Erkoreka defiende la constitucionalidad de la Ley de abusos policiales que el Gobierno Vasco ha retocado para “salvarla”

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha defendido la “constitucionalidad” de la Ley de víctimas de abusos policiales que el Gobierno Vasco ha retocado para “salvarla” del recurso ante el Tribunal Constitucional, y que el Gobierno central ha anunciado que retira, tras acordarse modificaciones en los preceptos impugnados.

En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka ha explicado que ya se han iniciado contactos con los grupos del Parlamento Vasco con el objetivo de aprobar la reforma en octubre, y les ha trasmitido que se trata de modificar la norma o “echar por tierra el propósito” de reparación de estas víctimas.

La Ley de 'reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999' fue aprobada el 28 de julio de 2016 en la Cámara Vasca con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. Posteriormente, fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz del Ejecutivo Vasco ha explicado que ahora, en virtud del acuerdo alcanzado en el seno de la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y Euskadi, el Gobierno vasco se ha comprometido a promover una reforma de la Ley que “retoque algunos de sus aspectos, a efectos de dejar claro, por si alguien tenía alguna duda al respecto todavía, que la Ley no pretende promover ninguna investigación de carácter materialmente judicial”.

Además, ha apuntado que “tampoco pretende identificar responsables y definir culpas por parte de las personas que hayan podido participar en las vulneraciones de derechos humanos que se identifican, sino que la Ley persigue única y exclusivamente el reconocimiento y reparación de un determinado colectivo de víctimas de vulneración de derechos humanos”.

Por tanto, ha destacado que se trata de un norma “reparadora, que se inscribe en el marco de las actuaciones que promueve e impulsa la ONU cuando habla de restablecer la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas de vulneración de derechos fundamentales”.

Además, ha asegurado que “es plenamente constitucional” y cuenta “con los avales y se encuentra en plena sintonía con las indicaciones más avanzadas y más progresistas que proceden desde las Naciones unidas en relación con este tipo de situaciones de vulneración de derechos humanos”.

“Es una ley que nosotros venimos defendiendo y, a cambio, el Gobierno central, que está de acuerdo con este planteamiento sobre lo que entraña la Ley, se compromete a desistir del recurso de inconstitucionalidad que, en su día, interpusieron contra la Ley ante el TC (el Gobierno de Mariano Rajoy)”, ha indicado.

Contactos para su reforma

Josu Erkoreka ha revelado que ya ha iniciado “los contactos y conversaciones necesarias” con los grupos parlamentarios “para poder promover esa reforma legal que tendrá que tener lugar, probablemente, en los primeros plenos del mes de octubre, tan pronto como dé comienzo el nuevo periodo de sesiones del Parlamento vasco”.

Erkoreka ha señalado que les explicará “detenidamente cuál es el sentido de las modificaciones que se proponen” y les transmitirá “claramente que la alternativa no es modificar o no la Ley”, sino “salvar sus previsiones”.

De esta forma, considera que sería “posible el cumplimiento del objetivo fundamental” de la norma, el de “establecer un mecanismo de reconocimiento y reparación de esas víctimas de vulneración de derechos fundamentales”.

En esta línea, trasladará a los grupos que se trata de eso o se exponerse “al riesgo de que el proceso judicial continúe y el Tribunal Constitucional dicte una sentencia ”declarando inconstitucional la Ley y, por tanto, echando por tierra todo el propósito y reparación que tenía la Ley“.

“El dilema no es el de mantener el texto inicial o el de retocarlo, que podría ser un dilema, si se quiere, menor y podría defenderlo cualquier grupo parlamentario en la medida en que esté comprometido con los acuerdos mayoritariamente adoptados por la Cámara, sino que lo que puede estar en juego es la viabilidad o no de la política que aparece recogida en esa Ley, de la programación de actuaciones y del propósito del reconocimiento y reparación. Esto es lo primero que hay que salvar, a mi juicio”, ha asegurado.

El portavoz del Ejecutivo Vasco ha aseverado que, “para salvar esto”, habrá que modificar la Ley en “algunos aspectos, no para cambiar su objetivo, su designio ni sus horizontes de actuación, sino para dejar claro que en ningún momento se pretendió que entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales”.

“Eso es lo que pretendemos, ése es el objetivo que perseguía la Ley y eso es lo que pretendemos salvar ahora desde el Gobierno vasco con este acuerdo alcanzado con el Gobierno central, algo que se consigue, efectivamente, si el Gobierno central desiste, a cambio de unas modificaciones que en nada, en absoluto, alterarían el objetivo fundamental de la Ley y la esencia de lo que persigue”, ha indicado.

EH Bildu

En este sentido, espera que EH Bildu facilite, aunque sea con su abstención, como hizo cuando se aprobó la norma, estos “retoques” y ha advertido de que “la alternativa es hacer causa común con el PP en el Parlamento Vasco y oponerse a una reforma, haciendo objetivamente la estrategia del PP, que es quien radicalmente se opone a esta Ley”.

“Estamos en conversaciones con ellos, explicándoles el sentido de las modificaciones que se quieren introducir. Hasta la fecha, la recepción de los grupos parlamentarios ha sido positiva, pero todavía no hay un compromiso firme y decidido de ninguno de ellos en relación con la Ley”, ha precisado.

En todo caso, ha apuntado que el Gobierno Vasco confía en que, “finalmente, se imponga el compromiso con los objetivos de la Ley, por dar prioridad a los objetivos que persigue la Ley en el terreno del reconocimiento y reparación de las víctimas, y no salvar un prurito de literalidad del texto original de la norma, que puede ser importante desde el punto de vista de la defensa del autogobierno”, pero que “no es nada importante desde el punto de vista de preservar los objetivos de la Ley, que se comparte ampliamente en el seno del Parlamento Vasco”.

RECURSO EL SUP

Josu Erkoreka también ha señalado que no le ha “extrañado” que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya recurrido la comisión creada en Euskadi para valorar las posibles víctimas de abusos policiales, demanda que ha sido admitida a trámite por el TSJPV.

“Las actuaciones que el Gobierno Vasco ha llevado a cabo hasta la fecha en el ámbito de la parte de la Ley que todavía no está suspendida, creemos que ha sido válida, legal y es incontestable desde el punto de vista jurídico. No va a haber tribunal que vaya a enmendar, a anular o declarar la nulidad de alguna de esas actuaciones”, ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la admisión a trámite “no indica que haya una posición ni siquiera implícita sobre el fondo del asunto” y, sin conocer todavía la argumentación en la que se va fundamentar el recurso, cree que “no tiene fundamento alguno desde el punto de vista jurídico”.

“Creemos que todo lo que se ha hecho hasta la fecha, en el marco de la parte de la Ley que no ha sido suspendida por el TC, ha sido correcto y legal, y lo vamos a defender así ante el TSJPV. Confiamos en la bondad y en la consistencia de nuestras posiciones jurídicas”, ha concluido.