Euskadi ya no es una Arcadia feliz sin corrupción
Euskadi ha perdido la inocencia. La imagen de una comunidad autónoma a salvo de los embates de ese fantasma que recorre España, el de la corrupción, se ha diluido de golpe con el denominado caso De Miguel, una supuesta “trama” corrupta ideada por el que fuera el hombre fuerte del PNV en Álava y se sentaba además en la Diputación foral de ese territorio para el cobro de comisiones ilegales: Alfredo de Miguel, Txitxo.
Tras varios años de investigación, después de que la denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, acudiera a finales de 2009 a la Fiscalía pertrechada de documentación y hasta 24 grabaciones en las que se detallaban cómo operaban los implicados en esta trama, el juez y el fiscal han llegado a una misma conclusión.
El juez instructor, Roberto Ramos, consideró “indiciariamente acreditado” que en este caso existió una “trama organizada en torno a Alfredo de Miguel”, quien con la ayuda de otros imputados, “lideró un entramado societario” dirigido a “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas” de “diferentes administraciones o entes gobernados por el PNV llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realizados”. Lo dejó por escrito en su auto de conclusión de las investigaciones hace ahora justo un año.
El fiscal del caso, Josu Izaguirre, en el primer párrafo de su prolijo escrito de acusación contra las 26 personas que de una u otra manera han participado en esta supuesta trama corrupta explica que De Miguel “ideó la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo y que, aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidads políticas y/o administrativas, las pusieron al servicio del plan del señor De Miguel para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas.
Y en las 128 páginas, Izaguirre disecciona con precisión el entramado societario y las supuestas conductas corruptas que le llevan a pedir más de 54 años de cárcel para de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Ni el fiscal, ni el juez han podido acreditar a lo largo de la investigación y los más de 21.000 folios de los que consta el sumario, desvío de dinero a las arcas del partido, comandado entonces en Álava por Iñaki Gerenabarrena.
En la primera entrevista que concedió el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a este medio, realizada en septiembre de 2014, el superior jerárquico de Izaguirre aseguró sin tapujos que en “Euskadi hay casos de corrupción y los ha habido y condenas y gente en prisión, y los hay”. Motivo por el cual reivindicó ante el Consejo Fiscal reunido en Bilbao tres días después de la publicación de esa entrevista la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi. Una propuesta que fue aprobada tanto por el Parlamento vasco como por el Consejo Fiscal, “con el entonces Fiscal General a la cabeza”, según recordó meses después el propio Calparsoro, pero que todavía no ha visto la luz.
Para entonces la instrucción de este caso de corrupción a la vasca estaba prácticamente terminada. Y los hitos políticos que habían hecho tambalear internamente a un entonces PNV enfrentado internamente y con las dos almas a flor de piel, la soberanista de Joseba Egibar y la contemporizadora del entonces presidente del partido y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, ya eran cosa del pasado. Y ya nadie recordaba que el PNV se abstuvo en la votación que dio luz verde a la creación de la comisión de investigación parlamentaria en la Cámara vasca. Y que se empleó a fondo en ese foro político como una auténtica 'guardia de corps' frente a lo que consideraban una caza de brujas de su gente. Llegó a comparar los trabajos de la comisión y el dictamen con “un juicio sumarísimo” del franquismo“. Para la posteridad queda la foto de un todopoderoso Joseba Egibar abrazando a Txitxo De Miguel a su llegada al Parlamento para testificar. Y el voto negativo´del grupo peneuvista al dictamen finalmente aprobado en la comisión de investigación.
El PNV ha repetido hasta la saciedad -lo hizo el viernes de nuevo tras conocerse el escrito de la Fiscalía- que actuó “con celeridad, transparencia y determinación, tanto en su responsabilidad al frente de la Diputación Foral de Araba como en el seno del propio partido. Ya en aquel momento, las personas del PNV vinculadas a este caso abandonaron todas las responsabilidades que ostentaban, ya fueran públicas o internas, e hicieron entrega de forma voluntaria de su carné de afiliación”. Y es cierto ... a medias. Fue ejemplar el entonces diputado general de Álava, el también peneuvista, Xabier Agirre despojando de su cargo de diputado foral de Administración Local a De Miguel, tras ser detenido en marzo de 2010, solo 48 horas después. “Pueden llorar en mi hombro, pero la Diputación es sagrada”, les espetó gráficamente Agirre. Y lo fue también el entonces presidente del EBB (Ejecutiva nacional), Íñigo Urkullu, quien el 24 de julio de 2010, declaró, refiriéndose a los detenidos: “no actuar con transparencia, con limpieza significa situarse fuera del partido”.
Pero esa “entrega voluntaria del carné de afiliación” a la que hace mención la nota oficial del EBB del viernes simplemente no fue ni mucho menos tan pacífica como se da a entender en el partido. Urkullu pidió que entregaran los carnés en el verano de 2010, pero los tres burukides tardaron más de seis meses en dejarlos en la sede. El 22 de enero de 2011 entregaron los carnés, casualmente después de haberse reunido la víspera con Joseba Egibar quien, presumiblemente, les hizo ver que no había otra salida. Ese mismo día difundieron un comunicado firmado por De Miguel y los otros dos dirigentes alaveses supuestamente implicados también en la trama corrupta -Aitor Telleria y Koldo Ochandiano- en el que aseguraban: “Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.
Cinco años después, De Miguel, en esta ocasión solo, acaba de salir a la palestra para reafirmar su “absoluta inocencia”, y ha acusado a la Fiscalía de Álava de protagonizar una “estrategia perversa” llena de “fabulaciones” al no haber presentado “prueba” alguna en su contra. En esa estrategia parece no estar solo porque la dirección nacional de su expartido también cuestionó la labor del fiscal Izaguirre al reclamar que “se extreme al máximo el rigor procesal y las garantías de un juicio justo” “dados los antecedentes del fiscal que las ha pedido”, lo que no deja de ser un cuestionamiento del trabajo realizado por el fiscal Izaguirre. Fiscal que, por cierto, ha consultado el caso con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado antes de presentar su escrito de calificación esta semana.
Ahora toca esperar. Y, desde la presunción de inocencia que tienen los 26 acusados por su supuesta participación en esta trama de corrupción, que el resto de escritos se presenten en tiempo y forma y la causa llegue a juicio. Algo que no se producirá este año, según coinciden en afirmar todas las fuentes consultadas.
