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Euskadi alza la voz contra el PP con una declaración institucional en defensa del cumplimiento íntegro del Estatuto

El Gobierno vasco critica el “desleal intento de instrumentalizar el Senado para frenar el proceso autonómico de Euskadi e impedir la realización de las transferencias aún pendientes” 

Urkullu censura el inmovilismo de EH Bildu, que "frustra" mejoras en Euskadi

De izquierda a derecha, Tapia, Erkoreka y el lehendakari Urkullu EFE

El Gobierno vasco del PNV y del PSE-EE ha aprobado en su reunión semanal una dura declaración institucional en la que denuncia el “desleal intento de instrumentalizar el Senado, precisamente la denominada Cámara de representación territorial”, para “frenar el proceso autonómico de Euskadi e impedir la realización de las transferencias aún pendientes” desde hace cuatro décadas. Responde así el Ejecutivo de Iñigo Urkullu a la moción aprobada la pasada semana en la Cámara Alta merced a la mayoría absoluta del PP y el apoyo de otros grupos minoritarios en la que se censuraba el calendario aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para transferir 33 de las 37 competencias pendientes del Estatuto de 1979, lo que se consideró un intento de desmantelar el Estado.

Según se remarca en el texto, al que ha dado lectura en algunos de sus extractos el consejero-portavoz, Josu Erkoreka, el Estatuto no sólo es un “pacto de convivencia” entre vascos aprobado en referéndum, sino que forma parte del bloque constitucional de España en tanto que es una “ley orgánica” validada por las Cortes Generales. Respecto a las competencias pendientes de transferir, el Gobierno ha querido “desmentir rotundamente” que responda a una “lectura exclusivamente nacionalista” del Estatuto, como denuncia el PP y la moción del Senado. De hecho, ha ironizado que hay otras regiones con esas competencias ya cedidas y que no son sospechosas precisamente de ser abertzales.

El Gobierno de Urkullu ha querido subrayar que la lista de materias pendientes de cesión se elaboró en 1993 (el denominado ‘informe Zubia’) y que el catálogo fue refrendado por “amplísima mayoría” en el Parlamento Vasco, “en la que se incluía el grupo parlamentario del PP”. “¿Qué ha ocurrido entre 1993 y 2019 para que el PP se desmarque tan ostensiblemente de una lectura compartida del Estatuto que suscribió sin reservas ni recelos?”, se pregunta el Ejecutivo.

El portavoz Erkoreka, a preguntas de los periodistas, ha añadido que aquella adhesión del PP fue "entusiástica" e incluso "ardiente. Ha recordado también los discursos del portavoz 'popular' en aquellos años, Leopoldo Barreda, a quien se ha referido en todo momento como "Leopoldo Ezequiel María Barreda de los Ríos". No es la primera vez que lo hace.

Euskadi reconoce que el Estatuto vasco es “singular” y que prevé que la comunidad autónoma vasca asuma poderes que no tiene ninguna otra. Sin embargo, destaca que el punto que más polémica ha suscitado del cronograma del Gobierno de Sánchez, el traspaso de Prisiones, ya que se llevó a cabo en Cataluña. "In claris non fit interpretatio", ha dicho en latín Erkoreka, dejando claro que en ese punto la normativa no es interpretable, sino que se cumple o se incumple.

En el Gobierno autonómico ha molestado especialmente que el PP haya cuestionado que, tras la transferencia, los funcionarios penitenciarios puedan condicionar la política llevada a cabo con los presos de ETA. “La insinuación de que estas personas no podrían desarrollar con objetividad y profesionalidad las funciones asignadas al funcionariado de Prisiones constituye una falta de respeto gratuita e injustificada”, se puede leer en el documento.

Se refería, por ejemplo, a las palabras de la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, en una entrevista con este periódico. "Aunque las decisiones últimas las adopta el juez, es cierto que se basan en informes de los trabajadores de los centros penitenciarios. Y esas personas pasarían a depender del Gobierno vasco. Y algunas serían nombradas directamente por el PNV, que se ha pronunciado claramente a favor del acercamiento y la progresión de grados sin que condenen el terrorismo. No es un 'no' a la transferencia, pero no se dan las condiciones para que el PNV gestione esta competencia", manifestó la 'número dos' de Alfonso Alonso. 

¿Y espera el Gobierno una rectificación del PP? "¿Del PP vasco? ¿Otra actitud? No en función de lo que están dando a entender últimamente", ha terciado el portavoz. El propio lehendakari acusó el pasado viernes a los 'populares' de una posible "prevaricación", un delito tipificado en el Código Penal. 

El Gobierno de PNV y PSE-EE niega también y “categóricamente” que el cumplimiento del Estatuto sea “fuente de desigualdades” con otros territorios de España. “Sostenerlo supondría demoler el modelo autonómico”, defiende Euskadi, que cita incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido. Y añade: “El Gobierno vasco no ignora ni desprecia los mecanismos de cooperación, colaboración, coordinación y solidaridad territorial previstos en el ordenamiento jurídico”. Antes al contrario, viene participando regularmente en el dispositivo orgánico previsto en las leyes para hacer efectiva la cooperación interterritorial en el marco del Estado autonómico”.

La declaración institucional se cierra “invitando” al Gobierno central “a seguir avanzando firme y comprometidamente en la materialización del calendario de traspasos recientemente elaborado”. Se da la circunstancia de que será imposible completarlo hasta el final en tanto que el grueso de las transferencias, incluida la de Prisiones, estaban previstas de aquí a 2020, previsión que se llevará por delante la disolución de las Cortes Generales para celebrar elecciones el 28 de abril. En puridad, sólo será posible completar el primero de los tres bloques previstos, que supondría el traspaso de 7 de las 33 materias del calendario. Se trata de cuestiones menores excepto la transferencia de los servicios de Cercanías de Renfe y Feve.

"Si es posible hincar el diente al segundo bloque, por supuesto que lo intentaríamos", ha remarcado Erkoreka, si bien ha preferido por dejar claro que la prioridad es terminar de manera satisfactoria los trabajos de la primera parte.  En cuanto a la Seguridad Social, el Estatuto de 1979 prevé que Euskadi gestione el “régimen económico” siempre que no se trocee la denominada ‘caja única’. En este caso, no hay precedentes de gestión autonómica. La complejidad de esta materia la dejó fuera incluso del calendario propuesto por Sánchez y acordado con el Ejecutivo de Urkullu. La declaración institucional no menciona este punto.

En medio de este debate, Euskadi tiene aparcada la reforma del Estatuto al menos hasta después de la doble campaña electoral. PNV y EH Bildu acordaron el pasado año un texto con acento soberanista para superar el modelo actual.

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