio luz verde a la recalificación ilegal), con la que en los últimos cinco años Txipio Bai ha buscado un acuerdo que garantizase la protección de la zona pero permitiendo que los residentes siguieran en sus casas.

Desde 2009 existe una sentencia firme del Tribunal Supremo (en la década pasada hubo otras dos del Tribunal Superior vasco en el mismo sentido) que certificaba que el área era un suelo no urbanizable de especial protección paisajística y, por tanto, no se puede edificar. El fallo amenazaba con convertirle en la primera urbanización ilegal derribada en Euskadi pero los ecologistas quisieron llegar a una solución: que las viviendas fueran declaradas fuera de ordenación y permitir así que sus inquilinos viviesen a ellas pero garantizando la protección ambiental de toda la zona.

El acuerdo estuvo cercano, incluso con el visto bueno de los afectados, pero las instituciones (el ayuntamiento de Barrika y la Diputación vizcaína) no lo aceptaron. La Diputación planteó incluso hace un año recalificar la zona como urbana.

Ante la inacción institucional, los ecologistas presentaron el pasado 19 de marzo una demanda ante el juzgado número dos de lo contencioso administrativo de Bilbao, en la que exigen “el cese definitivo del uso de vivienda en la zona de Muriola” y que se interrumpan los servicios básicos de agua y luz.

En la denuncia, de 17 folios, señalan que se trata de un “uso clandestino” sin ningún posibilidad de legalización, como lo corrobora el hecho de que dos de los propietarios han pedido licencia de ocupación sin obtener respuesta municipal y que las distintas normativas, desde la ley del suelo vasca a las Directrices de Ordenación del Territorio “no sólo no admiten estos usos sino que los prohíbe expresamente”.

Incluyen también una petición de información que realizó el ayuntamiento ante la Diputación tras la primera exigencia de desalojo. La institución foral responde que si las viviendas no tienen licencia de ocupación se “debe proceder a la suspensión del uso”. Pero el consistorio no ha emitido ninguna orden de desalojo.

“Viviendas ocupadas”

“Las 14 viviendas han sido ocupadas”, sostiene la demanda, y tanto el ayuntamiento como los ocupantes “saben que no pueden tener la licencia”.

En el fondo del rechazo institucional a las peticiones de los ecologistas, está otra demanda multimillonaria de los propietarios del suelo, la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso donde quiere edificar desde hace 23 años. La denuncia exige una indemnización de casi 17 millones de euros (aducen que contaban con las licencias administrativas para acometer la promoción), lo que sería todo un varapalo para las instituciones vizcaínas.

Los intentos de edificar en Barrikabaso, una zona junto a los acantilados y todo un caramelo urbanístico, se remontan a 23 años. La declaración, en 1988, por parte del Gobierno vasco del área como suelo no urbanizable de especial protección paisajística no echó para atrás a los promotores ni a las instituciones. Pese a que los informes del Ejecutivo eran vinculantes, el Ayuntamiento firmó solo dos años después (en 1990) un convenio con la Diputación de Bizkaia y los propietarios que contemplaban 349 chalés, un hotel y un campo de golf. En 1997, el Ayuntamiento demostró su gran interés en edificar en esta área y volvió a aprobar una recalificación en la zona: Entonces, la limitó a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los dos extremos y que preveía 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. Una medida calificada entonces como argucia por los ecologistas porque, si se acometía, supondría con el tiemplo la urbanización de todo el área. Como en 1990, fue apoyado por la Diputación. De nuevo, la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco se plantó y dijo en un informe que, en “evitación de daños ambientales irreparables” debería seguir como área protegida.

Luego llegaron las sentencias judiciales, que calificaron de “arbitraria” y “desviación de poder” la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística.