Estafado primero y ninguneado por la Justicia después
Se llama M.M. y reside en Vitoria aunque actualmente trabaja en San Sebastián mal que bien para ganarse la vida. Es marroquí, se maneja en castellano, pero no domina el idioma como para defenderse ante la Administración. En estas circunstancias, M.M. no sólo ha sido víctima de una estafa burda y malintencionada, sino que está teniendo que remover Roma con Santiago ayudado por algunos amigos locales para salir airoso del procedimiento judicial que ha abierto contra él la empresa que le timó para que les pague 508 euro, toda una fortuna para quienes viven al día.
Los hechos se produjeron hace unos meses, cuando M.M. trabajaba en una frutería de Vitoria. En el local se personó un representante de una empresa burgalesa de formación para trabajadores que le ofreció cursos “gratuitos” de manipulador de alimentos, aparentemente subvencionados por la Administración. Este comercial, a pesar de que M.M. declinó la invitación, accedió a ciertos documentos que estaban en el establecimiento e incluso los fotografió. Entre ellos, había un contrato firmado por el hermano del tendero.
Ahora, en 2017, M.M. ha recibido una citación judicial. La empresa de formación le reclama 508 euros por un curso de formación que nunca le impartió, aunque aparentemente era gratuito, como se publicita en la página web corporativa. Como prueba de cargo, han presentado un contrato de aceptación del programa de formación firmado, según ellos, por el joven marroquí. Sin embargo, esa rúbrica se parece mucho más a la de su hermano que a la que él emplea en documentos oficiales.
La situación se le ha complicado aún más a M.M. cuando ha tratado de defenderse en los tribunales. Si la reclamación de cantidades no supera los 2.000 euros, como es el caso, no hay derecho a abogado de oficio y procurador por la sencilla razón de que no es necesaria la asistencia letrada en la vista. Sí existe posibilidad de solicitar “justicia gratuita” para evitar tener que pagar 2.000 ó 3.000 euros a un perito caligráfico que despeje las dudas sobre las firmas o para que en el juicio pueda haber un traductor, pero solicitarlo se está convirtiendo en una auténtica peregrinación por ventanillas de los juzgados de Vitoria.
Entretanto, M.M. ha decidido denunciar por falsedad documental y estafa a la empresa de Burgos. Lo intentó en el juzgado, pero nadie le ayudó a formalizar el trámite en castellano y le entregaron una instancia para que se la rellenara algún conocido. “Lo mínimo que deberían hacer antes de ir a un país es aprender el idioma”, les ha espetado a quienes le ayudan con la burocracia una funcionaria judicial. En la Ertzaintza sí es posible recibir asistencia y existe un sistema de interpretación a más de 50 idiomas. Es su última esperanza.
