Emakunde afea a su propio Gobierno que hable de violencia intrafamiliar y no de género en la ley de prestaciones sociales
El Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) ha afeado a su propio Gobierno, más en concreto a los partidos que lo sustentan, PNV y PSE-EE, que en la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI) que han presentado en el Parlamento haya algunos puntos que pueden penalizar a las mujeres víctimas de violencia de género. En una comparecencia en la Cámara, la directora general de Emakunde, Izaskun Landaida, ha ido más allá y ha requerido que “se hable explícitamente de violencia de género y de violencia contra las mujeres” y no de violencia intrafamiliar, como aparece en el texto redactado por nacionalistas y socialistas.
Emakunde, que ha presentado este miércoles en el Parlamento sus puntos de vista sobre la futura ley de la RGI, se alinea así con las críticas en el mismo sentido vertidas por el Ararteko o por partidos de la oposición como Elkarrekin Podemos y EH Bildu durante esta fase inicial de la tramitación de una reforma para cuya elaboración el Ejecutivo contrató a la consultora Price Waterhouse Coopers para luego inhibirse de la presentación de un proyecto de ley y dejar que fuese registrado por PNV y PSE-EE como partidos. Landaida, de hecho, se ha dirigido expresamente al parlamentario 'jeltzale' Aitor Urrutia, que había asegurado que algunos ajustes podrían incorporarse más adelante en el desarrollo reglamentario de la ley, que exigirá 68 decretos. “Hay asuntos básicos que tienen que estar en la ley. Tiene que quedar claro todo lo relativo la violencia contra las mujeres”, ha enfatizado Landaida, que ha recordado que no son sólo recomendaciones sino obligaciones del “marco internacional, del Convenio de Estambul”.
Landaida también ha propuesto limar otro punto clave de la ley para rebajar de tres años a uno la residencia efectiva en Euskadi para que una mujer víctima de maltrato pueda solicitar una prestación de Lanbide. Igualmente, ha considerado excesivo que sea necesario acreditar una orden de alejamiento o un informe de la Fiscalía para ser considerada víctima y entiende que bastaría con un pronunciamiento de los servicios sociales. O se corrigen los errores “de base” de la propuesta o “puede incrementar el riesgo de ser víctima en desprotección”, ha zanjado la responsable del Instituto de la Mujer, quien ha recordado que la pobreza en Euskadi tiene rostro femenino: “Son las mujeres quienes más sufren la pobreza y más reciben este tipo de ayudas”.
Fue Elkarrekin Podemos el primer partido que alertó de estas cuestiones cuando se presentó el texto de la reforma de la RGI. Su parlamentaria Tinixara Guanche se ha mostrado “sorprendida en positivo” por la comparecencia de Landaida y ha añadido que es evidente que “hay cortocircuitos entre su oficina y el resto del Gobierno” en la materia. Desde EH Bildu también han saludado estas reflexiones. La coalición ya ha solicitado la activación de un mecanismo extraordinario nunca aplicado en la Cámara (el artículo 152 del Reglamento) para bloquear la tramitación de la reforma. “Pone en riesgo a las víctimas”, ha recalcado Oihana Etxebarrieta. Entienden que no bastaría con las posibles correcciones en el trámite de enmiendas para dar la vuelta a las deficiencias que aprecian.
La tramitación de esta reforma está siendo complicada. La pasada semana, la propia consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, reconoció que se está retrasando más de lo debido. En la primavera de 2017, el Gobierno de Iñigo Urkullu presentó su tan ambiciosa como polémica -por incluir algunas restricciones- reforma de la renta de garantía de ingresos. Un año después, PNV y PSE-EE decidieron que se tramitaría como “proposición de ley” -un texto presentado por los partidos en el Parlamento- y no como “proyecto de ley” -una norma aprobada por el Ejecutivo-. Aquella anomalía se presentó como una solución “rápida y ágil” dada “la urgencia y los requerimientos existentes para que se reforme el sistema que regula estas prestaciones sociales”, en palabras del consejero-portavoz, Josu Erkoreka. Ahora, en el otoño de 2019 y con la legislatura encarando su tramo final, la reforma sigue sin terminar de ver la luz. “Visto el resultado, teníamos que haber optado por otra cosa”, asume Artolazabal.
