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La Ertzaintza sólo investigó 18 delitos medioambientales el pasado año

El río Ibaizabal a su paso por la localidad de Basauri./EDN

Alberto Uriona

Bilbao —

La investigación de delitos medioambientales sigue bajo mínimos en Euskadi. La Ertzaintza, que casi siempre actúa por orden del juez, solo ha intervenido en 18 casos el pasado año, según los datos del Departamento de Seguridad. Suponen cinco actuaciones más que en 2013, algo que los ecologistas consideran irrisorio. “Son poquísimas actuaciones aunque con los medios que tienen, prácticamente ninguno, es lo esperable. En cualquier otra materia, un policía hace al año bastantes más atestados que esos 18”, asegura un portavoz de Ekologistak Martxan, el principal grupo verde vasco.

El Gobierno admite que la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza, dedicada a esta materia, “no dispone de recursos materiales específicos” y que su labor se ve muy limitada por “la multitud de normas de carácter administrativo cuyo conocimiento resulta inabarcable”.

La mayoría de las investigaciones se han realizado por temas concretos del medio ambiente y la flora y fauna (un total de 12) y el resto se refiere a temas de urbanismo, patrimonio histórico o incendios forestales. Solo dos de las actuaciones han partido de la Ertzaintza tras denuncias de particulares y el resto, por orden de los juzgados o de las Fiscalías. En Euskadi existen fiscales dedicados al tema del medio ambiente.

La Ertzaintza cuenta con una unidad formada por seis agentes con estudios relacionados con el derecho, las ciencias biológicas o las químicas, que han recibido cursos relacionados con el medio ambiente. Pero su formación es limitada, más si cabe en los delitos medioambientales, muy difíciles de probar en los juzgados si no se llega rápidamente al lugar de la infracción y se realiza una correcta toma de pruebas.

“A nosotros nos han demostrado que tienen un conocimiento mínimo”, señala el miembro de Ekologistak Martxan, que relata un caso reciente de una vista en un juzgado contra una empresa acusada de contaminar a un río. “Se pasaron un año para hacer un informe, pero sin ninguna inspección ocular y solo con un análisis de los informes de varias entidades de la Administración vasca, de los que se limitaron a sacar unas conclusiones”. Los ecologistas reclaman un Policía Judicial con una “auténtica formación y medios humanos y técnicos”.

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