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“Algunos periodistas son verdaderos mercenarios de la información”, denuncia el fiscal canario

Efe

Donosti —

“Casi podemos hablar de corrupción generalizada en España”. Con esta contundencia se ha expresado el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Luis del Río. El fiscal justifica esta afirmación en que “existen sospechas fundadísimas contra la mayor parte de los miembros del Gobierno de estar inmersos en actos de corrupción”. Además, se trataría de un problema estructural, ya que los casos de corrupción no son puntuales“.

Luis del Río ha hecho esta reflexión en una mesa redonda sobre la ‘Posibilidad de actuación del Ministerio Fiscal ante la corrupción’, celebrada en el marco del XVIII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que se clausura hoy en Donosti, y en la que también ha participado el fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau.

Durante su intervención, el fiscal canario ha considerado que la situación de corrupción en España es “aún peor” que en años anteriores, al tiempo que se ha mostrado sorprendido por lo “impactante” que resulta que “frente a esto no haya ninguna respuesta”, cuando se está produciendo “en medio de una crisis brutal” y “de un recorte y desmantelamiento del escaso Estado de Bienestar que teníamos”. A su juicio, todo esto es un claro indicativo de “una baja calidad democrática”.

“El panorama”, añadió, “resulta aún más desmoralizante cuando se asiste a la dureza con la que se aplica el Derecho Penal en otros sectores delictivos y a lo pusilánimes que vemos a veces que son los tribunales a la hora de enjuiciar materias relacionadas con la corrupción”.

Una situación de la que, en su opinión, “a veces” son “cómplices” los medios de comunicación, ya que “en determinados ámbitos” da la “impresión” de que algunos periodistas “son verdaderos mercenarios de la información, al servicio de determinados intereses, que intentan presentar la realidad de una forma radicalmente distinta a como es”.

Por su parte, el fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau ha dicho que el Código Procesal Penal, que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, “puede acabar con los pocos éxitos o iniciativas que ha habido en la persecución judicial de la corrupción”, ya que está redactado “por abogados de reconocidos bufetes que defienden a personas que han tenido relación con la corrupción”.

En su opinión, este nuevo Código “prácticamente acabaría con la posibilidad de una investigación eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico a gran escala o contra la corrupción política”. A pesar de ello, Carrau considera que el “mecanismo procesal” actual tampoco está “preparado para llevar causas penales complejas” como las “macrocausas” habituales en los casos de corrupción, algo que se puede constatar “cada día” cuando se comparan las fechas de las sentencias y las del momento en el que se iniciaron las causas.

El fiscal balear ha explicado, no obstante, que a pesar de esta situación sí “ha habido mecanismos que han funcionado” porque ha habido “cambios legales” como el de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2003, junto a la especialización de organismos como la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria, que han aumentado su “eficacia” en la lucha contra la corrupción.

Carrau ha ofrecido asimismo recomendaciones para “atacar” este problema que pasan por “evitar la judicialización prematura de los asuntos” para hacer una investigación “mucho más compleja y clara”, además de tratar estos casos como si fueran de “criminalidad organizada”, hacer “piezas separadas” y utilizar figuras como los arrepentidos.

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