El Gobierno vasco exigirá por primera vez los antecedentes penales a los docentes para prevenir delitos sexuales
El Departamento de Educación va a pedir por primera vez a los docentes que se incorporan al sistema de la enseñanza pública que presenten un certificado de antecedentes penales para demostrar que no han sido condenados con sentencia firme por delitos de carácter sexual. El Gobierno vasco exige este requisito en aplicación de la nueva ley de Protección a la Infancia que ha aprobado el Ejecutivo central. Esa normativa establece que todas la personas que trabajen con menores deberán demostrar que no tienen antecedentes por pederastia y otro tipo de delitos relacionados con los abusos sexuales.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha explicado que la exigencia de ese certificado comenzará por los profesores que superen la oferta pública de empleo (OPE) que se celebrará en el mes de junio. A partir de aquí, deberán ser todos los profesionales que trabajen en centros escolares (profesores, administartivos, comedores, limpieza...) quienes deban hacer lo propio, aunque aún no se han especificado mediante qué canales.
La Ley estatal de Protección a la Infancia y a la Adolescencia establece la obligación de acreditar para quienes pretendan ejercer profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales. Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el próximo 1 de marzo, la ausencia de antecedentes se acreditará mediante el certificado de penados, que puede ser obtenido a través de diversos canales. El objetivo de la ley es que antes de emplear a una persona en un puesto en el que vaya a estar en contacto con niños, la institución, entidad o la Administración compruebe si el candidato tiene antecedentes penales por “delitos sexuales, trata de seres humanos o explotación de menores”.Este listado de depredadores sexuales estará vinculado al registro central de penados y será confidencial. Los individuos que figuren en él quedarán inhabilitados para profesiones relacionadas con la educación, la sanidad y la protección social.Algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, han empezado a solicitar un certificado de penales tanto a quien ejerce como a quien va a hacerlo.ativa qué ocurrirá con quienes estén ejerciendo y hayan sido condenados.
