Epsilon, una tragedia a la vasca
El sueño del Gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe de crear una gran escudería vasca de Fórmula 1 de la mano de la empresa Epsilon ha terminado en tragedia a varias bandas. Desde luego para las arcas públicas vascas y españolas: que comprometieron en el fallido proyecto más de 48 millones de euros, la mayor parte de ellos librados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (el 77% de las ayudas y subvenciones) cuando el PSOE necesitaba a los apoyos peneuvistas en el Congreso de los Diputados.
Pero también ha sido una pesadilla para el empresario que impulsó el proyecto y que logró obtener el beneplácito de diputaciones, del Gobierno vasco y de la Administración central, que lo regaron con dinero público. El empresario catalán Joan Villadelprat, impulsor del proyecto, fue condenado a finales de 2013 por un juzgado de la capital alavesa. El fallo consideraba al administrador único de Epsilon Euskadi “culpable de haber agravado la situación de insolvencia al asumir nuevas deudas” sin expectativa alguna de poder atenderlas, y le responsabilizaba además de llevar a la quiebra la sociedad con la “salida fraudulenta de bienes y derechos”.
Y, finalmente, ha supuesto un enfrentamiento desconocido hasta la fecha en el seno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) por el informe de fiscalización 203-2012 sobre las ayudas públicas concedidas a Epsilon. Un documento final que el presidente del órgano fiscalizador, José Ignacio Martínez Churiaque, afirma ha sido “censurado” por los cinco consejeros nombrados a propuesta del PNV (3) y del PSE-EE (2). Los consejeros socialistas y peneuvistas niegan la mayor e incluso el peneuvista José María Gorordo, en su voto concurrente, acusa a Churiaque de haber pretendido de manera “caprichosa” en su borrador de informe “modificar conclusiones de otros informes anteriores sin aportar hechos ni datos nuevos, lo que vulnera el principio de cosa juzgada y la práctica habitual del tribunal desde su creación”.
Gorordo se refiere de esta manera al informe aprobado el 20 de diciembre de 2012 por unanimidad del pleno en el que se habían analizado en profundidad las actuaciones del Parque Tecnológico de Álava y en el que no se detectaron incumplimientos de legalidad, ni se debatió en el seno del tribunal sobre la existencia de irregularidades en su actuación respecto a Epsilon. La situación en el tribunal es insostenible. Los consejeros socialistas y peneuvistas han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para reprobar las declaraciones del presidente y su actuación en la comisión de investigación parlamentaria. Pero, ante la falta de respuesta, el pasado miércoles los cinco consejeros remitieron una carta a la presidenta de la Cámara vasca, la peneuvista Bakartxo Tejeria, en la que daban cuenta de los últimos acontecimientos a fin de subsanar en lo posible la “situación de indefensión” que están viviendo.
Pero la pregunta que sobrevuela en la comisión de investigación creada en el Parlamento vasco para ventilar las posibles responsabilidades política en la dilapidación ingente de dinero público es la siguiente: ¿Se ha producido pérdida patrimonial para la Administración vasca en esta aventura?
El informe aprobado en el TVCP y el voto particular redactado por Martínez Churiaque, propuesto en su día por el PP para el cargo, detallan numerosas ayudas y subvenciones a Epsilon. Los primeros no ven ilegalidades, el presidente, por contra, aduce numerosas irregularidades y salvedades. Pero hay una operación que ha centrado las acusaciones de Churiaque sobre el resto del órgano fiscalizador que han terminado por sumergir al tribunal en una tempestad interna de imposible reconducción.
Se trata del controvertido aval del Parque Tecnológico de Álava a Epsilon para obtener dos créditos de 8 millones cada uno para seguir financiando el proyecto de escudería. Los dos préstamos hipotecarios fueron suscritos el 14 de enero de 2009 con dos entidades financieras (Kutxa y Vital) por un valor total de 16 millones, cediéndoles el rango hipotecario a ambas entidades. Dichos préstamos los solicitó Epsilon ante los “problemas de financiación” para seguir con las obras del edificio donde iba a localizarr sus instalaciones. En ese contrato, además de la cesión del rango, el parque tecnológico se comprometía “en caso de ejecución hipotecaria por parte de las entidades a acudir a la subasta y pujar por un precio establecido entre un mínimo de 14,6 millones y un máximo de 22,5 y que será establecido en base a informes de valoración de terceros expertos”. El informe del tribunal aprobado en 2014 admite sobre esa operación: “No hemos podido verificar con documentación soporte los motivos por los que se realizó esta operación”.
Entre el material que han manejado los auditores y consejeros del órgano fiscalizador para aprobar el documento final hay un informe jurídico del 2 de junio de 2011 –redactado en la etapa del gobierno del lehendakari Patxi López- y firmado por el letrado del Gobierno Manu Valín –actual director de Justicia en el equipo de Josu Erkoreka- en el que se afirma con rotundidad que aquella operación del parque tecnológico alavés adoptó una “hechura atípica” y supuso una garantía para Epsilon ejecutada “sin contraprestación alguna”. Además, los responsables del parque tenían que haber comunicado la operación al Departamento de Hacienda -algo que no ocurrió- porque lo contrario “podría ser considerado como una desatención del deber de diligencia con el que deben los administradores de una sociedad mercantil desempeñar su cargo”. Y, finalmente, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una ayuda de Estado, también “habría aconsejado su comunicación a la Comisión Europea”. Algo que tampoco se hizo.
Casualmente (o no) todos estos argumentos fueron esgrimidos en su comparecencia ante la comisión de investigación por el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, quien en su voto particular cifra en 48 millones los “fondos públicos comprometidos con Epsilon Euskadi SL”, de los cuales “29,4 millones han sido aportados o debidos a entidades del Sector Público Vasco.
El citado informe jurídico gubernamental abría la puerta al resarcimiento del daño causado “si se concluyera que las operaciones cuestionadas han producido una lesión patrimonial a la sociedad en cuestión”.
Claro que los responsables del Departamento de Industria de la época han negado que se haya producido pérdida patrimonial alguna. Ana Agirre, consejera de Industria y actualmente viceconsejera de Justicia en el equipo del consejero y portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, defendió en sede parlamentaria la “legalidad” de todas las actuaciones. Y negó tal “pérdida patrimonial”, dado que el valor de los activos adquiridos –las instalaciones de Epsilon en el parque alavés- supera el valor del desembolso. Pero de momento, dichas instalaciones siguen sin venderse. Agirre deberá comparecer próximamente en la comisión de investigación, a petición del PP, mientras que EH Bildu ha solicitado esta misma semana que acuda también el exconsejero de Industria Bernabe Unda.
PNV y PSE –que en la época en la que se fraguó el proyecto fallido mantenían una guerra sin cuartel- ahora se han dado la mano para defender el informe del tribunal de cuentas. La oposición, sobre todo UPyD y EH Bildu, creen que entre ambos partidos se ha producido una concertación de intereses para echar tierra sobre el asunto. Una entente que no ha sentado nada bien a algunas personas que tuvieron responsabilidades en Industria en el Gobierno socialista y que se emplearon a fondo para destapar el caso Epsilon.
La cuestión es si esta comisión de investigación parlamentaria es el mejor foro para ventilar posibles responsabilidades políticas en relación a este fallido proyecto o, por el contrario, acabe convirtiéndose en un cuadrilátero perfecto para desgastar políticamente al adversario, pero inútil para el cometido previsto.
