Euskadi aspira a declararse territorio libre de desahucios

Desde hace un año y a instancias de la plataforma Stop Desahucios, ayuntamientos con sus alcaldes a la cabeza han suspendido subastas y desahucios. Es el caso de Donostia, Eibar, Errenteria en la anterior legislatura y recientemente el de Lasarte. Todos ellos en Gipuzkoa. Ahora, Stop Desahucios pretende ir más allá y lograr que Euskadi se declare territorio libre de desahucios. Un título simbólico, pero que representa toda una declaración de intenciones. La plataforma confía en que exigencia social y ciudadana sea materializada con la aprobación de una moción en los plenos de septiembre y octubre de los principales ayuntamientos y en las Juntas Generales de las tres provincias. La moción ya cuenta con el respaldo de todos los partidos. Tan solo PNV y PP no se han pronunciado aún de una manera expresa.

“Las miles de familias y sus avalistas con problemas derivados de la crisis financiera que no pueden pagar las hipotecas demandan medidas de defensa por parte de las instituciones frente a la estafa financiera, para evitar el desahucio de sus viviendas habituales y la de sus avalistas”, resaltan desde Stop Desahucios. Los últimos datos publicados por el Gobierno vasco de este semestre certifican un incremento en el número de ejecuciones hipotecarias respecto al mismo periodo del 2014.

Stop Desahucios ya elaboró en marzo pasado un decálogo de medidas básicas de lucha contra las ejecuciones hipotecarias al que se han adherido EH Bildu, PSE, Podemos, Ezker Anitza, Equo y UPyD, la mayoría sindical, asociaciones de jubilados y otras plataformas sociales.

Las mociones que se han presentado ahora desarrollan el punto décimo de ese decálogo, que exige a los ayuntamientos y los tres territorios se declaren libres de desahucios. Para ello, la institución debe adoptar medios y recursos para “intermediar con las entidades financieras que eviten que se presenten ejecuciones hipotecarias y paralizar las ya existentes con subasta o lanzamientos fijados sobre viviendas habituales de deudores de buena fe”. Además, reclama a los juzgados que comuniquen la existencia de las subastas sobre colectivos vulnerables y solicita que en ningún caso se autorice a la policía municipal y a los bomberos a participar en el desalojo de una vivienda. También reclama un retén de viviendas disponibles para reubicar a los desalojados y realizar un inventario de viviendas vacías, sobre todo, las que se encuentran en manos de las entidades financieras y sus inmobiliarias. En caso de que los bancos no accedan a ello, la moción aboga dejar de trabajar con ellos.