El exconsejero de Industria ratifica las irregularidades detectadas en el 'caso Epsilon'
El consejero de Industria en la etapa del Gobierno socialista, Bernabé Unda, ha ratificado ante la comisión de investigación las “irregularidades” que detectaron en el proyecto Epsilon en la actuación del Parque Tecnológico de Álava por la cesión del rango hipotecario a dos cajas tras suscribir con ellas en enero de 2009 sendos préstamos por un valor total de 16 millones de euros. “El diseño de la operación, estudiado a la luz de una gestión de riesgos, ofrecía un resultado perjudicial para el Parque Tecnológico de Álava”, subrayó.
Unda ha explicado que el Gobierno del que formaba parte decidió analizar la operación desde un punto de vista económico y jurídico. Y se solicitaron los correspondientes informes jurídicos (al Departamento de Justicia) y económicos (a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda) para que emitieran un juicio sobre la citada operación con la Vital y la Kutxa.
En el informe jurídico, se afirmaba que aquella operación del parque tecnológico alavés adoptó una “hechura atípica” y supuso una garantía para Epsilon ejecutada “sin contraprestación alguna” para el parque. Además, los responsables del parque tenían que haber comunicado la operación al Departamento de Hacienda -algo que no ocurrió- porque lo contrario “podría ser considerado como una desatención del deber de diligencia con el que deben los administradores de una sociedad mercantil desempeñar su cargo”, leyó Unda en su intervención. Y, finalmente, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una ayuda de Estado, también “habría aconsejado su comunicación a la Comisión Europea”. Pero no se hizo.
En las conclusiones del informe del director de la Oficina de Control Económico, también enumeradas por Unda en su comparecencia, se apuntaba que la operación de cesión de rango a las dos cajas eran de hecho garantías y avales que se daban desde el parque tecnológico, lo que podía ser interpretado como una ayuda de Estado encubierta. Y también se recordaba que tenía que haberse informado a la Comisión Europea. Además, se señalaba que la operación tenía que haber sido autorizada por el Departamento competente (y no se hizo) y se añadía que el hecho de que el parque asumiera que en el caso de ejecución de la hipoteca estaba obligado a ir la subasta con un precio mínimo y máximo tasado de antemano carecía de toda razonabilidad.
Rebajar los intereses de demora
Con estos informes en la mano que revelaban las irregularidades cometidas y tras la decisión de las cajas ejecutar las hipotecas -y ante la situación concursal de la empresa- el Gobierno socialista abre una negociación con las cajas para comprar los préstamos y evitar una pérdida mayor de dinero para las arcas públicas. “La deuda iba creciendo y la posición negociadora era peor” segun pasaba el tiempo, admitió Unda en su comparecencia. Finalmente, es el Ejecutivo el que en un Consejo de Gobierno celebrado el 8 mayo de 2012 autoriza la operación al parque tecnológico. Unda explicó que se lograron así varios objetivos: limitar la deuda contraida, rebajar los intereses de demora acumulados durante el tiempo transcurrido y fijar unas condiciones más favorables para el parque. “Buscamos siempre amortiguar el perjuicio económico que para el parque tenía” esa operación, explicó. Fue un tema “complejo y siempre fuimos transparentes”, añadió.
Los parlamentarios de UPyD, EH Bildu, y del PSE-EE intentaron con sus preguntas arrancar al exconsejero socialista que fijara las responsabilidades políticas de todos estos “errores e irregularidades”, en palabras de Gorka Maneiro. Pero Unda evitó dar su opinión una y otra vez sobre cómo se gestionó políticamente el proyecto y respondió siempre: “esa pregunta no me corresponde contestarla”. Aunque en dos ocasiones dijo algo muy revelador: el proyecto Epsilon nunca iba a beneficiar a la Administración: si iba bien, el beneficio era para su promotor “que tenía en propiedad un proyecto tasado en 22 millones”, y si iba mal “el parque tecnológico tenía que adquirir la deuda” contraída. Y reconoció lo obvio, que Epsilon “fue una empresa muy cuidada” por la inyección de dinero público, más de 48 millones de euros de los Gobiernos central (la mayoría) y vasco.
Lo que sí hizo fue diferenciar bien los proyectos Epsilon e Hiriko. El primero era un proyecto empresarial sin viabilidad sin dinero público, dado que sus promotores no fueron capaces de encontrar un socio inversor y la “probabilidad de fracaso del proyecto era elevada”, apuntó Unda. Pero el Gobierno socialista siempre trató Hiriko -que también se llevó unos 17 millones de ayudas públicas de ambos Ejecutivos- como un “proyecto de Innovación y Desarrollo sobre el que teníamos dudas”. Dudas que llevaron al Gobierno del PSE a imprimir cambios en el mismo ante las dificultades para homologarlo y a “ser muy prudentes” con las ayudas.
